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UN PERITAJE IGNORADO PRUEBA EL “RECICLAJE” DE FONDOS DESDE EMPRESAS DE BÁEZ A CUENTAS DE LOS KIRCHNER

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Es el corazón de la apelación del sobreseimiento contra Cristina Kirchner y sus hijos por lavado de dinero; son 21 transferencias en 9 meses que evidencian una “trazabilidad del dinero espejada”, dicen los peritos

El corazón de la apelación para permitir la reapertura de la causa contra Cistina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia por lavado de dinero en Hotesur y los Sauces es un peritaje contable ignorado por los jueces que sobreseyeron a la vicepresidenta y su familia. El estudio muestra como el mismo día, en 21 ocasiones, el dinero que recibió Lázaro Báez de la obra pública con sobreprecios, terminaba en las cuentas de los Kirchner, luego de pasar por Valle Mitre, la gerenciadora de los hoteles presidenciales.

Según pudo saber LA NACION, esta es la llave del recurso que presentará el fiscal Diego Velasco entre mañana y el martes para conseguir que se haga el juicio oral y público contra la vicepresidenta y sus hijos Máximo y Florencia. Entre el 16 de octubre de 2012 y el 5 de junio de 2013 ingresaron a las cuentas de Hotesur y de los Kirchner $6.565.324, aunque los fiscales advirtieron que el dinero lavado es solo un mínimo porcentaje de la operación peritada.

Allí se ve con claridad la calesita que hizo el dinero que recibió Lázaro Báez por las obras públicas para ingresar desde su empresa Austral Construcciones, para ser girado luego a Valle Mitre y desde allí depositados en cuentas de Hotesur, en concepto de canon de alquiler. Un rulo que permitía el blanqueo de dinero que llegaba como una especie de retorno y era extraído en efectivo por la familia presidencial, constataron los peritos contadores.

El “reciclaje” de fondos, como lo denomina el auto de elevación a juicio del caso, sobre la base de este peritaje- no tenido en cuenta por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg a la hora de sobreseer a Cristina Kirchner- permite seguir la “trazabilidad del dinero que aparece espejada”. Es decir que “la plata ingresa desde Austral Construcciones en Valle Mitre y coincide con exactitud con los montos del alquiler de los hoteles de los ex presidentes, sale de las cuentas de Valle Mitre para el pago del canon a Hotesur, Los Sauces y llega a las cuentas personales de la familia Kirchner”.

Esta información, que es el centro de la argumentación del fiscal Velasco, ya la habían consignado en su auto de elevación a juicio los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, que consignaron el dinero era extraído en efectivo por los Kirchner, aún después de la muerte de Néstor Kirchner en 2010, en forma de créditos para ellos o sus empresas.

Pero esta tarea se hizo con una particularidad: así como se buscó borrar con liquid paper de los libros de Hotesur que Néstor Kirchner era accionista -indicaron los fiscales-, “aquí se buscó ocultar en los estados contables (que debían presentarse ante los organismos de control) a la ex mandataria [Cristina Kirchner] retirando los fondos que, luego del proceso de reciclaje, habían sido trasladados a la firma Hotesur”.

Así, luego de la muerte del ex presidente, entre el 1 de noviembre de 2010 y 31 de octubre de 2013, el crédito a favor de los Kirchner creció hasta llegar a los $9.756.118,27 en las cuentas personales de los socios y un préstamo de $950.000 a la firma Los Sauces, también propiedad de la ex familia presidencial.

Los peritos analizaron la vida de Hotesur y la dividieron en cuatro etapas. La tercera es la más interesante pues en ese período entre 2008 y 2013, Valle Mitre comienza a canalizarle un flujo de dinero fijo a Hotesur. Al inicio de la tercera etapa se producen dos acontecimientos que marcan un hito en la estrategia de negocios de la firma:

– El 7 de noviembre de 2008 se firma el boleto de compraventa de acciones de Hotesur, en donde Osvaldo José Sanfelice adquiere el paquete accionario en comisión de Néstor Kirchner.

– El 10 de noviembre de 2008 se firma el contrato de cesión de explotación comercial y activos de Hotesur con Valle Mitre.

En esta tercera etapa, donde los accionistas son los integrantes de la familia Kirchner y la explotación del hotel se encuentra a cargo de Valle Mitre, la obtención de ganancias se encuentra por encima del millón y medio de pesos anuales para Hotesur, y por encima de la rentabilidad promedio obtenida en períodos anteriores y posteriores. Y en esa etapa es donde se evidencia “el desorbitante monto pactado como canon”, constató el peritaje.

