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Un duro informe de Human Rights Watch criticó la gestión del secretario de Derechos Humanos de la Argentina

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La intervención de Horacio Pietragalla en Formosa “no priorizó los derechos de las víctimas ni documentó las violaciones de derechos durante protestas”, dice el reporte. Además, recomendó al Presidente designar al titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, un órgano independiente del Ejecutivo

El gobierno de Formosa, a cargo de Gildo Insfrán, utilizó “medidas frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del COVID-19″, indicó un informe de Human Rights Watch y la Universidad John Hopkins, la institución académica que se convirtió en una referencia mundial durante la pandemia. En un documento donde analiza las denuncias a la gestión sanitaria, las organizaciones cuestionaron también al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, por no llevar adelante una inspección exhaustiva en los centros de aislamiento y porque “no priorizó los derechos de las víctimas” en la represión de las protestas sociales.

Las entidades civiles norteamericanas corroboraron que más de 24 mil personas fueron obligadas a permanecer confinadas en circunstancias que “podrían considerarse detenciones arbitrarias”. La conclusión surge de un relevamiento que realizó Human Rights Watch entre enero y marzo de 2021, con 45 entrevistas telefónicas. De ese grupo, 30 personas estuvieron confinadas en centros de aislamiento o cuarentena, mientras que el resto fueron médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejalas. Según esos testimonios recogidos, la mayoría “temía sufrir represalias”.

En términos generales, Human Rights Watch cuestionó que el gobierno formoseño haya “restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia, habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el COVID-19 y, durante meses, limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”.

El texto no solo cuestionó a la administración de Gildo Insfrán. Las críticas salpicaron también al gobierno nacional, en particular al secretario Horacio Pietragalla, luego de que decidiera intervenir tras las protestas que culminaron con represión en rechazo a la vuelta a la Fase 1 en Formosa, ante el aumento de los casos de coronavirus.

La respuesta de la secretaría no priorizó los derechos de las víctimas ni se centró en su rol principal de documentar las violaciones de derechos humanos durante protestas mayormente pacíficas”, señalaron Human Rights Watch y los centros de la Universidad Johns Hopkins.

La represión en Formosa contra las protestas en rechazo a la vuelta a la Fase 1. La represión en Formosa contra las protestas en rechazo a la vuelta a la Fase 1.

El rol de Pietragalla y los abusos policiales

El texto repasa los distintos derechos que se vieron afectados en Formosa, como la vulneración a la libertad de prensa y el uso de la violencia policial para aplacar movilizaciones opositoras. En particular, se recuerda el impedimento de los periodistas de informar y entrar a la provincia, la aplicación de una “fuerza excesiva contra las personas que protestaron” por las restricciones excesivas por el COVID-19, entre las que se incluyó la detención y el procesamiento penal.

El informe señala que “ciertos derechos básicos, tales como el derecho a no sufrir tratos crueles o inhumanos, no pueden ser restringidos ni siquiera en períodos de emergencia”. “Las restricciones de otros derechos, como el derecho a la libertad y la libertad de circulación, expresión y asociación, podrían resultar permisibles en un contexto de emergencia de salud pública como el que supone una pandemia, pero deben tener un claro fundamento legal, ser estrictamente necesarias y proporcionadas para el objetivo de salud pública que se persigue, tener una duración limitada, estar sujetas a revisión, y su aplicación en la práctica no puede ser arbitraria ni discriminatoria”, resaltan Human Rights Watch y la Universidad John Hopkins.

Los representantes de la ONG norteamericana indicaron que se reunieron el 15 de marzo con el secretario de DDHH, Horacio Pietragalla, para conocer las medidas que se tomaron desde su órbita. Además, solicitaron información al gobierno local y la Procuraduría General de la Nación.

La reunión de Horacio Pietragalla y el gobernador de Formosa Gildo Insfrán. La reunión de Horacio Pietragalla y el gobernador de Formosa Gildo Insfrán.

El balance de esa intervención de Pietragalla fue muy crítico. Según la visión oficial, la Secretaría de Derechos Humanos registró “problemas puntuales” relativos al acceso a información sobre salud y a la reunificación familiar, así como casos de brutalidad policial contra miembros de comunidades indígenas. Sin embargo, para Human Rights Watch, la oficina de Pietragalla “solamente visitó la ciudad capital de Formosa y no se trasladó hasta Clorinda”, una de las ciudades donde se implementó uno de los bloqueos sanitarios más duros de la cuarentena formoseña.

