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LEGALMENTE LO CONSIDERAN UN ABUSO

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Según los especialistas atenta contra derechos consagrados en la Constitución Nacional y legisla por medio de un DNU sobre materia penal, algo expresamente prohibido

“Si el Gobierno se constituye juez del abuso, ha dicho un filósofo, no tardaría en constituirse juez del uso, y toda verdadera idea de propiedad y libertad sería perdida”, dice una cita cuya autoría se atribuye al pensador francés Guillaume Thomas François Raynal y que Dalmacio Vélez Sarsfield introdujo como nota a uno de los artículos del viejo Código Civil. El texto alerta sobre el riesgo que corren la propiedad y la libertad cuando el Estado pretende regular el uso que hacen de estos derechos los ciudadanos, bajo el pretexto de cuidar a la sociedad. Con la excusa de encarar una acción preventiva contra la posibilidad de contagio del coronavirus el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto de necesidad y urgencia que prohíbe las reuniones sociales, pero no sólo eso, dispone como un deber determinadas conductas dentro del ámbito de la privacidad avanzando de esta manera sobre libertades y derechos que gozan de protección constitucional.

Es así que la mencionada norma en su artículo 5to. establece reglas de conducta que deben observar los ciudadanos durante la vigencia del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”. Dice la norma que “las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional.” Nótese que el texto del decreto dice “deberán”, es decir, no se trata de una recomendación o sugerencia sino de una disposición de carácter imperativo. Especialistas en Derecho Constitucional han alertado sobre la gravedad de esto.

Consultado por Infobae, el constitucionalista Félix Lonigro afirmó que “el decreto en la parte en que se prohíben las reuniones sociales en los domicilios es escandaloso desde el punto de vista jurídico. Es grotesco, es arbitrario”. Y agregó que “se ha sobrepasado un límite que hace mucho tiempo no se sobrepasaba.”

“Todos los derechos son susceptibles de ser restringidos pero para que esa restricción sea válida tiene que haber una ley y además tiene que haber razonabilidad en la restricción. La restricción de un derecho a medida que va pasando el tiempo lo va tornando irrazonable”, sostuvo Lonigro. “Acá lo que ha pasado es que no hubo principio de legalidad al comienzo de la cuarentena, no lo hay ahora, y eso que el Congreso comenzó a funcionar, y seguimos con DNU. Allí ya la falta del principio de legalidad que antes se podía justificar ahora ya no se puede justificar. Pero ahora entran en escena violaciones a la intimidad. Lo que se está restringiendo es el derecho a la intimidad, vale decir, qué es lo que se puede o no puede hacer dentro de su propio domicilio. Directamente se nos metieron en casa”, alertó el especialista. Además advirtió que el gobierno con todos esos decretos de extensión de la cuarentena está incurriendo en una costumbre normativa que preocupa en la etapa post cuarentena porque se está arrogando facultades de meterse hasta un alto nivel en materia regulatoria. “Creo que eso es típico del ADN de los gobiernos populistas. Los gobiernos populistas no creen mucho en las libertades y responsabilidad individuales”, dijo Lonigro.

Por su parte, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó la norma al señalar que no se puede legislar en materia penal a través de decretos de necesidad y urgencia. “No se puede decir que esto es parecido a otra cosa y asignarlo a un delito del Código Penal, que es lo que se está haciendo acá: se creó un delito y se asoció al artículo 205”, afirmó Sabsay. “El Presidente legisla por decreto en materia penal a pesar de que la Constitución se lo prohíbe. Las reuniones sociales y familiares son asimiladas a delitos contra la salud. Viola el principio de tipicidad y crea delitos por analogía”, aseveró Sabsay.

El abogado especialista en Derecho Constitucional Diego Armesto al ser consultado por Infobae advirtió que las medidas excepcionales que viene tomando el gobierno exceden el marco constitucional. “El único que puede limitar derechos es el Congreso de la Nación, es quien tiene las facultad de limitar las facultades”, destacó Armesto. Remarcó que la opinión consultiva consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 6/86 que al interpretar el artículo 30 de la Convención Americana de DD.HH. señala que la única forma de que se pueden limitar derechos es por una ley formal, es decir, una ley sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo. “A eso hay que agregarle que el Congreso está trabajando, sería más lógico que el Ejecutivo le remita con carácter de urgente al Parlamento para que éste legisle conforme a la Constitución”, dijo el constitucionalista.