Los peritos concluyeron que una cuenta corriente del Banco de la Nación era la que recibía fondos de Austral Construcciones, para luego pagar los alquileres contratados con Hotesur, Los Sauces y Nestor Kirchner. “Lo expuesto no solo demuestra la desproporción en el canon abonado por la empresa Valle Mitre, sino que además corrobora que esos fondos provenían en espejo de las contratistas de obra pública vial y que incluso comenzaron a canalizarse en forma previa a la suscripción de la cesión y tan solo un día después de la compra del Hotel Alto Calafate, lo que demuestra que todo ello fue diseñado para intentar darle cierta apariencia de legalidad al proceso de reciclaje que se instrumentaba”, señala el auto de elevación a juicio ignorado por los camaristas que sobreseyeron.

Los jueces Obligado y Grunberg, quienes sobreseyeron a Cristina Kirchner.
Los jueces Obligado y Grunberg, quienes sobreseyeron a Cristina Kirchner.

El fiscal advirtió que en su hipótesis el dinero blanqueado con la maniobra no es proporcional al recibido por los empresarios beneficiados por los Kirchner con sus negocios, sino que es la suma que fue posible blanquear.

Un cuadro que acompaña el trabajo de los peritos muestra que entre el 16 de octubre de 2012 y el 5 de junio de 2013 se registraron 21 transferencias en las que hubo un ingreso de fondos de Austral Construcciones en Valle Mitre y el mismo día se da el egreso de fondos hacia Cristina Kirchner, Los Sauces y Hotesur.

La cuenta de lo ingresado desde Austral a Valle Mitre en esos cuatro meses da 6.610.000 pesos y lo sacado de Valle Mitre hacia los Kirchner da 6.565.000. Se trata de un cuadro de doble registro que da una suma de casi cero. En el sobreseimiento firmado por Grünberg y Obligado no se hace mención a este peritaje, ni tampoco a la firma Valle Mitre.

No todos los pagos estaban registrados, como había afirmado la defensa de Cristina Kirchner. Los documentos legales y comerciales de la firma Valle Mitre no estaban disponibles y los resultados del peritaje elaborado por peritos de partes y de la fiscalía coincidieron, según dijeron fuentes judiciales a este medio, en que no había elementos certeros para explicar la ausencia de esos papeles. Esta conclusión surgió de un adelanto del peritaje, que ya recibió la justicia hace tres meses, y que pronto, tal vez en marzo, será incorporado íntegramente al caso.

Además de involucrarse con la cuestión de fondo y hacer una valoración de la prueba que hay en los expedientes, Velasco también tiene intenciones de refutar el argumento de que se debió aplicar la ley más benigna, según supo LA NACION. Los jueces habían dicho en el fallo que cuando comenzaron a cometerse los hechos investigados, en 2008, regía una ley que no penaba el autolavado. El autolavado fue considerado delito recién en 2011. El argumento es que se trata de un delito continuo que no se detuvo, como lo evidencian la transferencias posteriores.

El peritaje sobre el flujo de fondos de Hotesur señaló que “a partir de la adquisición del paquete accionario en noviembre de 2008 y a lo largo de toda la relación contractual con la empresa de Lázaro Báez, la ex familia presidencial extrajo dinero de Hotesur por más de 10 millones de pesos en concepto de créditos a nombre de sus integrantes o de préstamos a favor de la empresa Los Sauces”. Esta misma mecánica perduró durante los años posteriores a la muerte del ex presidente, en tanto los accionistas -Cristina Fernández y sus dos hijos Máximo o Florencia Kirchner-continuaron retirando dinero de Hotesur, aunque con una diferencia: en los estados contables no se especificó el destinatario de los fondos, sino que se limitaba a señalar que se trataba de cuentas particulares de los socios.

En Hotesur, los socios retiraban dinero como de una caja. “Cuando los socios intervienen en los movimientos financieros en forma prácticamente habitual, la sociedad se convierte en un mero vehículo de transferencia de fondos desde las operaciones que ella realiza hacia las personas físicas que actúan en calidad de socios”, dijeron los peritos. “La persona jurídica Hotesur y su contabilidad se terminan confundiendo con la de los accionistas de la empresa (personas físicas), pues la práctica de ingresar y retirar dinero en forma habitual en una sociedad, como si fuera una caja, evidencia una unidad tal que quienes se encargan del gobierno también lo hacen de la administración, y sus créditos personales conforman, según sostuvieron los peritos contadores, la mayor parte del activo de la empresa”.

El fiscal trabaja contra reloj. El plazo para recurrir el sobreseimiento dictado por Grunberg, y Obligado, con la disidencia de la jueza Adriana Palliotti, se vence esta semana que comienza en las dos primeras horas del martes de atención al público en los tribunales. Además de la fiscalía puede apelar sobreseimiento el otro acusador público en el juicio, que es la Unidad de Información Financiera (UIF), que pidió el sobreseimiento de la vicepresidenta, por lo que se descuenta que dejará pasar el plazo sin presentar nada.