En total, de acuerdo a la información oficial, había 188 centros de aislamiento y cuarentena en la provincia. “El equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solamente visitó 4 centros y entrevistó a personas que estaban confinadas en dos. En el Estadio Cincuentenario, el centro más grande, entrevistaron a personas encargadas de la atención sanitaria del lugar, pero no a individuos confinados allí”, deslizó la ONG.

En ese descargo que hizo el secretario de DDHH, el funcionario informó que su rol fue “promover un diálogo entre las autoridades sanitarias nacionales y provinciales”, lo que contribuyó a que “el gobierno de Formosa adoptara nuevos protocolos en febrero, así como al cierre del Estadio Cincuentenario”.

“Estas medidas positivas sólo podrán contener la propagación del Covid-19 y contribuir a proteger los derechos humanos si se implementan de manera adecuada, pero las evidencias recolectadas por Human Rights Watch y los centros de la Universidad Johns Hopkins indican que siguieron produciéndose abusos”, planteó el comunicado de la ONG.

Además, se recordó el polémico pronunciamiento de Pietragalla que condenó la “violencia ejercida por integrantes de la policía”, en el que apuntó también a la “campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos”. “El secretario de Derechos Humanos de Argentina es el principal funcionario de derechos humanos cuya misión es promover y proteger los derechos humanos en todo el país, pero su institución depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, por ende, no es independiente del Poder Ejecutivo”, resaltó la entidad civil.

Frente a esos hechos, Human Rights Watch recomendó al presidente Alberto Fernández que avance en la designación del titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, un órgano cuya estructura es autónoma del Gobierno nacional que podría “documentar y denunciar abusos” que afectan a los derechos de las personas. Ese cargo está vacante desde 2013 y requiere de una mayoría especial en el Congreso.

Los centros de aislamiento

Una de las críticas centrales apuntó a que las autoridades de Formosa mantuvieron a personas recluidas, con resultados positivos de covid-19, junto con otras que contaban con resultados negativos o que seguían esperando los resultados de sus exámenes. “En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social. En algunos centros no había ventilación adecuada, y, en ocasiones, las autoridades no brindaron atención médica adecuada a quienes se encontraban allí”, apuntaron.

Además, el reporte recuerda que los “centros de atención sanitaria” o de aislamiento “se crearon para individuos con un resultado positivo y síntomas leves o que son asintomáticos”. En el caso de Formosa, estos establecimientos impedían salir a las personas que estaban “bajo constante vigilancia policial, y, en algunos casos, fueron encerradas en sus habitaciones”.

También se mezclaba a las personas que compartían habitaciones y espacios comunes, incluidos baños. “Las autoridades también mezclaban en las mismas habitaciones a personas que llegaron en distintas fechas y no tomaban en cuenta su edad, género, estado de salud y otros factores de riesgo”, indicaron.

Human Rights Watch tuvo acceso a un formulario titulado “Consentimiento informado y previo” para casos positivos que se estableció en el Estadio Cincuentenario. El formulario indicaba que el gobierno se “eximía” de responsabilidad por lo que pudiera sucederles a las personas allí retenidas. Por su carácter obligatorio, la disposición implicaba una “privación de la libertad”.

Los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al COVID-19″, expresó Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los centros de la Universidad Johns Hopkins. “Aislar a ciudades enteras puede generar más problemas que beneficios para la salud en el largo plazo”, completó.

El caso de Clorinda

El documento de la entidad norteamericana de derechos humanos señala como hecho testigo de la dureza de las restricciones el caso de Zunilda Gómez, de 33 años, quien cursaba el tercer mes de embarazo de su cuarto hijo cuando, el 19 de diciembre, la policía se llevó a su familia de su vivienda en la ciudad de Clorinda. Las autoridades terminaron encerrando a la mujer y a sus tres hijos, de 12, ocho y cinco años, en una habitación de hotel. El 5 de enero, Gómez pidió ayuda y fue trasladada a un hospital: había sufrido un aborto espontáneo. Sus hijos permanecieron aislados en el hotel hasta el día siguiente.

Su esposo, que fue trasladado a un centro de aislamiento a 120 kilómetros de distancia tras resultar positivo, se enteró de la pérdida del embarazo cuando lo llamó un familiar.

