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Un grupo mapuche ya recibió del Estado más de 100 millones

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Se trata de la comunidad Kaxipayiñ. Quiere sacarle 70 millones este año, pero YPF ahora se niega. Gabriel Cherqui, su cacique, anda en 4 x 4 y usa iPhone. Obligaba a la empresa a contratar a sus consultoras.

En la compleja diversidad de grupos mapuches de la Patagonia argentina hay comunidades pacíficas integradas (Paynemil, en Neuquén), algunas que usurpan territorios pero tienen el reclamo en una instancia institucional (Atilio y Rosa Curiñanco, que ocupan “tierras de Benetton”), otras altamente violentas y conectadas con grupos chilenos (el Pu-Lof de Cushamen, de la RAM, que está relacionada a la CAM), algunas promovidas por sectores kirchneristas (es el caso de la  familia que usurpó territorio junto al Lago Mascardi, impulsada por los Vaca Narvaja) y otros que directamente realizan negocios con prácticas extorsivas.

Es el caso de la comunidad Kaxipayiñ, liderada por el cacique Gabriel Cherqui, que se traslada en vehículos 4 x 4 de alta gama, usa como celular un iPhone último modelo y logró que el Estado argentino le aportara 111 millones de pesos en los últimos tres años, 24 millones en el 2014, 32 en 2015 y 55 millones en 2016. Antes viajaba en Audi, según dice la gente del lugar. Es el líder de la Confederación Mapuche de Neuquén, que no tiene autoridades constituidas desde 2011.

Se trata de un caso grave, porque a través de ramificaciones ya está afectando la producción de la zona, no solo en la exploración de petróleo, sino de manzanas, ganadería, vinos. Los tentáculos de este grupo llegaron a Trataren, una zona desértica de 1800 hectáreas que se volvió altamente productiva gracias al riego, donde otra familia supuestamente mapuche usurpó tierras donde está la boca de agua.

Lo que consignó el diario Río Negro, el 18 de mayo pasado, es que Diego Rosales y Martín Mardones comenzaron lo que denominaron su “reafirmación territorial”, con el apoyo de la Confederación Mapuche, asegurando que “vinimos a vivir acá mucho antes de que esta nueva conquista petrolera llegara”.  El pasado 19 de setiembre fueron desalojados por la policía local, pero los productores de frutales, bodegas y feedlot temen que vuelvan (pasó en otras ocupaciones) y que peligren sus inversiones.

Gabriel Cherqui

Gabriel Cherqui

Según la información que pudo obtener Infobae, Kaxipayiñ obtuvo para el año 2017 la oferta de recibir 1.4 millones de pesos por pozo, es decir, que alcanzaría a 19,6 millones en total, ya que tiene 14. Pero Cherqui triplicó la apuesta y pidió 5 millones por pozos, buscando totalizar 70 millones. Le pareció una cifra razonable en relación a lo que había cobrado en el 2016, sumado la inflación. YPF ya no se aceptó la escalada de extorsiones, hizo público por primera vez el conflicto, se retiró de la negociación y suspendió su proyecto productivo.

Cherqui es un personaje parecido a Omar “Caballo” Suárez, el sindicalista que hoy está preso en la cárcel de Ezeiza. Es dueño, a través de su esposa Valeria, de la empresa  La Lata SRL, con la que fue durante años  subcontratista de YPF. En el 2013 creó otra empresa, la firma Belcher. Para las tareas de saneamiento obliga a que se contrate la consultora, Femun, vinculada a políticos y sindicalistas de la provincia, por la que -hasta el año pasado- cobraron más de 9 millones de pesos. Y maneja otros negocios,  como el estacionamiento frente a la planta de gas TurboExpander y “peajes” adentro de los territorios de su comunidad.

Para permitir el ingreso de dos equipos de perforación a una zona comunitaria reclamó 50 millones de pesos adicionales. Fue el momento en que las nuevas autoridades de YPF consideraron que se trató de la gota que rebalsó el vaso. Hoy esos equipos están parados, perjudicando a la provincia de Neuquén, que podría perder en concepto de regalías más de 130 millones de pesos en los próximos dos años.