Sobre la prohibición de las reuniones sociales bajo apercibimiento de ser sancionado penalmente afirmó que “el artículo 99 inciso 3ro. de la Constitución le prohíbe al Presidente legislar sobre materia penal. Es una de las prohibiciones que le da el texto constitucional a los DNU, no puede legislar sobre materia penal.”

Asimismo, cuestionó lo establecido en el artículo 5 del decreto que dispone reglas de conducta dentro de los domicilios. Al respecto, Armesto afirmó que “hay un avasallamiento de la autonomía de la voluntad de las personas”. Sostuvo que el decreto lesiona la autonomía de la voluntad y la privacidad de las personas, dos derechos protegidos por el artículo 19 de la Constitución Nacional. “El DNU dice ‘deberá’, te lo ponen como obligación, y uno tiene un determinado grado de libertad para decidir si se lava las manos o no”, dijo Diego Armesto y agregó “en esta instancia es necesaria una mayor participación del Congreso de la Nación”.

fferrer@infobae.com
FUENTE INFOBAE

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El Gobierno relanza la TDA y analiza la vuelta del fútbol gratis

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Alberto anunció el Plan Conectar, por el que reactiva la televisión abierta. Analizan transmitir hasta 5 partidos por fecha.

 

fEl Gobierno relanza la Televisión Digital Abierta (TDA) que había sepultado el gobierno de Mauricio Macri y analiza la vuelta de una suerte de Fútbol para Todos, un emblema de los mandatos de Cristina Kirchner.

Alberto Fernández anunció este miércoles el Plan Conectar 2020-2023, que requiere una inversión de $37.900 millones para potenciar la estructura de comunicaciones, a fin de alcanzar la “universalización del acceso a los servicios TIC y a las conexiones de banda ancha de última generación” de los habitantes.

La inversión se destinará al Sistema Satelital Argentino, a la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo), la Televisión Digital Abierta y al centro nacional de datos, todas iniciativas lideradas por la empresa estatal Arsat.

Operadores cercanos al gobierno ya tantearon a la multinacional española del juego Codere, para ver si está interesada en financiar parcialmente el torneo de la SuperLiga.

La distribución y venta de equipos satelitales de TA fue suspendida en 2016, en el primer año de mandato de Mauricio Macri, que promovió la privatización de las transmisiones de fútbol y la licitación que ganaron las cadenas Fox y TNT. Para justificar la privatización, el ex presidente dijo que “cada $ 35 millones que destinamos al fútbol, significa que puedo hacer un jardín de infantes menos”.

Escala la tensión con Clarín: Alberto congela por decreto las tarifas de cable, internet y telefonía

Ahora, según adelantaron a LPO en el Ejecutivo, está en estudio la posibilidad de que se transmita de manera abierta y gratuita entre tres y cinco partidos por cada fecha de la Primera División. Se trata de una bandera con la que el kirchnerismo espera tener alto impacto electoral, en uno de los países más futboleros del planeta.

De hecho, operadores cercanos al gobierno ya tantearon a la multinacional española del juego Codere, para ver si está interesada en financiar parcialmente el torneo de la SuperLiga.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammnes.

De acuerdo a la presentación del plan Conectar, unos 10 millones de hogares del país podrán acceder a un servicio de calidad de la TDA.

El Gobierno explicó además e Plan Conectar contempla el “desarrollo, construcción y puesta en órbita de un nuevo satélite, el primero de la segunda generación de ARSAT”, que estará orientado a la ocupación de las posiciones orbitales de la Argentina, al desarrollo de la industria satelital de telecomunicaciones y a reducir la brecha digital brindando conectividad satelital de alta calidad a 200 mil hogares rurales.

Con este desarrollo, se multiplicará por 10 la capacidad de banda ancha y conectará a millones de argentinos a las redes federales de fibra óptica hacia 2023. La conectividad fue uno de los mayores problemas que desnudó la pandemia. Como explicó LPO, la falta de conexión fue uno de los grandes factores por el que la mitad de los alumnos desertó el secundario durante la cuarentena.