Entre agosto de 2020 y marzo de 2021, las autoridades formoseñas impusieron en Clorinda un “bloqueo sanitario”, donde suspendieron el transporte público y exigieron que todos quienes pretendieran salir de la ciudad presentaran una prueba negativa de covid-19 y obtuvieran autorización de la policía, lo que impidió la posibilidad de una atención médica adecuada, ya que los tratamientos son escasos en la ciudad.

CORONAVIRUS-FORMOSA-CIRCULACIÓN

El gobierno de Formosa dispuso hoy restringir la circulación interurbana ante el aumento de los casos de coronavirus en localidades del oeste provincial y la fronteriza ciudad de Clorinda, por lo que monitorean la situación en distintos puntos de la provincia, ya que en el departamento Matacos se estableció un bloqueo sanitario y la vuelta a Fase 1, de aislamiento social. (Télam)CORONAVIRUS-FORMOSA-CIRCULACIÓN El gobierno de Formosa dispuso hoy restringir la circulación interurbana ante el aumento de los casos de coronavirus en localidades del oeste provincial y la fronteriza ciudad de Clorinda, por lo que monitorean la situación en distintos puntos de la provincia, ya que en el departamento Matacos se estableció un bloqueo sanitario y la vuelta a Fase 1, de aislamiento social.
fuente :(Télam)

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CÓMO ES LA DISPUTA INTERNA EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL POR EL DESTINO DE 128.000 PLANES SOCIALES

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Las tensiones surgen en torno a los beneficiarios que solicitaron cambiar el lugar donde cumplen sus tareas. La guerra silenciosa entre el ministro Juan Zabaleta y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, del Movimiento Evita.

La disputa por los programas sociales, como el Potenciar Trabajo, destinados a los sectores más vulnerables, abrió una disputa pública dentro del gobierno del Frente de Todos; pero también una más silenciosa, pero no menos tensa, dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Así como la primera generó tensión entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández; la segunda se desarrolla entre el ministro Juan Zabaleta y su secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, uno de los máximos referentes del Movimiento Evita. Hacia él fueron dirigidas las críticas de la Vicepresidente cuando habló sobre la “tercerización” de la política social.

La discrepancia entre el dirigente social y el intendente en uso de licencia de Hurlingham es por el destino que se les dará a los beneficiarios del Potenciar Trabajo que solicitaron cambiar de Unidad de Gestión (UG), es decir el lugar dónde deben desarrollar sus tareas.

Zabaleta decidió que el lugar de traslado será a las intendencias, sobre todo del conurbano, por el lugar de residencia de la mayoría de los beneficiarios, y las gobernaciones. Pérsico, en cambio, no está de acuerdo, sostiene que es darle “mano de obra barata a los intendente” y aspira, que como viene ocurriendo, sean reubicados en las UG que pertenecen al Evita, o a otra organización vinculada con el albertismo, como podría ser Somos Barrios de Pie, que lidera Daniel Menéndez el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo local.

Desde el 29 de diciembre a junio más de 188 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo solicitaron cambiar de lugar dónde cumplen sus tareasDesde el 29 de diciembre a junio más de 188 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo solicitaron cambiar de lugar dónde cumplen sus tareas

Hay una lectura política detrás de la postura de Pérsico. Los movimientos sociales albertistas ya anunciaron la decisión de crear un espacio político propio para, dentro del Frente de Todos, competir en las elecciones de 2023. El principal objetivo es dirimir en las PASO las candidaturas a intendentes y concejales de los principales distritos del conurbano.

Un solo ejemplo, en La Matanza quien ya esta “caminando” el distrito para una eventual interna es la diputada provincial Patricia Cubría, la compañera de Emilio Pérsico y madre de su hijo Néstor.

Los intendentes, pesos pesados en esta jugada, presionan desde hace tiempo para que se le quite poder a las organizaciones populares y “les manden a la gente del Potenciar” (sic). Hay alcaldes de mucho poder territorial que le han dicho a Infobae que “los movimientos sociales están muy extorsivos”.

La posición política de los intendentes es compartida por los gobernadores del PJ y por La Cámpora, la agrupación que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner. También por Cristina Fernández quien lo hizo público y desato polvareda.

La diputada provincial Patricia Cubría, compañera y madre de Néstor, hijo de Emilio Pérsico quiere disputarle la intendencia de La Matanza a Fernando EspinozaLa diputada provincial Patricia Cubría, compañera y madre de Néstor, hijo de Emilio Pérsico quiere disputarle la intendencia de La Matanza a Fernando Espinoza

La Cámpora y el Movimiento Evita compiten en el mismo territorio. De hecho, el hijo de la Vicepresidenta, desde el PJ bonaerense, presionó con fuerza para que en las PASO de 2019 se “bajaran” las boletas cortas que había armado en varias intendencias Pérsico, Menéndez y el diputado nacional Juan Carlos Alderete, el líder de la Corriente Clasista y Combativa.