El argumento que utiliza Cherqui, por supuesto, es que viven en “territorios afectados por la contaminación de la actividad petrolera”, lo que llama la atención por varias razones. Primero, porque antes de que hubiera interés económico en el área no vivía ahí, luego porque impidieron toda tarea de saneamiento.

Lo insólito es que YPF logró sanear 370.000 metros cúbicos de suelos en los últimos 5 años en el área donde se encuentra otra comunidad mapuche, mientras que en el área de los Kaxipatiñ solo pudo sanear 4.170 metros cúbicos de suelo en el mismo período.

Algo similar sucedió cuando comenzó a desarrollarse el proyecto de Loma Campana en Vaca Muerta, con Chevron. No había en la zona reclamo alguno, ni asentadas comunidades en la zona, y se trataba de tierras fiscales. Pero volvió la familia Campo, que había dejado el lugar hacía 40 años y nunca había dicho que era mapuche, y está en una posición similar a la de la comunidad Kaxipauiñ, aunque con pocas posibilidades de ejercer ya la misma extorsión.

Es que cambiaron los responsables del área de superficiarios de YPF, y ahora están convencidos de que las indemnizaciones deben regirse según la tabla que fue realizada por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Agricultura, y no por esos valores exhorbitantes que se pagaron hasta el año pasado.

De hecho, YPF  no solo se negó a pagarle a la consultora Femun la última factura que presentó, sino que lo puso en un comunicado: “sus honorarios están muy por encima del promedio del mercado y se acrecientan a medida que más largo de hace el proceso de remediación y más muestras de laboratorio son requeridas“. También paró el proyecto de perforación después de que Cherqui pidiera 5 millones de pesos por pozo cuando, según lo que estipula la tabla, se deberían pagar 700 pesos a esos efectos.

No va a ser nada sencillo salir de este embrollo. A los problemas sociales, la desigualdad y la falta de educación de sectores postergados que parecen confinados a guetos de los que no quieren salir (“para muchos políticos es más fácil regalarles la leña para que pasen el invierno antes que enseñarles a conseguirla por ellos mismos”, dijo una de las fuentes), se le suma la vocación antisistema de sectores altamente politizados que cruzan demandas de derechos humanos con ambientales y ancestrales y logran importante respaldo en gente de buena fe de las grandes ciudades.

Pero algo más. Cualquier propietario responde con sus propios bienes ante un juicio contra YPF, por ejemplo. No es el caso de los bienes comunitarios, que son inembargables e inajenables, porque no le pertenece a ninguna persona física, sino a una comunidad. Es una legislación que hace justicia con comunidades que fueron condenadas a la marginación a la largo de la historia, pero que es aprovechada espuriamente por individuos que un día se ponen una vincha y un poncho y salen hacer negocios personales.

¿Cómo resolverlo? El problema mapuche hoy parece restringido a un problema de seguridad y es la expresión de un Estado que no se involucró en la resolución de los problemas sino que, más bien, parece que por acción u omisión, no hizo más que hacerlos cada vez más grandes. Veremos qué pasa una vez que el Ministerio del Interior convoque a los gobernadores de Chubut, Neuquén y Río Negro a discutir en serio este asunto. Tal vez sea el primer paso de algo que tardará años en resolverse. Mientras tanto, la pintada que apareció en el Mercado Comunitario de Bariloche, con el que se abre la nota, no deja de preocupar a las autoridades.

 

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Politica

Escándalo en Diputados: se suspendió la sesión, en medio de insultos y amenazas de golpes

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Se había convocado para crear universidades, pero para Juntos era ilegal. Así lo gritaron a viva voz y lograron que los aliados que tenía el gobierno se fueran.

La sesión de la Cámara de Diputados para crear nueve universidades se suspendió en medio de un escándalo, porque los diputados de Juntos por la Cambio la consideraron ilegal y lo gritaron a viva voz desde sus bancas, en un recinto con los palcos repletos de invitados que habían llegado a celebrar leyes que nunca se trataron.