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Politica

Alberto apura la remoción de los jueces para evitar que la Corte lo bloquee

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El gobierno publicó el decreto y el Consejo de la Magistratura ya notificó a Casación para que deje sin efecto los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Advertencia de la asociación de jueces.

Alberto Fernández apuró lo máximo posible la remoción de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para evitar que algún fallo judicial bloquee la jugada aprobada hace menos de 24 horas por el Senado.

El gobierno nacional publicó este jueves por la mañana los decretos que dejan sin efecto los traslados de los jueces, una polémica medida tomada en 2018 por Mauricio Macri. Lo hizo luego de que Castelli fuera el mismo miércoles a la Corte Suprema para pedir que anule lo aprobado por la Cámara alta.

En los considerandos de los decretos firmados por Alberto y la ministra Marcela Losardo, se indica que los tres traslados no completaron el procedimiento previsto en el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional ni se ajustaron a los parámetros de la Corte, al tiempo que no pasaron por el Senado.

Poco después de publicados los decretos la jugada oficial se cerró con la notificación por parte del Consejo de la Magistratura a la Cámara Federal de Casación sobre la decisión de dejar sin efecto los traslados. Casación es la autoridad que rige la labor de los jueces de primera instancia y la encargada de formalizar las decisiones que los afectan.

Bruglia

Para que se concrete la salida de los juzgados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, la Cámara de Casación deberá comunicarles formalmente la decisión del Poder Ejecutivo. Recién ahí volverán a sus juzgados de origen.

En el caso de Bruglia y Bertuzzi dejarán sus asientos en la Sala I de la Camara Federal porteña para volver al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal. La situación de Bertuzzi es particular ya que también se anuló su pase al TOF 4 desde el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Plata.

Castelli, por su parte, dejará el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de la Capital Federal ara volver al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Este juez amenazó con atrincherarse en su actual cargo y dijo que deberán sacarlo a “los empujones”.

Advertencia de los magistrados

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional formuló este jueves una fuerte crítica contra el gobierno nacional por el desplazamiento de los jueces. La AMFJN, que preside Marcelo Gallo Tagle, hizo saber su “preocupación, derivada de la inédita situación generada como consecuencia del rechazo de pliegos”.

“En el caso que el Poder Ejecutivo de la Nación evalúe considerar la posibilidad de implementación o instrumentación de alguna decisión relacionada con el traslado de dichos magistrados, sería razonable aspirar que obre con la prudencia y mesura que la cuestión reclama”, sostuvo en un comunicado la asociación que nuclea a los jueces de todo el país.

La Asociación manifestó la “preocupación por el rechazo” de los traslados de los tres jueces y remarcó que “no sólo se trata de una situación que no reconoce antecedentes en el funcionamiento regular de los tres Poderes establecidos por la Constitución Nacional -lo que pone de mayor resalto su trascendencia institucional-, sino que se encuentra actualmente a estudio por parte de distintos organismos jurisdiccionales, y pendiente de resolución”.

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OFICALISMO INMORAL E ILEGAL

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El oficialismo aprobó en el Senado la remoción de tres jueces que investigan a Cristina Kirchner en causas de corrupción

Se trata de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Ahora falta la firma final de Alberto Fernández para completar la maniobra y desplazar a los magistrados. Juntos por el Cambio no convalidó el trámite y se retiró del debate

Cristina Kirchner comenzó presidiendo la sesión pero se ausentó en el debate y votación del desplazamiento de jueces (COMUNICACIÓN SENADO)

Después de que se desconectara el bloque de Juntos por el Cambio, que acusó a Cristina Kirchner de imponer una agenda para impedir el avance de causas judiciales en su contra, el Frente de Todos definió el desplazamiento de tres jueces: los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que instruyeron la llamada causa de los Cuadernos en la que se investigó una trama de corrupción política y empresarial en la obra pública y del juez Germán Castelli que integra el tribunal a cargo del juicio oral para esa causa.

Durante todo el debate y en el momento de la votación no estuvo presente la Vicepresidenta y la reemplazó Claudia Ledesma Abdala. El secretario Parlamentario Marcelo Fuentes leyó la lista de votos, como se hace en cada sesión para chequear el método remoto y nombró a cada senador ausente y la intención del voto de los presentes que arrojó un resultado de 41 votos afirmativos. “Debería decir por unanimidad”, bromeó el peronista José Mayans que como jefe del bloque del Frente de Todos insistió en la precisión. Los únicos opositores que acompañaron la decisión oficialista fueron Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Maurice Closs Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia de Misiones).

