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Politica

LEGALMENTE LO CONSIDERAN UN ABUSO

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Según los especialistas atenta contra derechos consagrados en la Constitución Nacional y legisla por medio de un DNU sobre materia penal, algo expresamente prohibido

“Si el Gobierno se constituye juez del abuso, ha dicho un filósofo, no tardaría en constituirse juez del uso, y toda verdadera idea de propiedad y libertad sería perdida”, dice una cita cuya autoría se atribuye al pensador francés Guillaume Thomas François Raynal y que Dalmacio Vélez Sarsfield introdujo como nota a uno de los artículos del viejo Código Civil. El texto alerta sobre el riesgo que corren la propiedad y la libertad cuando el Estado pretende regular el uso que hacen de estos derechos los ciudadanos, bajo el pretexto de cuidar a la sociedad. Con la excusa de encarar una acción preventiva contra la posibilidad de contagio del coronavirus el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto de necesidad y urgencia que prohíbe las reuniones sociales, pero no sólo eso, dispone como un deber determinadas conductas dentro del ámbito de la privacidad avanzando de esta manera sobre libertades y derechos que gozan de protección constitucional.

Es así que la mencionada norma en su artículo 5to. establece reglas de conducta que deben observar los ciudadanos durante la vigencia del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”. Dice la norma que “las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional.” Nótese que el texto del decreto dice “deberán”, es decir, no se trata de una recomendación o sugerencia sino de una disposición de carácter imperativo. Especialistas en Derecho Constitucional han alertado sobre la gravedad de esto.

Consultado por Infobae, el constitucionalista Félix Lonigro afirmó que “el decreto en la parte en que se prohíben las reuniones sociales en los domicilios es escandaloso desde el punto de vista jurídico. Es grotesco, es arbitrario”. Y agregó que “se ha sobrepasado un límite que hace mucho tiempo no se sobrepasaba.”

“Todos los derechos son susceptibles de ser restringidos pero para que esa restricción sea válida tiene que haber una ley y además tiene que haber razonabilidad en la restricción. La restricción de un derecho a medida que va pasando el tiempo lo va tornando irrazonable”, sostuvo Lonigro. “Acá lo que ha pasado es que no hubo principio de legalidad al comienzo de la cuarentena, no lo hay ahora, y eso que el Congreso comenzó a funcionar, y seguimos con DNU. Allí ya la falta del principio de legalidad que antes se podía justificar ahora ya no se puede justificar. Pero ahora entran en escena violaciones a la intimidad. Lo que se está restringiendo es el derecho a la intimidad, vale decir, qué es lo que se puede o no puede hacer dentro de su propio domicilio. Directamente se nos metieron en casa”, alertó el especialista. Además advirtió que el gobierno con todos esos decretos de extensión de la cuarentena está incurriendo en una costumbre normativa que preocupa en la etapa post cuarentena porque se está arrogando facultades de meterse hasta un alto nivel en materia regulatoria. “Creo que eso es típico del ADN de los gobiernos populistas. Los gobiernos populistas no creen mucho en las libertades y responsabilidad individuales”, dijo Lonigro.

Por su parte, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó la norma al señalar que no se puede legislar en materia penal a través de decretos de necesidad y urgencia. “No se puede decir que esto es parecido a otra cosa y asignarlo a un delito del Código Penal, que es lo que se está haciendo acá: se creó un delito y se asoció al artículo 205”, afirmó Sabsay. “El Presidente legisla por decreto en materia penal a pesar de que la Constitución se lo prohíbe. Las reuniones sociales y familiares son asimiladas a delitos contra la salud. Viola el principio de tipicidad y crea delitos por analogía”, aseveró Sabsay.

El abogado especialista en Derecho Constitucional Diego Armesto al ser consultado por Infobae advirtió que las medidas excepcionales que viene tomando el gobierno exceden el marco constitucional. “El único que puede limitar derechos es el Congreso de la Nación, es quien tiene las facultad de limitar las facultades”, destacó Armesto. Remarcó que la opinión consultiva consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 6/86 que al interpretar el artículo 30 de la Convención Americana de DD.HH. señala que la única forma de que se pueden limitar derechos es por una ley formal, es decir, una ley sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo. “A eso hay que agregarle que el Congreso está trabajando, sería más lógico que el Ejecutivo le remita con carácter de urgente al Parlamento para que éste legisle conforme a la Constitución”, dijo el constitucionalista.

