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Politica

Un grupo mapuche ya recibió del Estado más de 100 millones

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Se trata de la comunidad Kaxipayiñ. Quiere sacarle 70 millones este año, pero YPF ahora se niega. Gabriel Cherqui, su cacique, anda en 4 x 4 y usa iPhone. Obligaba a la empresa a contratar a sus consultoras.

En la compleja diversidad de grupos mapuches de la Patagonia argentina hay comunidades pacíficas integradas (Paynemil, en Neuquén), algunas que usurpan territorios pero tienen el reclamo en una instancia institucional (Atilio y Rosa Curiñanco, que ocupan “tierras de Benetton”), otras altamente violentas y conectadas con grupos chilenos (el Pu-Lof de Cushamen, de la RAM, que está relacionada a la CAM), algunas promovidas por sectores kirchneristas (es el caso de la  familia que usurpó territorio junto al Lago Mascardi, impulsada por los Vaca Narvaja) y otros que directamente realizan negocios con prácticas extorsivas.

Es el caso de la comunidad Kaxipayiñ, liderada por el cacique Gabriel Cherqui, que se traslada en vehículos 4 x 4 de alta gama, usa como celular un iPhone último modelo y logró que el Estado argentino le aportara 111 millones de pesos en los últimos tres años, 24 millones en el 2014, 32 en 2015 y 55 millones en 2016. Antes viajaba en Audi, según dice la gente del lugar. Es el líder de la Confederación Mapuche de Neuquén, que no tiene autoridades constituidas desde 2011.

Se trata de un caso grave, porque a través de ramificaciones ya está afectando la producción de la zona, no solo en la exploración de petróleo, sino de manzanas, ganadería, vinos. Los tentáculos de este grupo llegaron a Trataren, una zona desértica de 1800 hectáreas que se volvió altamente productiva gracias al riego, donde otra familia supuestamente mapuche usurpó tierras donde está la boca de agua.

Lo que consignó el diario Río Negro, el 18 de mayo pasado, es que Diego Rosales y Martín Mardones comenzaron lo que denominaron su “reafirmación territorial”, con el apoyo de la Confederación Mapuche, asegurando que “vinimos a vivir acá mucho antes de que esta nueva conquista petrolera llegara”.  El pasado 19 de setiembre fueron desalojados por la policía local, pero los productores de frutales, bodegas y feedlot temen que vuelvan (pasó en otras ocupaciones) y que peligren sus inversiones.

Gabriel Cherqui

Gabriel Cherqui

Según la información que pudo obtener Infobae, Kaxipayiñ obtuvo para el año 2017 la oferta de recibir 1.4 millones de pesos por pozo, es decir, que alcanzaría a 19,6 millones en total, ya que tiene 14. Pero Cherqui triplicó la apuesta y pidió 5 millones por pozos, buscando totalizar 70 millones. Le pareció una cifra razonable en relación a lo que había cobrado en el 2016, sumado la inflación. YPF ya no se aceptó la escalada de extorsiones, hizo público por primera vez el conflicto, se retiró de la negociación y suspendió su proyecto productivo.

Cherqui es un personaje parecido a Omar “Caballo” Suárez, el sindicalista que hoy está preso en la cárcel de Ezeiza. Es dueño, a través de su esposa Valeria, de la empresa  La Lata SRL, con la que fue durante años  subcontratista de YPF. En el 2013 creó otra empresa, la firma Belcher. Para las tareas de saneamiento obliga a que se contrate la consultora, Femun, vinculada a políticos y sindicalistas de la provincia, por la que -hasta el año pasado- cobraron más de 9 millones de pesos. Y maneja otros negocios,  como el estacionamiento frente a la planta de gas TurboExpander y “peajes” adentro de los territorios de su comunidad.

Para permitir el ingreso de dos equipos de perforación a una zona comunitaria reclamó 50 millones de pesos adicionales. Fue el momento en que las nuevas autoridades de YPF consideraron que se trató de la gota que rebalsó el vaso. Hoy esos equipos están parados, perjudicando a la provincia de Neuquén, que podría perder en concepto de regalías más de 130 millones de pesos en los próximos dos años.

El argumento que utiliza Cherqui, por supuesto, es que viven en “territorios afectados por la contaminación de la actividad petrolera”, lo que llama la atención por varias razones. Primero, porque antes de que hubiera interés económico en el área no vivía ahí, luego porque impidieron toda tarea de saneamiento.