La tensión escaló hasta que el jefe del oficialismo Germán Martínez prefirió suspender la sesión, antes que se votara una moción para terminarla pedida por Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

En ese momento, Martinez no creía contar con el respaldo de los 5 diputados del interbloque federal que habían dado quórum pero ya no estaban en sus bancas. Sí permanecían los 4 de la izquierda, que se retiraron molestos porque ni siquiera pudieron hablar.

Pero las discusiones a los gritos hacían imposible sesionar, en un episodio que fue similar a los enfrentamientos de la reforma previsional de 2017 y sucedió una hora después de frustrarse la reunión preparatoria para elegir autoridades, ante un vacío opositor impulsado por Juntos por el Cambio. La relación entre los bloques quedó rota y no será fácil que vuelva a haber sesiones este año.

La situación más tensa se vivió cuando un grupo de diputados de JxC fue a increpar a Cecilia Moreau al estrado y se enfrentó a las mujeres del FdT, que se acercó al grito de “violentos, violentos”.

La situación más tensa se vivió cuando un grupo de diputados de JxC fue a increpar a Cecilia Moreau al estrado y se enfrentó a las mujeres del FdT, que se acercaron al grito de “violentos, violentos”, en una escena que estuvo al filo de los forcejeos. Finalmente lograron que volvieran a sus bancas.

Pero la sesión nunca se ordenó, porque los diputados de JxC no dejaron de reclamar que era ilegítima. Los más enfáticos eran el jefe del PRO Cristian Ritondo, la radical Karina Banfi y Juan López y Ferraro de la Coalición Cívica. Le pedían a Moreau la palabra y como no se la daba, golpeaban sus bancas y la tapaban a los gritos.

Antes de la sesión, Ritondo había anticipado junto su compañera Silvia Lospennato, en una breve conferencia de prensa, que para ellos la sesión estaba caída, porque fue citada a las 13 horas y luego tuvo dos prórrogas que no fueron oficializadas. La última fue para citarla a las 14.30. El jefe de la UCR Mario Negri tuiteó las notificaciones que consideraban ilegítimas.

Germán Martínez, de inmediato, ratificó que la sesión estaba confirmada. Confiaba para el quórum en la izquierda, que apoyaba la creación de universidades y en los federales, presionados por dos temas: los cordobeses querían votar la universidad de Río Tercero y los santafesinos la agenda de salud de Mónica Fein.

La izquierda y 5 de los 8 federales ingresaron al recinto y las 14.33 hubo quórum. No tardaron en llegar algunos diputados de Evolución Radical, como Emiliano Yacobitti, Danya Tavella y Gabriela Virginia Brouwer de Koning, que es de Río Tercero, autora de ley para una universidad en su ciudad y con invitados en los palcos.

Los cordobeses querían votar la universidad de Río Tercero y los santafesinos la agenda de salud de Mónica Fein.

Pero ni bien Moreau empezó con la sesión los referentes de Juntos ocuparon sus lugares para exigir la palabra  Y como no la conseguían, gritaban sin parar y nadie se escuchaba. Negri, Ritondo, Ferraro, López, Lospenatto y Banfi pedían fuera de sí que les habilitaron el micrófono, todos de pie, recorriendo las escaleras del recinto y golpeando las bancas.

Lospennato, Banfi y Negri se acercaban a los federales y a los de Evolución, interesados en que no se quedaran a votar. Los primeros se fueron ni bien empezó el escándalo, pero aseguran que tenían previsto retornar si todo se calmaba.

Escándalo en Diputados: se suspendió la sesión, en medio de insultos y amenazas de golpes

“El Frente de Todos y Juntos por el Cambio convirtieron al Congreso en un circo romano. No hay pan, sólo circo. Una vergüenza”, se lamentó Alejandro “Topo” Rodríguez, coordinador de los federales, que no tuvieron la presencia de Florencio Randazzo, Graciela Camaño y el cordobés Ignacio García Aresca. El resto alcanzó para que la sesión comenzara.