¿Las marchas, movilizaciones y piquetes se nutren solo de beneficiarios del Potenciar Trabajo, que en total suman más de 1.200.000? No, pero son muchos, y quienes los contiene aumenta su caudal político.

Limitar a la economía popular al Potenciar Trabajo es no entender un fenómeno mundial: trabajadores informales que, ante la falta de empleo, “inventaron” su propio sustento y que va desde la venta ambulante, a las huertas comunitarias, pasando por el reciclado de cartón hasta una carpintería o un emprendimiento gastronómico o textil.

En el país los primeros que lo comprendieron fueron Pérsico y Juan Grabois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). De hecho, en 2015, ambos publicaron un libro titulado “Trabajo y organización en la economía popular”. El primer párrafo de la introducción ya describe la situación que en siete años se profundizó: “El trabajo asalariado ha dejado de ser la relación social predominante del sistema capitalista. La globalización excluyente ha llevado la injusticia social a tal extremo que ser explotado en las condiciones legales vigentes parece ser un verdadero privilegio. Las conquistas del movimiento obrero son casi piezas de museo, patrimonio de una porción cada vez más pequeña de la clase trabajadora (…) No viven de ‘la magra asistencia’. Nuestros compañeros se inventaron su propio trabajo”.

Es por esta nueva fuerza laboral, por este nuevo actor social, que hoy en día se dirime la pelea política dentro del oficialismo. Es esa la discusión que planteó Cristina Fernández desde el auditorio que le brindó la CTA de Hugo Yasky en Avellaneda.

Cristina Fernández habló sobre la "tercerización" de las políticas sociales y desató controversia (Franco Fafasuli)Cristina Fernández habló sobre la “tercerización” de las políticas sociales y desató controversia (Franco Fafasuli)

El poder de la Unidades de Gestión

La mayoría de las UG pertenecen a organizaciones de la economía popular, piqueteras, cooperativas, pequeñas y medianas empresas; también hay UG en intendencias, gobernaciones, iglesias, sindicatos y, organizaciones sin fines de lucro, como clubes de barrios .

Para ser beneficiario del Potenciar Trabajo, se debe realizar una contraprestación de 20 horas semanales a través de una Unidad de Gestión. El haber es el 50% del salario mínimo vital y móvil (SMVM).

Son las UG las que anotan en una planilla a los candidatos que después serán dados de alta por el Ministerio de Desarrollo Social, si estos cumplen con todos los requisitos.

Este punto es clave porque aquí radica la dependencia del beneficiario de la organización social. La UG es quien reporta si el trabajador cumple con sus tareas. Y en caso de tener varios informes negativos, como la supuesta no asistencia al lugar de tareas, el Ministerio le puede dar de baja.

Las marchas a favor y en contra del Gobierno organizadas por piqueteros o movimientos sociales están colmadas por beneficiarios del Potenciar Trabajo. Así como los intendentes o sindicatos les dan “permiso” o “asueto” a sus empleados para asistir a un acto político, las organizaciones sociales hacen lo mismo. El presente no se da en la Unidad de Gestión sino en la marcha. Por esa razón, se retrató varias veces a los dirigentes “tomando lista” desde una planilla.

Vaciar de beneficiarios de Potenciar Trabajo a piqueteros y movimientos sociales es debilitar también su poder de fuego en las calles y por lo tanto trasladarlo a otro actor político.

El movimiento Evita ya planea una nueva marcha en favor de Alberto Fernández. Será el 7 de agosto, día de San Cayetano (Franco Fafasuli)El movimiento Evita ya planea una nueva marcha en favor de Alberto Fernández. Será el 7 de agosto, día de San Cayetano (Franco Fafasuli)

“Extorsión y exigencia para ir a las marchas”

El 29 de diciembre de 2021, Juan Zabaleta firmó una resolución que permitía a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo pasarse de una UG a otra. Antes eso no se podía hacer. Pero el cambio de lugar no es arbitrario, Desarrollo Social es quien digita hacía qué UG será redireccionado el beneficiario. Zabaleta tomó la decisión de sacárselos a los movimientos sociales y piqueteros y enviárselos a alcaldes y gobernadores.