El avance del tratamiento de los tres pliegos se apuró tras la ausencia de los tres magistrados a la audiencia del viernes 4. Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la comisión de Acuerdos y vice del bloque del Frente de Todos, abrió la lista de oradores como miembro informante. Recordó que se analizan diez pliegos de jueces trasladados, pero que siete jueces “se sometieron a preguntas de los senadores y senadores, describieron los motivos de su traslados y su labor y muchos fueron muy ilustrativos, incluso en un caso explicaron que pidieron su traslado por presiones recibidas en el anterior lugar que ejercía su cargo”, planteó en referencia a Eduardo Farah.

Martín Lousteau y Laura Rodríguez Machado cuando se retiraron del recinto Martín Lousteau y Laura Rodríguez Machado cuando se retiraron del recinto

“Nuestra Constitución reconoce que ningún poder del Estado se puede imponer sobre otro poder y es así que todo tramite, como es la designación de jueces, cuando no es cumplido acabadamente debe ser corregido y eso es lo que estamos haciendo”, afirmó sobre la revisión remitida por el Poder Ejecutivo para la consideración de la Cámara alta que la oposición cuestionó. También apuntó que los traslados se realizaron para “perseguir” opositores y en línea con lo dicho días atrás por Cristina Fernández, “para buscar impunidad” a ex funcionarios macristas.

Sobre Bruglia, Bertuzzi y Castelli, resaltó que “no acudieron a la audiencia, no se presentaron, desoyeron una convocatoria del Senado de la Nación, se negaron a someterse a una audiencia por el solo hecho de considerar que no correspondía a su traslado el acuerdo de su traslado” y agregó que “desde la oposición convalidaron los dichos de estos señores jueces”.

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Y se preguntó: “¿Qué podemos esperar de estos jueces que se niegan a cumplir con el mandato constitucional para el cargo que aspiran estos tres jueces que se han negado a participar de una audiencia para poder cumplimentar el procedimiento especial, constitucional de acuerdo del Senado?”. Y alertó que “han demostrado tener un desaire no a una fuerza política, no al oficialismo sino lisa y llanamente le han faltado el respeto al Senado de la Nación y a la Constitución Nacional que deberían defender”.

“Cuando se hace un traslado de un juez se lo toma como un nuevo nombramiento por eso el Senado tiene que intervenir”, añadió sobre la designación por decreto presidencial del juez Leopoldo Oscar Bruglia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal desde la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº4 de la Capital Federal; el pase de Pablo Daniel Bertuzzi de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y finalmente el traslado del juez Germán Andrés Castelli de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº3 de San Martín al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº7 de la Capital Federal.

En esa línea argumental adelantó que tanto Bruglia como Bertuzzi cumplen “una función diversa a la que fueron designados”, y que en el caso de Bertuzzi cambió de jurisdicción, de La Plata a Comodoro Py mientras que Castelli pasó de una jurisdicción distinta, de San Martín a la Capital Federal. Pidió además agregar una precisión a los textos de los dictámenes que pasaron por la comisión de Acuerdos.

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En el caso de Bruglia, especificó que el traslado se realizó “con distinta competencia en razón del grado y de la materia, y con una función diversa a aquélla para la cual fuera designado”. En el caso de Bertuzzi también pidió “dejar plasmado lo obvio” que el traslado, consideró, se concretó “con distinta competencia en razón del grado, de la materia y del territorio, y con una función diversa a aquélla para la cual fuera designado”. Por último en el dictamen de rechazo a Castelli se agregó que su traslado se realizó a un juzgado “perteneciente a una jurisdicción territorial distinta a aquélla para la cual fuera designado”.

“Aceptar estos traslados es aceptar que existen dos sistemas de selección de jueces: uno es el artículo 99 inciso 4 de la CN y otro es el que usó el gobierno anterior que es una selección de jueces a la carta, elegidos según conveniencia”, sostuvo la mendocina en un fuerte discurso que esta vez no tuvo correlato con la oposición que se retiró molesta por la falta de diálogo, la falta de consenso para renovar el protocolo de funcionamiento remoto y la agenda parlamentaria, incluida la Reforma Judicial y la remoción de los tres magistrados en el día de hoy.