En esas condiciones, Moreau le tomó juramento a Carolina Arricau, quien reemplazará a la directora del Ministerio de Transporte, Jimena López. El ministro de Economía, Sergio Massa, presenció la jura en el palco del recinto, interesado además en la creación de la Universidad del Delta, una de las 8 que se votarían.

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio convirtieron al Congreso en un circo romano. No hay pan, sólo circo. Una vergüenza.

Las otras eran de Saladillo, Pilar, Cañuelas (cuenca del Salado), Ezeiza, la de Madres de Plaza de Mayo y la Laurentino Ortiz, en Paraná, incorporado a último momento. Para JxC ninguna tiene estudio previo de factibilidad y no hay presupuesto para financiarlas. A excepción de Evolución, que sí estaba dispuesta a votar, al menos la de Río Tercero.

Moreau ignoró el griterío e inició la sesión dándole le palabra a Blanca Osuna, presidenta de la Comisión de Educación, quien dio su discurso ignorando por completo los reclamos opositores, que hacían imposible escuchar su voz. “No puede ser, está un ministro”, reclamó desde su banca Ritondo, ni bien lo vio a Massa.

El caos era total, porque los insultos al aire de la oposición se cruzaban con los cánticos de los palcos a favor de las universidades, alentados por algunos oficialistas, como Leonardo Grosso.

Massa en uno d elos placos juntos a los intendentes Achaval de Pilar y Fassi de Cañuelas.

Como la sesión seguía, un grupo liderado por Ferraro se fue hasta el estrado a increpar a Moreau para que les permitieran hablar. “¡No podes hacer esto Cecilia!”, suplicaba el diputado de la Coalición Cívica.

Cuando se sumaron a la muchedumbre Waldo Wolff y Fernando Iglesias, del PRO, las diputadas del Frente de Todos saltaron desde sus bancas y avanzaron  en fila india hasta quedar enfrentadas y cantarles “Violentos, violentos”. Estuvieron casi cuerpo a cuerpo y lograron hacerlos retroceder.

Los diputados varones del Frente de Todos no se aproximaron y Martínez siguió las escenas impávido desde su banca. El sanjuanino Walberto Allende le propinó varios insultos a Ritondo, quien estaba fuera de control y era contenido por sus pares. Parecía que se iban a agarrar.

Para ese entonces, los cánticos cruzados convertían el recinto en un estadio de fútbol. JxC decía: “Es un afano, suspéndalo”. El Frente de Todos coreaba con el público “Borombon bom, para el pueblo, la educación”.

Osuna sólo hablaba para la transmisión oficial y cuando finalizó Moreau le dio la palabra a su compañera Marcela Passo y enloqueció más a la oposición, que entendía que era su turno.

Los diputados varones del Frente de Todos no se aproximaron y Martínez siguió las escenas impávido desde su banca. El sanjuanino Walberto Allende le propinó varios insultos a Ritondo, quien estaba fuera de control y era contenido por sus pares. Parecía que se iban a agarrar.

Trató de calmarlos sin éxito. “Silencio, Iglesias, soy mujer pero no soy retrasada”, le dijo al diputado del PRO, que la acusabas de no saber leer el reglamento. “Barletta es de día no grite, usted grita de noche”, increpó al radical santafesino.

Luego aceptó que hablara Ferraro, quien pidió una moción para concluir la sesión, con su bloque de pie y sólo 122 presentes, 7 menos que el quórum.

Martínez cedió y pidió terminarla antes de perder la votación, porque entendía que los federales no volverían. No parecía posible. Juntos se retiró festejando y cuando la sesión finalizó, Miriam Bregman, de la izquierda, le reprochó al oficialismo que no se haya animado a seguir.

“¡Nos tuvieron acá, nos bancamos los insultos y se van!”, increpó a Penacca, quien se acercó a contenerla y no tuvo respuesta. Martínez se retiró en silencio, con la sesión caída.

Silvia Lospennato, Cristian Ritondo, Juan López y Karina Banfi. 