Desde la implementación de la nueva modalidad hasta este mes de junio, 188.222 personas pidieron cambiar de UG invocando distintos motivos: mudarse del lugar de residencia; sufrir “abusos”, “amenazas”, “extorsiones”; o el “cobro compulsivo” de un porcentaje de los honorarios que reciben del Estado, por parte de las organizaciones a las que pertenecen.

Este movimiento fue paulatino, no ocurrió de un día para el otro, ni siquiera coincidió con las críticas que Cristina Kirchner realizó sobre los programas sociales y sus cuestionamientos al Movimiento Evita.

De hecho, de ese total hasta ahora se efectivizó el 30%, esto es alrededor de 60.000; el resto se irá “reasignando” a medida que se evalúen las necesidades de cada beneficiario.

Allegados a Zabaleta, sostienen que la mayoría de esas personas ya fueron derivadas a las Unidades de Gestión de intendencias del conurbano. Pérsico, afirma que no es así. Más allá de esa discrepancia, en términos objetivos hay 128.222 personas que, según la decisión de Zabaleta, y contrario a la opinión del líder del Evita, sí dejaran de estar bajo la órbita de organizaciones sociales y piqueteras.

En diálogo con este medio, funcionarios allegados al intendente en uso le licencia de Hurlingham recuerdan que el Ministerio ya firmó convenio para que beneficiarios del Potenciar Trabajo cumplan sus tareas en el programa Mejor Barrio, un proyecto que apunta a la construcción de 400 playones deportivos y circuitos aeróbicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida comunitaria en ciudades de toda la Argentina, y que también esta bajo la órbita de las intendencias.

También con la UOCRA y las cámaras del sector de la construcción para la implementación del Programa “Construir Trabajo e Igualdad” y entre otros, con la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), para la implementación de acciones “Potenciar Empleo”, que apunta a generar los incentivos para acelerar la incorporación de titulares del programa al empleo asalariado registrado en el sector privado.

Mientras esto ocurre, el Movimiento Evita, la CCC y Somos Barrios de Pie, ya están organizando una masiva movilización en apoyo a Alberto Fernández. Será durante la marcha de San Cayetano, el próximo 7 de agosto.

Ayer, desde el Puente Pueyrredón, en Avellaneda, en el marco de la conmemoración por los 20 años del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular, Gildo Onorato dijo: “Hoy los movimientos populares afrontamos la desigualdad en todos los planos” y después de enumerar todas las actividades de las que se hacen cargo, trabajo, salud, infraestructura, afirma: “Por eso, los movimientos populares somos importantes, porque esta democracia moribunda no reconoce a los trabajos y los esfuerzos del pueblo humilde. Una definición que parece estar dirigida hacia la crítica de Cristina de Kirchner, pero también hacia la interna del Frente de Todos y los espacios de poder que desde los sectores populares se están disputando.

 

 

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POTENCIAR TRABAJO: LA CAUSA QUE INVESTIGA MANIOBRAS IRREGULARES EN EL POLO OBRERO PODRÍA SALPICAR A OTRAS ORGANIZACIONES

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El caso por el presunto cobro del 2% de sus haberes por parte de dirigentes que integran la Unidad Piquetera recayó en la fiscalía federal de Federico Delgado, quien ya solicitó medidas de prueba.

La justicia federal avanza en su investigación contra el Polo Obrero por los posibles hechos de extorsión y amenazas que algunos de sus dirigentes podrían haber realizado contra los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo para quedarse con el 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social. Esto era, hasta el mes pasado, $19.000, unos $273.600.000 anuales si la quita se realiza a las 60.000 personas que trabajan en la Unidades de Gestión que dependen del Polo Obrero.

La denuncia por esos dos presuntos delitos que realizó el fiscal federal Guillermo Marijuan será investigada por Federico Delgado, quien ya solicitó medidas de pruebas. Entre ellas, cuantas Unidades de Gestión -estas son, por ejemplo, cooperativas de trabajo- hay anotadas en el Ministerio de Desarrollo Social a través de las cuales brindan sus servicios los militantes del PO beneficiados con el Potenciar Trabajo.

En su escrito, Marijuan ya había sugerido algunos requerimientos que Delgado puede tomar como propios o no: “Que se libre oficio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y al Ministerio de Desarrollo Social, para que informe qué cantidad de planes de inserción laboral, denominado ‘Potenciar Trabajo’, fueron otorgados a personas vinculadas al Partido Obrero, desde su creación en el año 2020″.