Lo insólito es que YPF logró sanear 370.000 metros cúbicos de suelos en los últimos 5 años en el área donde se encuentra otra comunidad mapuche, mientras que en el área de los Kaxipatiñ solo pudo sanear 4.170 metros cúbicos de suelo en el mismo período.

Algo similar sucedió cuando comenzó a desarrollarse el proyecto de Loma Campana en Vaca Muerta, con Chevron. No había en la zona reclamo alguno, ni asentadas comunidades en la zona, y se trataba de tierras fiscales. Pero volvió la familia Campo, que había dejado el lugar hacía 40 años y nunca había dicho que era mapuche, y está en una posición similar a la de la comunidad Kaxipauiñ, aunque con pocas posibilidades de ejercer ya la misma extorsión.

Es que cambiaron los responsables del área de superficiarios de YPF, y ahora están convencidos de que las indemnizaciones deben regirse según la tabla que fue realizada por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Agricultura, y no por esos valores exhorbitantes que se pagaron hasta el año pasado.

De hecho, YPF  no solo se negó a pagarle a la consultora Femun la última factura que presentó, sino que lo puso en un comunicado: “sus honorarios están muy por encima del promedio del mercado y se acrecientan a medida que más largo de hace el proceso de remediación y más muestras de laboratorio son requeridas“. También paró el proyecto de perforación después de que Cherqui pidiera 5 millones de pesos por pozo cuando, según lo que estipula la tabla, se deberían pagar 700 pesos a esos efectos.

No va a ser nada sencillo salir de este embrollo. A los problemas sociales, la desigualdad y la falta de educación de sectores postergados que parecen confinados a guetos de los que no quieren salir (“para muchos políticos es más fácil regalarles la leña para que pasen el invierno antes que enseñarles a conseguirla por ellos mismos”, dijo una de las fuentes), se le suma la vocación antisistema de sectores altamente politizados que cruzan demandas de derechos humanos con ambientales y ancestrales y logran importante respaldo en gente de buena fe de las grandes ciudades.

Pero algo más. Cualquier propietario responde con sus propios bienes ante un juicio contra YPF, por ejemplo. No es el caso de los bienes comunitarios, que son inembargables e inajenables, porque no le pertenece a ninguna persona física, sino a una comunidad. Es una legislación que hace justicia con comunidades que fueron condenadas a la marginación a la largo de la historia, pero que es aprovechada espuriamente por individuos que un día se ponen una vincha y un poncho y salen hacer negocios personales.

¿Cómo resolverlo? El problema mapuche hoy parece restringido a un problema de seguridad y es la expresión de un Estado que no se involucró en la resolución de los problemas sino que, más bien, parece que por acción u omisión, no hizo más que hacerlos cada vez más grandes. Veremos qué pasa una vez que el Ministerio del Interior convoque a los gobernadores de Chubut, Neuquén y Río Negro a discutir en serio este asunto. Tal vez sea el primer paso de algo que tardará años en resolverse. Mientras tanto, la pintada que apareció en el Mercado Comunitario de Bariloche, con el que se abre la nota, no deja de preocupar a las autoridades.

 

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Politica

EN MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE ECONÓMICA, EL KIRCHNERISMO PRESIONA EN EL SENADO PARA AVANZAR CON LA AMPLIACIÓN DE LA CORTE SUPREMA

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Mañana podría haber sesión especial en el la Cámara Alta para tratar el proyecto de ley que propone aumentar de 5 a 25 el número de jueces del Máximo Tribunal. Hay dudas sobre las posturas de los oficialistas Adolfo Rodríguez Saá y Marcelo Lewandowski, lo que complicaría el quórum y su aprobación.

FOTO TAPA : HORACIO ROSATTI (PRESIDENTE) CARLOS ROSENKRANTZ (VICEPRESIDENTE) JUAN CARLOS MAQUEDA RICARDO LORENZETT 4 nuevos integrantes de la corte suprema

Con la discusión por la modificación del Consejo de la Magistratura empantanada en la Cámara de Diputados, el kirchnerismo buscará avanzar mañana con otro proyecto de ley que busca modificar la estructura de la Justicia. En lo que será una nueva sesión especial, el oficialismo intentará darle media sanción al texto que amplía la cantidad de miembros de la Corte Suprema y lo lleva de cinco a veinticinco jueces.