Ritondo se fue haciendo gestos con sus manos, ingresando un dedo en un círculo. Un rato antes, en medio del caos, había ocupado su banca Gerardo Milman, a quien no se veía desde que fuera acusado de participar del intento de magnicidio a Cristina Kirchner. “Entregá el celular, asesino”, se escuchó desde las bancas y los palcos, mientras los diputados de JxC se iban.

Moreau y Martínez tuvieron una breve reunión con los referentes del bloque después de terminada la sesión y por ahora no tienen previsto una hoja de ruta. Había planeada una última reunión para el 15 de diciembre, con temas de acuerdo. No será fácil consensuarla.

Milman este jueves en uno de los pasillos del Congreso.

 

 

Por Mauricio Cantando

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Disparate Lauría: Quiere gravar a los turistas y emite una pésima señal política

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No es por ahí, esa no es la onda. Nicolás Lauría es una incógnita, nadie sabe cómo y por qué aparecio como primer concejal de Guillermo Montenegro en la eleccción de 2019 que lo convierte en sucesor orgánico del intendente, quien no se ha movido de su lugar y preventivamente no delegó nunca hasta ahora su mando al frente de la comuna, como una señal de desconfianza.

Nicolás Lauría es uno de los hombres de su alianza que más trastorna a Montenegro – según reconoce en privado – (los otros dos son Cristián Lence y Maximiliano Abad), todos por arreglos y negocios políticos condición sine quanom del gobierno del PRO, en su afán recaudatorio.

Lauría y su procedencia siempre constituyó un enigma, cuánto dinero puso en la campaña, donde debió mover fuerte seguramente para hacerse de la cabeza de la lista.

Su gremio UATRE es título por sus violentos enfrentamientos que han causado un homicidio y hay prófugos de la justicia en ese marco de las investigaciones judiciales.

El concejal ya lanzó su campaña para 2023, y no es coherencia lo que abunda en sus posicionamientos, vota a favor o en contra del oficialismo, forma un bloque luego se separa, se abstiene, se ausenta de las sesiones para acompañar a Montenegro, es un gran dilema y Mar del Plata además de tener un intendente plantado, tiene a su sucesor plantado por los caprichosos arreglos de María Euegenia Vidal cuando armó las listas en 2019.

Mientras la municipal cabalga indefectiblemente a un déficit desconocido y descontrolado, Lauría no habla de bajar el gasto político ni de la eliminación de tasas y derechos municiapales, muchas de ellas creadas por el gobierno de Acción Marplatense.

Cómo deberán exprimir el jugo de los recursos cuando se hace conocer una nueva tasa, que por insignificante ya da cuenta de la estrechez presupuestaria y desconociéndose aún cuál será el aumento real del presupuesto del Concejo Deliberante, que produce sus ingresos siempre muy por encima del aumento de tasas, una forma de aprobar los presupuestos año tras año, es como la cajita feliz de los concejales y los módulos que reparten.

Un concejal marplatense presentó un proyecto para que esa ciudad balnearia, la más elegida de la costa atlántica, aplique una tasa a los turistas, e invertir ese dinero en mejoras de infraestructura.

Se trata de Nicolás Lauría, del partido Creciendo Juntos, quien pretende implementar un canon, tal como se aplica en otras ciudades, como San Carlos de Bariloche, Iguazú y Las Grutas.

“El espíritu de la Ecotasa reside en que cada turista abone muy poco, siendo significativo al sumar los millones de turistas que visitan la ciudad en todo el año. Nosotros proponemos que sea un 2 por ciento del total por persona”, expresó.

En declaraciones priodísticas, Lauria afirmó además que “esta herramienta no está concebida para que vengan menos turistas sino más bien para generar inversiones y poner en valor sitios que son visitados por los mismos, este canon que abona el turismo, vuelve a la ciudad en mejoras”.

El canon lo cobrarían los hoteles y otro tipos de hospedajes comerciales, como hostales o cabañas, mientras que quedarían exentos aquellos que poseen un inmueble en la ciudad, y que habitualmente los ofrecen en alquiler durante el verano.