“No estamos sacando jueces que nos molestan. Este tema se origina en el Consejo de la Magistratura cuando nos encontramos con los traslados de un juez de Mendoza y uno de La Plata”, defendió la postura María Inés Pilatti Vergara quien indicó que el proceso se inició con una auditoría para analizar todos los casos de traslados de los últimos cuatro años.

Adolfo Rodríguez Saá, sendor por San LuisAdolfo Rodríguez Saá, sendor por San Luis

Desde Tierra del Fuego el senador de La Cámpora Matías Rodríguez coincidió con Fernández Sagasti y remarcó que “el Consejo de la Magistratura indica que ante cambio de jurisdicción o de materia es un nuevo nombramiento que se aparta del mandato constitucional”.

Mario Pais, de Chubut, remarcó que los tres jueces “entraron por la ventana al cargo que tienen, porque incluso Bruglia estaba desde el 93 y no pasó por el Consejo de la Magistratura”, en referencia al argumento a favor de quienes sostienen que para el cargo de origen ya habían recibido Acuerdo. Pais citó las acordadas 4 y 7 de la Corte

“Me sorprende que senadores de la oposición planteen una alianza con quienes desoyen al Senado”, criticó el catamarqueño Dalmacio Mera.

Luego habló Adolfo Rodríguez Saá que se preguntó “qué relación tiene esto que estamos tratando con la ausencia de los senadores de la oposición, qué relación pueden tener las palabras del ex presidente Eduardo Duhalde que habló de golpe de estado y de que no habrá elecciones el año próximo, qué relación tienen los titulares de los diarios que en este momento sostienen que la oposición se fue para no convalidar la remoción de jueces” y consideró “correcto y constitucional” el procedimiento, incluso afirmó que la sesión arrancó con quórum y con la participación de todos los bloques. “Intencionalidad hay en las ausencias, intencionalidad hay en los titulares de los diarios en este momento”, consideró luego de leer Infobae.

Alberto Wertilneck, ex gobernador y senador de Juntos Somos Río NegroAlberto Wertilneck, ex gobernador y senador de Juntos Somos Río Negro

“Soy oposición y sin embargo estamos acá”, se despegó de Juntos por el Cambio el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) que mencionó el artículo 99 de la Constitución que pone límites a las facultades presidenciales respecto a la designación de jueces de la Corte, jueces y funcionarios judiciales, embajadores, jefe de Gabinete, ascensos militares y Estado de Sitio. El ex gobernador citó jurisprudencia desde el 2000 al 2018 que determina que “no se puede saltar de jurisdicción ni de función”. Fue el mejor defensor del oficialismo al enumerar los traslados de jueces: “En el gobierno de Carlos Menem, 2; en el de Fernando De la Rúa, 2; en el de Eduardo Duhalde, 2; Néstor Kirchner, 5; en los ocho años de Cristina Fernández, 13, y en los cuatro años de Mauricio Macri, 21. Es decir que en los últimos tres años se dan prácticamente la mitad de los traslados desde la creación del Consejo de la Magistratura”. Cuestionó fundamentalmente la ausencia de los jueces en la audiencia porque “eligieron para permanecer en sus cargos otra vía, la judicial” y reclamó que “este Senado no puede tener tolerancia con jueces que no respetan la Constitución”.

Citó la defensa de Bruglia, Bertuzzi y Castelli en base a la acordada 7 de la Corte Suprema. “Los traslados que se hubieran dispuesto fuera de las condiciones señaladas precedentemente deberán cesar cuando concluya el procedimiento constitucional previsto para la cobertura de los cargos respectivos”, advirtió sobre el texto firmado por Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. “Pero en estos casos nunca fueron llamados los concursos, nunca hubo la intención. Los traslados se dieron después de las acordadas 4 y 7 con las advertencias de la Corte”, enfatizó y hasta alertó: “Si validamos que un juez puede ser trasladado sin acuerdo del Senado también podríamos estar en el absurdo de que un presidente designe un reemplazo de la Corte Suprema”.

 

FUENTE : INFOBAE

aargento@infobae.com

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