Federico Delgado investiga la denuncia por el presunto delito de "extorsión" que habrían realizado dirigentes sociales al quedarse con el 2% de los haberes cobrados a través del Potenciar TrabajoFederico Delgado investiga la denuncia por el presunto delito de “extorsión” que habrían realizado dirigentes sociales al quedarse con el 2% de los haberes cobrados a través del Potenciar Trabajo

También pidió que se haga saber “si en tales organismos estatales se registran denuncias por pedidos de dinero a los beneficiarios de este plan a cambio de su otorgamiento, y en su caso, si se labraron expedientes administrativos o si se efectuaron las correspondientes denuncias en sede judicial”.

Por último, le reclamó a los “gobernadores de todas las provincias del país, como así también a los intendentes de cada municipio de la provincia de Buenos Aires, que informen si han recibido denuncias, a través de sus órganos de gobierno, en orden a los hechos ilícitos aquí develados”.

En el escrito, el fiscal federal denuncio al legislador porteño Gabriel Solano y a Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero (PO), por los presuntos delitos de amenaza y extorsión porque “obligaban a las personas que reciben el subsidio ‘Potenciar Trabajo’ a hacer un aporte mensual” del 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social.

El Polo Obrero realizó marchas y acampes en la 9 de JulioEl Polo Obrero realizó marchas y acampes en la 9 de Julio

En los fundamentos reproduce las declaraciones periodísticas de Solano, quien aseguró: “En el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan. Ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería”.

En su relato, Marijuan razona que el diputado porteño “admitió que un porcentaje de la asistencia se destinaría a la organización”.

Horas después de ese reconocimiento, y ante una consulta de Infobae, la Mesa Directiva del Polo Obrero, a través de Belliboni, confirmó el hecho. Según su versión, se trata de “un aporte voluntario votado en las asambleas” y que en esas mismas reuniones “se rinde cuentas sistemáticamente sobre los ingresos y gastos y se aprueba colectivamente el destino de los recursos que son de todas y todos los compañeros”.

Ante una consulta de este medio, Belliboni aseguró que las imputaciones que realizó el fiscal federal son “absolutamente falsas ya que ningún dirigente del Partido Obrero ni del Polo Obrero obliga a nadie a aportar a las organizaciones que integran como afirma el fiscal”.

El gobierno tiene decidido no ampliar los programas sociales como exigen los movimientos piqueterosEl gobierno tiene decidido no ampliar los programas sociales como exigen los movimientos piqueteros

El desafío del fiscal Delgado será desmontar estos dichos y probar, a través de testimonios y pruebas documentales, que la quita reconocida por Solano y la Mesa Directiva del Polo Obrero no era voluntaria, que cada uno de los inscriptos en el Potenciar Trabajo prestaban efectivamente sus cuatro horas de tareas en la Unidades de Gestión que declararon ante la secretaría de Desarrollo Social, el área que esta a cargo de Emilio Pérsico (líder además del Movimiento Evita), que está a cargo del Programa Potenciar Trabajo.

La fiscalía de Delgado tendrá una ardua tarea para corroborar este tipo de irregularidades u otras que los dirigentes del Polo Obrero -y quizás de otros movimientos sociales- podrían haber cometido.

Tal como publicó Infobae, desde el 29 de diciembre de 2021, fecha en que el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, aprobó una resolución que habilitaba a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo a pasar de Unidad de Gestión a otra – es el lugar donde desarrollan sus tareas- 188.222 personas (hasta junio pasado) pidieron hacerlo invocando distintos motivos: mudarse del lugar de residencia; sufrir “abusos”, “amenazas”, “extorsiones”; o el “cobro compulsivo” de un porcentaje de los honorarios que reciben del Estado, por parte de las organizaciones a las que pertenecen.

Antes de esa resolución, los beneficiarios del programa social estaban “cautivos” del movimiento social para el cual desarrollaban las cuatro horas de trabajo como contraprestación por el haber que reciben.

Casi la totalidad de reasignaciones, realizadas por Desarrollo Social, fueron derivadas a las Unidades de Gestión que dependen de las intendencias, la mayoría del conurbano bonaerense y gobernaciones. Es decir, dejaron de depender de las organizaciones populares para pasar a depender de las intendencia o los ejecutivos provinciales.