“Mar del Plata es reconocida por ser la ciudad más elegida para veranear, turistas de todo el mundo llegan para disfrutar su descanso, es por ello que la ciudad debe encontrarse en óptimas condiciones y para que esto pase tienen que ponerse en valor los sitios y crear una nueva y mejor oferta”, sostuvo.

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Crecen las amenazas en el kirchnerismo ante una eventual condena contra CFK por la causa Vialidad

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Luego de que ATE Capital advirtiera con “parar el Estado”, sindicalistas, jueces y La Cámpora analizan fuertes reacciones si la Vicepresidenta no tiene una sentencia favorable el 6 de diciembre.

Desde que se confirmó que el próximo martes se conocerá el veredicto del juicio por la causa denominada Vialidad, que podría incluir una condena contra Cristina Kirchner, cientos de militantes del Frente de Todos salieron en las redes sociales a respaldar a la Vicepresidenta y a ellos se sumaron sindicatos, dirigentes políticos e incluso jueces, que amenazaron con realizar ese día un paro total, piquetes “por tiempo indefinido”, movilizaciones y hasta una “pueblada”.

Una de las primeras organizaciones en expresarse al respecto fue la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la Capital Federal, que lidera Daniel Catalano, un gremialista muy cercano a la ex mandataria nacional, la cual aseguró que si se dicta una pena contra la actual titular del Senado, habrá un cese de actividades en las principales dependencias públicas de la Ciudad de Buenos Aires.

“Después de escuchar el relato de defensa de Cristina y reiterar que está ante un pelotón de fusilamiento, decidimos parar el Estado, todo lo que podamos parar del Estado lo vamos a parar”, afirmó Catalano en declaraciones a El Destape Radio.

ATE Capital anunció un paro total si hay una condena contra la Vicepresidenta (Brigo)ATE Capital anunció un paro total si hay una condena contra la Vicepresidenta (Brigo)

Previamente, el sindicato había emitido un breve comunicado en el que adelantó: “Si la tocan a Cristina… paramos el Estado. Los trabajadores no vamos a permitir un Lula en nuestro país. Basta de lawfare y persecución política”.

En paralelo, La Cámpora todavía estaba evaluando convocar a una movilización a la casa de la ex jefa de Estado, en Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta, como las que se realizaron al comienzo del juicio, aunque por el momento esta medida no estaba confirmada.

Sucede que la agrupación que encabeza Máximo Kirchner todavía estaba en conversaciones con gremios, intendentes y legisladores para analizar la conveniencia política de una marcha de esas características.

Además, La Cámpora considera que si no hace un llamado formal a movilizarse al departamento de la ex mandataria, de todas formas los militantes irán espontáneamente hasta ese lugar para respaldarla luego de que se conozca el veredicto.

En las últimas horas, el juez Juan Ramos Padilla, también afín al oficialismo, trató de impulsar una manifestación frente a los tribunales de Comodoro Py para el próximo 6 de diciembre, en apoyo a la ex presidenta.

“Si luego de conocerse el veredicto no hacemos una pueblada en Comodoro Py, no solo no habremos defendido a la mejor, también habremos dejado pasar un momento histórico. Basta”, sostuvo el magistrado.

El mensaje del juez Juan Ramos PadillaEl mensaje del juez Juan Ramos Padilla

Unas horas más tarde, Ramos Padilla aclaró que no estaba convocando a una marcha específicamente, sino que solo estaba “insistiendo en el reclamo para que las manifestaciones populares sean pacíficas, evitando las provocaciones de la derecha”.

“Los Pueblos se expresan por decisión propia y tienen sus propios tiempos. El estado de derecho está gravemente dañado y la mayor responsabilidad recae en la los cortesanos, que ofenden constantemente los mandatos constitucionales, siempre en desmedro de más vulnerables. Las críticas maliciosas o las acusaciones infundadas no lograrán callarme”, agregó.

Luego de esto, el juez comenzó a retuitear varios comentarios de otros usuarios que respaldaron su idea y que, por ejemplo, consideraron que “una pueblada en defensa de valores democráticos, como es exigir una Justicia aplicada con imparcialidad y objetividad, no es violencia, es legítima defensa”.