El proyecto de ley presentado por el Frente de Todos, a pedido de 16 gobernadores del oficialismo y que cuenta con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, está pronto a ser debatido mañana, ya que el dictamen fue firmado el último miércoles, tras una audiencia de la que participaron siete gobernadores del oficialismo que se presentaron para darle respaldo a la medida.

La duda que persiste es si el kirchnerismo cuenta con el número necesario para poder darle media sanción a la norma, ya que algunos senadores aún no hicieron público su posicionamiento.

(Gustavo Gavotti)(Gustavo Gavotti)

El interbloque del Frente de Todos está compuesto por 35 senadores y, para lograr la media sanción, necesita que estén todos presentes y sumar otras dos voluntades; en ese rol suelen aparecer el rionegrino Alberto Weretilneck, la misionera Magdalena Solari Quintana y la riojana Clara Vega.

Según confiaron fuentes palaciegas, la misionera Solari Quintana acompañará al oficialismo y el rionegrino Weretilneck va con un proyecto propio: propone una Corte de 16 miembros. En tanto, aún resta saber qué va a hacer la senadora Clara Vega: integra un monobloque y, aunque suele votar con el Frente de Todos, en esta ocasión presentó una iniciativa en la que sólo plantea la paridad de género, pero no el aumento del número de jueces.

Donde hay más incertidumbre es dentro del interbloque del Frente de Todos porque hay dudas respecto de lo que harán Marcelo Lewandowski y Adolfo Rodríguez Saá, ambos integrantes de la bancada del Frente Nacional y Popular que conduce José Mayans.

En el primer caso, las dudas sobre el santafesino se deben a que el gobernador de esa provincia, Omar Perotti, no firmó el pedido junto a los otros 16 gobernadores del PJ.

Marcelo Lewandowski  junto a Eduardo Kueider (Frente de Todos) y Carolina Losada Marcelo Lewandowski junto a Eduardo Kueider (Frente de Todos) y Carolina Losada

En el caso de Rodríguez Saá, la discusión parece ser menos más profunda. El puntano presentó un proyecto para llevar la Corte a 15 miembros, lo que demuestra su vocación de ampliar el Máximo Tribunal; sin embargo, la duda en el interbloque se debe a que su hermano, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, es uno de los impulsores del proyecto de un Tribunal con 25 miembros y “el Adolfo se opone a todo lo que venga del Alberto”.

En ese contexto, y por más que sume las voluntades de los senadores que están por afuera de los interbloques del oficialismo y la oposición, el Frente de Todos no contaría con el número necesario para lograr el quórum y su posterior media sanción.

“A esta hora, mañana hay sesión”, reflejó un senador kirchnerista tratando de explicar el estado de situación de las negociaciones. Por el lado de la oposición siguen de cerca las tratativas. “Pueden llamar a sesionar en cualquier momento”, admiten.

Los senadores de Juntos por el Cambio decidieron no asistir a las reuniones de comisión en las que se debatieron los proyectos y se presentaron especialistas como muestra del rechazo a la norma que impulsa el kirchnerismo en la Cámara Alta.

Mientras esperan el llamado de la Presidencia del Senado a sesionar, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, ya dejó en claro el posicionamiento que llevarán al recinto: “Mientras la zozobra de los cambios en Economía angustia a los argentinos, Cristina Kirchner impone en el Senado de la Nación la votación para la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Será el jueves. En medio de este clima, ellos están preocupados solo por eso”.

 

 

 

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Economia

AUMENTOS,VENTAS PARALIZADAS Y FALTA DE PRECIOS ANTE LA INCERTIDUMBRE ECONOMICA

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Los consumidores que intentan realizar compras en este día de incertidumbre económica, con un salto en la cotización del dólar blue, se encuentran con varias situaciones inesperadas: desde la suba de precios con respecto a los días anteriores —los “aumentos preventivos” que suelen aplicar los proveedores y comercios en días de mercados alterados— o directamente con la imposibilidad de concretar la compra.

“Me están enviando algunos notas de proveedores donde suspendieron las ventas o listas de precios nuevos. Es una incertidumbre total. Pero ¿quién se va a arriesgar a vender un producto que no tiene idea del precio y el mayor riesgo es que no lo va a poder reponer? Por lo tanto, es probable que haya un par de días con esta incertidumbre y problemas para realizar compras”, aseguró una fuente del sector comercial.