Desde el 29 de diciembre de 2021, el ministerio de Desarrollo Social permite a los beneficiarios del Potenciar Trabajo cambiar de Unidad de Gestión. Más de 188 mil ya decidieron pasarse de las organizaciones piqueteras a intendencias y gobernaciones Desde el 29 de diciembre de 2021, el ministerio de Desarrollo Social permite a los beneficiarios del Potenciar Trabajo cambiar de Unidad de Gestión. Más de 188 mil ya decidieron pasarse de las organizaciones piqueteras a intendencias y gobernaciones

De las 188.222 personas que pidieron abandonar la Unidad de Gestión piquetera, o de otros espacios sociales, 7.700 manifestaron “situaciones de maltrato, irregularidades con las tareas a realizar, exigencia de cobro de una cuota o aporte, amenazas de baja y obligación de ir a marchas o movilizaciones”.

De 7.700, cerca de 900 aseguraron haber recibido algún tipo de amenaza, más de 3.000 expresaron que los piqueteros que manejan las Unidades de Gestión les exigían “un bono o cuota en función de aporte a la organización”; otras 1.400 personas señalaron “presión para asistir a marchas o movilizaciones” y alrededor de 1.700 titulares describieron “maltratos por parte del referente (piquetero o social) o de la organización al solicitar el cambio de Unidad de Gestión”, es decir al querer renunciar al lugar de trabajo que dependía del movimiento popular.

El fiscal Federico Delgado y su equipo de investigadores deberá acreditar si alguna de estas denuncias tiene estado judicial y, de no ser así, si podrán tirar de esos indicios para acreditar si se cometieron delitos.

En los tribunales federales de Comodoro Py entienden que esta causa puede ser una “Caja de Pandora”. Se comienza investigando uno o varios supuestos delitos, se tiene bajo sospecha a determinados dirigentes, pero nadie puede asegurar que a lo largo del proceso alguna víctima revele que otros movimientos sociales, como por ejemplo los que forman parte del Frente de Todos, también realizaron alguna de las supuestas maniobras irregulares. O que los funcionarios que debían controlar, no lo hacían.

La causa judicial que vuelve a poner en el tapete las presuntas maniobras abusivas contra los sectores más vulnerables que suelen ser tomados como rehenes de sus propias necesidades, y las denominadas “cajas políticas, recién comienza, pero ya agita viejos y nuevos fantasmas.

 

 

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LAS DIFERENCIAS ENTRE ALBERTO FERNÁNDEZ Y CRISTINA KIRCHNER COMPLICAN UN ACUERDO CON LOS TRANSPORTISTAS POR LA FALTA DE GASOIL

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Al final del tercer día de protestas en todo el país no hubo convocatoria al diálogo. En la Casa Rosada responsabilizan al área de Energía, controlada por el kirchnerismo. El secretario Darío Martínez justificó el desabastecimiento con la demanda récord y aseguró que trabajan para solucionarlo.

Mientras se prolonga el paro de transportistas como forma de protesta por la falta de gasoil para la producción en varias provincias -ya van por el tercer día-, en el Gobierno crece la preocupación pero aún no hay una respuesta para los productores que denuncian desabastecimiento. Desde el fracaso de la reunión de ayer con Transporte, en la Casa Rosada reina el silencio y apuntan como responsable a la Secretaría de Energía, conducida por Darío Martínez, que responde al kirchnerismo. La falta de respuesta al problema, admiten en Balcarce 50, se debe, en el fondo, a la interna del Frente de Todos, que dificulta el diálogo entre los sectores compartimentados.

Los principales reclamos de los productores son el acceso a un normal abastecimiento de combustible a precios similares a los de ciudad de Buenos Aires y a insumos como neumáticos y repuestos -según denuncian, escasean desde hace meses-; y una actualización de tarifas frente al aumento que vienen registrando los costos de la actividad.

En la tarde del jueves, cuando la protesta se prolongaba hacia el tercer día, en el ministerio de Hacienda de Martín Guzmán, así como en la Presidencia y en la Jefatura de Gabinete, que funcionan bajo el liderazgo de Alberto Fernández, reinaba la reserva, aunque por lo bajo varios funcionarios admitían inquietud. Un importante colaborador del Ejecutivo dijo a Infobae que “sin dudas” registran las largas filas de camiones frenados en largos tramos de rutas nacionales y provinciales en todo el país. Pero la orden, desde la Casa Rosada, es responsabilizar a la secretaría de Energía, controlada por el ala dura del Gobierno.