Por la mañana, el propio Gobierno expresó su solidaridad con la Vicepresidenta durante la habitual reunión de Gabinete que se realizó en Casa Rosada, en la que, en esta oportunidad, se habló del veredicto que en menos de una semana dará a conocer el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2.

Primero fue el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el que aseguró: “Creo en la inocencia de la Vicepresidenta. Ahora esperemos que hable la Justicia”. Fue una expresión de defensa enmarcada por la moderación que siempre suele tener el dirigente tucumano en sus afirmaciones.

Juan Manzur y Eduardo "Wado" de Pedro en la reunión de Gabinete de este miércoles Juan Manzur y Eduardo “Wado” de Pedro en la reunión de Gabinete de este miércoles

Fue el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, dirigente de extrema confianza de la ex presidenta, el más duro en su intervención. “La persecución sobre Cristina no es algo que tenga que ver con delitos del código penal, sino que tiene que ver con el código electoral”, sentenció.

En ese sentido, sostuvo que “están persiguiendo a la dirigente de mayor volumen político de la Argentina” y a “una persona que fue dos veces presidenta y que es la actual Vicepresidenta, por las cosas que hizo bien”. De Pedro consideró que la persiguen por “recuperar los fondos para los jubilados y por haber implementado la Asignación Universal por Hijo”.

“La persiguen por poner la voz de toda la sociedad en la presencia de una dirigente que responde a la voluntad del pueblo y no a la de otros poderes”, sostuvo el dirigente de La Cámpora. Las apreciaciones toman otra relevancia porque las hizo en una conferencia institucional posterior a la reunión de Gabinete, y no durante una entrevista personal.

Por su parte, el ex líder piquetero Luis D’Elia también dedicó unos minutos de su editorial en Radio Rebelde para opinar sobre la situación judicial de la ex mandataria y aseguró que se reunirá con los delegados del Partido Miles, el espacio político que creó hace unos años, “para proponer que a partir del martes haya cortes de ruta en todo el país por tiempo indeterminado hasta que renuncie la Corte y derrotemos al plan lawfare”.

Luis D'Elia anticipó "cortes de ruta por tiempo indeterminado" (Gustavo Gavotti)Luis D’Elia anticipó “cortes de ruta por tiempo indeterminado” (Gustavo Gavotti)

“Voy a proponer esto y voy a hacer que a mano alzada y con una ovación, sea aprobada. Yo tengo mucho respeto por Ramos Padilla, pero no creo en esto de las marchas espasmódicas a Comodoro Py. Esto es un problema federal, de Ushuaia a La Quiaca”, precisó.

En este sentido, D’Elia consideró que “lo de Cristina es muy grave, porque no tienen ni una sola prueba en contra de ella y la van a condenar igual” y que “la quieren sacar de la cancha, viva o muerta”. “Esto se parece mucho al fusilamiento de Dorrego, a la caída de Perón, a capítulos que ya vimos”, señaló.

En tanto, el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés también aseguró que “no descartan una movilización” del oficialismo para el próximo martes 6 de diciembre, si es que finalmente la ex mandataria nacional es condenada.

“Me llama la atención que el Tribunal vaya a sacar una sentencia que anuncia para el día 6, siendo que los acusados están todavía expresando su posibilidad de defensa. Esto quiere decir que la sentencia la tienen escrita y no les conmueve absolutamente nada de lo que están manifestando en los alegatos. Esa es la prueba más palmaria de la cancha inclinada”, expresó el legislador en declaraciones a Futurock.

Asimismo, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni, siguiendo con las declaraciones de la propia Cristina Kirchner, sostuvo que el TOF N°2 es pero que un “pelotón de fusilamiento”, porque en el caso del tribunal “todos firman” la sentencia.

“Yo creo que esto está mostrando que estamos tocando fondo en materia de Justicia. Y no por responsabilidad positiva de todos los jueces de nuestro país. Pero sí por un grupo pequeño, ubicado en posiciones estratégicas”, cuestionó, durante una entrevista en AM 750.

FUENTE INFOBAE

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