Sobre la prohibición de las reuniones sociales bajo apercibimiento de ser sancionado penalmente afirmó que “el artículo 99 inciso 3ro. de la Constitución le prohíbe al Presidente legislar sobre materia penal. Es una de las prohibiciones que le da el texto constitucional a los DNU, no puede legislar sobre materia penal.”

Asimismo, cuestionó lo establecido en el artículo 5 del decreto que dispone reglas de conducta dentro de los domicilios. Al respecto, Armesto afirmó que “hay un avasallamiento de la autonomía de la voluntad de las personas”. Sostuvo que el decreto lesiona la autonomía de la voluntad y la privacidad de las personas, dos derechos protegidos por el artículo 19 de la Constitución Nacional. “El DNU dice ‘deberá’, te lo ponen como obligación, y uno tiene un determinado grado de libertad para decidir si se lava las manos o no”, dijo Diego Armesto y agregó “en esta instancia es necesaria una mayor participación del Congreso de la Nación”.

fferrer@infobae.com
FUENTE INFOBAE

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UN EX MINISTRO DE NESTOR KIRCHNER EN LA CORTE. QUIEN ES HORACIO ROSATTI…

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Antes de llegar a la Corte, Rosatti fue dirigente del peronismo en Santa Fe, su provincia. Fue el segundo ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Asumió ese cargo el 26 de julio de 2004, en reemplazo de Gustavo Beliz, y renunció cuando estaba apunto de cumplir un año al frente del ministerio. No aceptó ser candidato a diputado por Santa Fe y se fue peleado con el entonces presidente. Además, denunció irregularidades en la construcción de cárceles. “No cerraban los precios”, dijo. En aquellos tiempos, el jefe de gabinete de Kirchner era Alberto Fernández. Rosatti también fue procurador del Tesoro, convencional constituyente e intendente de Santa Fe.

En 2017, en tanto, Rosatti adhirió al fallo en el que se decidió que los nuevos jueces ingresantes al Poder Judicial tengan que pagar el Impuesto a las Ganancias, como el resto de la ciudadanía. En 2019, fue parte de la mayoría que prohibió la re-reelección de los gobernadores Sergio Casas y Alberto Weretilneck, de La Rioja y Río Negro.

Ya durante el gobierno de Alberto Fernández, quien fue su jefe de gabinete en su etapa como ministro de Justicia de Kirchner, Rosatti firmó fallos en contra del ex vicepresidente Amado Boudou, al confirmar la condena en el caso Ciccone, y otro contra la dirigente social Milagro Sala, que se encuentra con prisión domiciliaria desde 2016. Este año, en tanto, adhirió a la sentencia en la que se autorizó a la Ciudad de Buenos Aires a decidir sobre la presencialidad en el dictado de clases.

Especialmente en el caso de Sala, el Presidente consideró el fallo como un desafío a su autoridad, mientras la propia dirigente Tupac Amaru declaraba que “pareciera que gobierna la Corte Suprema” y que el gobierno de Fernández se ha mostrado “un poco blandengue”.

Cristina, en tanto, sigue sin perdonarle su salida del gobierno de Kirchner y ha sido crítica de su designación, como la de Rosenkrantz, durante el gobierno de Macri. El enojo de la vicepresidenta con la Corte no es nuevo y se ha repetido especialmente en una dura carta que difundió a finales del año pasado, en la que acusó al máximo tribunal de “encabezar y dirigir el proceso de Lawfare” en su contra.

“Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”, fue, textual, el cuestionamiento de CFK hacia los jueces.

Fuera de la actividad política o jurídica, Rosatti también cuenta con un extenso CV académico. Se desempeñó como docente de grado y de posgrado en varias casas de estudios en la Argentina, entre las que se destacan la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Austral, la Universidad Nacional de Rosario y Universidad Católica de Santa Fe.

Asimismo, ejerció como decano de la Facultad de Derecho en la sede santafesina de la UCA entre 1999 y 2002. Es doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Magíster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental y, además,  autor de decenas de libros sobre derecho. También recibió el Premio Konex de Platino en Derecho Constitucional.  La Nacion.

 

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PESE A LA RESISTENCIA DE LORENZETTI Y DE HIGTON, HORACIO ROSATTI ES EL NUEVO PRESIDENTE DE LA CORTE

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Horacio Rosatti fue elegido hoy presidente de la Corte Suprema y Carlos Rosenkrantz, vicepresidente, después de horas de tensión, intrigas y discusiones entre los cinco ministros. Desde hace tiempo, la desconfianza y las operaciones cruzadas marcan el clima interno del tribunal.