Mientras tanto, cerca del ministro del área, Alexis Guerrera, señalaron que está previsto, para la semana próxima, un encuentro de la habitual mesa para discutir las tarifas de referencia, donde el Estado actúa como mediador entre las cámaras y los gremios. Pero señalaron, al igual que en Balcarce 50, que el faltante de gasoil es responsabilidad, en última instancia, de Energía.

En el Gobierno responsabilizan al área de Energía, a cargo de Darío Martínez, que depende del Ministerio de Economía de Martín Guzmán En el Gobierno responsabilizan al área de Energía, a cargo de Darío Martínez, que depende del Ministerio de Economía de Martín Guzmán

En ese sector, sin embargo, dijeron “no tener información” ni planes de convocar a una reunión a los transportistas, luego de que fracasara el cónclave previsto para ayer con Transporte. Esta tarde, en diálogo con FM Delta, el secretario Martínez atribuyó el problema al crecimiento de la demanda de gasoil -señaló que creció un 17% en comparación con el año pasado, y que tocó récords históricos de ventas en estaciones de servicio- y aseguró que las principales refinerías argentinas están “trabajando a pleno” y “produciendo el máximo volumen posible de industria nacional, con crudo nacional”.

“Este estrés del mercado hace que existan actores del circuito de comercialización que especulen con el precio”, justificó, y señaló que el Gobierno “está trabajando” con las principales empresas refinadoras del país “para que incrementen el nivel de importación”. Según adelantó, YPF planea incrementar la importación en un 50% comparado al mes de mayo, pasando de 2 a 3 barcos en junio y en julio a 4 barcos. Y remarcó que van a “fortalecer los controles” en los pasos fronterizos con el Ministerio de Seguridad y la Gendarmería. “El conjunto de estas medidas generará una paulatina normalización del abastecimiento en todo el país”, dijo.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, aseguró esta tarde durante una exposición frente a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados que “no va a faltar” el gasoil, atribuyó la crisis a “problemas de logística” y aseguró que en los próximos días ingresarán tres buques con cargas. Pero no hay fechas concretas para ese desembarco, ni garantías sobre las tarifas, y crece la ansiedad entre los productores así como en los ejecutivos de las provincias.

La protesta llegó a la autopista Buenos Aires - La Plata (Télam)La protesta llegó a la autopista Buenos Aires – La Plata (Télam)

El problema que afecta a los productores, reconocieron distintas fuentes oficiales, está atravesado por la pelea entre los dos principales sectores del Frente de Todos, encabezados por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que se traslada al interior de Economía, donde Energía depende de los kirchneristas Martínez y Federico Basualdo, rebeldes ante el liderazgo del ministro Guzmán.

Esta tarde, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada tras reunirse con el Presidente por temas educativos, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dijo que en su distrito -uno de los más afectados por la crisis de abastecimiento- el problema “se está solucionando”. Señaló que no lo había discutido con el primer mandatario en el encuentro previo, pero admitió que “venían conversando con los gobernadores del norte grande y los ministros” sobre la “problemática que afecta a varias provincias, por la falta de abastecimiento en un combustible esencial para la producción”.

Mientras tanto, como dio cuenta Infobae, el paro de transportistas de carga continúa por el faltante de gasoil que afecta a 21 provincias. Los manifestantes siguen apostados en largas filas a los costados de las rutas y por momentos inclusive las bloquean, generando un caos de tránsito. “La orden acá es responsabilizar a Energía”, reveló un vocero del Gobierno en diálogo con Infobae para justificar el silencio oficial, que se mantenía entrada la noche del jueves a pesar del recrudecimiento del reclamo.

Los manifestantes se muestran proclives a discutir, pero aún no fueron convocados por el Gobierno. “Tenemos muy buena predisposición para resolver el conflicto. Solamente necesitamos acceder al gasoil y a los insumos que necesitamos para la actividad, pero también actualizar la tarifa, porque la inflación nos está afectando. Ojalá que los funcionarios tomen conciencia de la gravedad de la situación. Se está parando la producción y la economía, y nos molesta que el Gobierno no nos escuche”, dijeron.

Alberto Fernández viaja al G7 el próximo sábado, y no quiere llegar a Alemania con el conflicto por el gasoil escalado en todo el país. Para el Presidente sería muy difícil de explicar a los líderes mundiales en Munich que la Argentina puede proveer hidrocarburos para reemplazar la oferta rusa, mientras que en su país pararon los transportistas por falta de combustible para la producción.

 

 

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