Siempre hay una sobrereacción de los mercados cuando no hay información. Se paraliza la economía unos días hasta que la cosa vaya aflojando (Otálora)

Estas situaciones se observaron en comercios del rubro de construcción, calzado y gastronomía. Desde comercios con las persianas bajas en las primeras horas de la mañana hasta páginas de comercio electrónicos con precios ya actualizados, los reflejos del sector empresario y comercial no fallan cuando se dan situaciones de subidas violentas del precio del dólar informal, como ocurrió en crisis anteriores.

“Siempre hay una sobrereacción de los mercados cuando no hay información. Todavía no habló la ministra, no conocemos a su equipo. Nadie asume para romper todo, pero esto es algo muy común: se paraliza la economía unos días hasta que la cosa vaya aflojando. Cuando hay desconocimiento es lo que suele pasar”, explicó el economista Mariano Otálora.

Desde la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) señalaron que hay varios comercios donde hoy no tienen precios de sus proveedores, como es el caso del rubro de electrónica. “No hay precios porque se está esperando a ver qué pasa. Para el pequeño comercio, de barrio, el stock es su capital y lo requiere para poder pagar servicios, alquileres e impuestos. Tiene que sentirse seguro que de lo que está vendiendo luego lo va a poder reponer”, indicó Fabián Castillo, titular de Fecoba.

“Además se vienen de una situación muy dura, donde más de 50.000 comercios en todo el país cerraron durante la pandemia y 15.000 en la ciudad de Buenos Aires. Hay más sensibilidad y son cuestiones que no son manejables por los propios comercios. En general tratan de esperar un poco a ver qué pasa, lo que es entendible para un pequeño comercio y pyme que no es formadora de precios”, agregó Castillo.

En tanto, desde las grandes cadenas de supermercados aseguraron que la actividad durante el comienzo del día fue normal y que no hubo más afluencia de compradores durante el fin de semana.

Esta semana, la secretaría de Comercio Interior confirmó que el programa de cuotas Ahora 12 se mantendrá vigente hasta el 31 de enero de 2023 (con la posibilidad de financiar compras en 3, 6, 12, 18 y hasta 24 cuotas fijas con tarjeta de crédito bancarias en 30 rubros).

Durante el primer semestre de este año, Ahora 12 registró 32 millones de operaciones por un total de $548.000 millones y un ticket promedio, en mayo de 2022, de $19.224. Los rubros que registraron mayores ventas mensuales son electrodomésticos (32%), indumentaria (29%) y materiales de la construcción (8%).

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Politica

MOVIMIENTOS SOCIALES RECLAMAN EL SALARIO BASICO UNIVERSAL A LA MINISTRA BATAKIS

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Tras varias semanas de tensión en el oficialismo por el reparto de los planes y en medio de la crisis política desatada a partir de la renuncia de Martín Guzmán, las organizaciones sociales arrancaron la semana marcándole la cancha a la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis.

“Querida, te banco fuerte, pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal. ¡Cazá la birome y no te demores por favor!”, dijo Juan Grabois, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

La implementación del Salario Básico Universal es un viejo reclamo de las organizaciones sociales al que también suscribe Cristina Kirchner. En su última aparición pública en Ensenada -el mismo día que renunció Martín Guzmán-, la vice dio el visto bueno a la propuesta.

“Creo que tenemos que empezar a rediseñar esta política. Pensar en un ingreso universal básico que no dependa del favor de nadie”, dijo sobre la medida que, en palabras de CFK, estaría destinada a los más de siete millones de trabajadores informales de la Argentina.

Esta iniciativa viene siendo reclamada por las organizaciones sociales y consiste en crear un ingreso fijo de carácter universal que permita cubrir el costo de la canasta básica alimentaria, y que eventualmente sería asignado a cambio de una contraprestación en forma de capacitación o trabajo.

La presión de Grabois a Batakis se da tras semanas de fuertes cuestionamientos de Cristina Kirchner a la administración de los planes que hacen las organizaciones sociales, que sonaron fuerte en esos sectores, en especial entre los más cercanos al “albertismo”, como el Movimiento Evita Barrios de Pie.

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