La designación de Rosatti, un jurista que viene de la política, fue apoyada por su antecesor y por Juan Carlos Maqueda, pero resistida por Ricardo Lorenzetti y por Elena Highton. La presidencia de la Corte es por tres años. El nuevo mandato comienza el viernes próximo.
De acuerdo con el acta de la reunión que difundió el tribunal, no participaron del acuerdo ni Highton ni Lorenzetti. Ellos intentaron hasta último momento que Rosenkrantz aceptara ser reelecto con los votos de ellos dos. Lorenzetti, ya resignado a que no tenía los apoyos para recuperar la presidencia, prefería reeditar la fórmula Rosenkrantz-Highton antes que asistir a la asunción en el poder de Rosatti.

Lorenzetti está en su casa de Rafaela y no se conectó al Zoom; Highton se comunicó con los otros tres jueces por correo electrónico y por teléfono, solo para pedir la postergación de la reunión, que los demás no le concedieron.

Según el acta, Maqueda propuso la fórmula Rosatti-Rosenkrantz, que se impuso con el voto de ellos tres.

Lorenzetti tenía aspiraciones de volver a la presidencia, que ejerció durante casi doce años, y su regreso era alentado por distintos actores de la política. Oficialistas y opositores leyeron como una última jugada para conseguirlo el proyecto de ley del radical Emiliano Yacobitti y el macrista Cristian Ritondo, que propusieron modificar la forma de elegir al titular de la Corte: terminar con la votación interna y establecer un sistema rotativo, por orden de antigüedad. Si el objetivo buscaba volver a darle a Lorenzetti la presidencia, requería que Highton y Maqueda renunciaran a ejercerla ellos, pero Maqueda envió un mensaje que fulminó el plan. Hizo saber si el proyecto se sancionaba, él asumiría al frente del tribunal. Además, la iniciativa fue muy cuestionada por la propia oposición. Finalmente, Ritondo retiró su firma del proyecto. “Si bien resulta necesario arribar a una reglamentación que supere fricciones, pujas y disputas internas en el máximo tribunal (…), considero oportuno realizarlo a fin de año, luego de que se renueven las autoridades de la Corte”, sostuvo Ritondo en la carta que le hizo llegar al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Habrá que ver si todavía está interesado en impulsarlo. Fuente: La Nación


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Politica

OLIVOS SIGUE DE FIESTA Y COMO SIEMPRE LA PAGAMOS TODOS

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El presidente dijo hace unos días que estaba gordo. Y al parecer eso no lo preocupa demasiado ya que ordenó una millonaria compra para convertir la cocina de Olivos en restó de lujo.

«Estoy más hace más gordo porque como nos pasa a muchos de nosotros, la angustia de este tiempo la canalizo comiendo dulces», dijo el presidente Alberto Fernández en ocasión del cierre de campaña del Frente de Todos en Mar del Plata. Lo que omitió contar es que acababa de ordenar una compra de más de dos millones y medio de pesos para convertir la cocina de la residencia de Olivos en un restaurante de lujo y de última generación.

Parece que no solo los dulces y los brindis con Fabiola y sus amigos son su debilidad…

Desde arrocera para sushi a freidoras industriales pasando por el infaltable tostador carlitero, la residencia presidencial adquiere 20 equipos profesionales de gastronomía para readecuar la cocina a las necesidades de un presidente sibarita.

Y aunque ya estamos acostumbrados a que el estado suele pagar tres o cuatro veces más que en el mercado el valor de lo que compra, el punteo de los bienes elegidos supera largamente los dos millones de pesos.

Una multiprocesadora tipo licuadora y otra mixer, una máquina para procesamiento de pastas, un microondas de última generación, una vaporiera arrocera para sushi, una báscula con columna, una lunchonette térmica al estilo restaurante, y un mostrador refrigerado son algunos de los pedidos de nuestro mandatario que, a juzgar por su peso y preferencias, no tiene al hambre como una de sus preocupaciones.

Parece que el hombre que hasta llegar a la presidencia vivía en un departamento prestado, perteneciente a Enrique «Pepe» Albistur, exsecretario de Medios durante la primera gestión K y esposo de Victoria Tolosa Paz que fue ungida, ¿en concepto de alquileres atrasados?, como primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y que recibiera una dura derrota en las PASO, su nueva condición de presidente le disparó un oculto interés por la buena vida, el lujo y los encuentros sociales.

Habrá que ver si cuando deje su inquilinato en Olivos de da el bolsillo para sostener semejante nivel de vida.

Por ahora…buen provecho y a cuidar los triglicéridos.

FUENTE : LIBRE EXPRESION

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