Una vez que la fiscalía recurra, el Tribunal Oral Federal N° 5 debe decidir si concede ese recurso para que lo analice la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal por debajo de la Corte. El Tribunal Oral Federal N° 5 tiene otra integración ahora, porque Grunberg -que era suplente- se fue y asumió en su lugar Fernando Canero. Los jueces deben decidir si le abre la puerta para que el recurso siga su camino de revisión o si por el contrario se la cierra y el fiscal debe ir en queja. Lo más habitual es que estos recursos se concedan.

Los jueces que deberán revisar con estos argumentos el sobreseimiento de Cristina Kirchner son los que integran la Sala I de la Cámara de Casación Penal, Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa. Los dos primeros son más técnicos y con tradición tribunalicia, mientras que Figueroa que no oculta sus simpatías por el kirchnerismo y es promotora de las denuncias contra el gobierno de Mauricio Macri por presionar a los jueces.

El caso, una vez que llegue a la Casación, tendrá un trámite largo: primero se le notificará al fiscal de Casación ante esta sala que es Mario Villar, que tiene tres días para decidir si sostiene el recurso de su colega Velazco.

Villar va a sostener la apelación y reforzar con renovados bríos la acusación. A partir de ese momento correrá un plazo que se denomina “de oficina” donde las partes pueden revisar los argumentos y el caso. Al cabo de eso, el tribunal debe convocar a una audiencia donde los fiscales sostendrán su acusación y los defensores las refutarán. Esa audiencia puede ser oral y pública o se puede reemplazar por la presentación de un resumen escrito. Los plazos no dan para que esta audiencia se fije en este año, por lo que se descuenta que se realizará recién en 2022 una vez que termine la feria judicial de verano, avanzado febrero.

Luego de esa audiencia, el tribunal estará en condiciones de decidir si confirma el sobreseimiento de Cristina Kirchner y sus hijos o si por el contrario ordena realizar el juicio oral y público.

Candela IniHernán Cappiello

FUENTE : LA NACION

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LA JUSTICIA ARGENTINA IMPUTÓ POR TERRORISMO AL PILOTO IRANÍ DE UN AVIÓN VENEZOLANO VARADO EN BUENOS AIRES

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La fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires.

FOTO TAPA : Gholamreza Ghasemi

La fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con posibles actos de terrorismo. También imputó al resto de los tripulantes de la aeronave retenida en Buenos Aires, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

“Con el avance de las tareas investigativas llevadas aquí adelante, surgieron varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, dice el dictamen de la fiscal.

Y agrega: “Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”.

Luego de recibir el informe del FBI que confirma la vinculación directa del piloto del avión de Emtrasur, Gholamreza Ghasemi, con las Fuerzas Quds, la división de la Guardia Revolucionaria iraní especializada en operaciones de inteligencia, y con Hezbollah, el juez Federico Villena le corrió vista a la fiscal el fin de semana “para delimitar el objeto procesal”.

La fiscal ya había impulsado la investigación el lunes pasado, pero en ese momento no había pruebas concretas contra la tripulación.

En una semana, el juez Villena ordenó unas 60 medidas de prueba y el expediente suma ocho cuerpos. Muchas de ellas todavía no llegaron al juzgado. El magistrado espera con expectativa un informe definitivo sobre los teléfonos y las tablets secuestradas a los tripulantes. Los informes preliminares hasta ahora no arrojaron pruebas contundentes para el expediente. También está pendiente el análisis de las dos “cajas negras” del avión.

FUENTE : INFOBAE

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LA CORTE SUPREMA RECHAZARÍA LOS PLANTEOS DE CRISTINA KIRCHNER EN EL CASO DE LA OBRA PÚBLICA ENTREGADA A LÁZARO BÁEZ

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Será a pocos días de los alegatos en el juicio por los contratos concedidos al empresario en Santa Cruz durante el gobierno kirchnerista. Los delitos investigados son asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

Si bien no parecerá una sorpresa para quienes siguen los movimientos judiciales, la noticia tendrá impacto político apenas quede firmada. Es que la Corte Suprema de Justicia se prepara en las próximas horas para responder los planteos que hizo la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros acusados en la causa por por la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Todos los indicios señalan que el máximo tribunal rechazaría los planteos, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

La decisión estará en manos de los integrantes del máximo tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que apenas unos días antes de que aquel juicio se iniciara, en mayo de 2019, cuando nada hacía prever que Cristina Kirchner anunciara su regreso a la fórmula presidencial y pusiera el nombre de Alberto Fernandez para el titular del Ejecutivo, solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 que le remitieran el expediente para analizar las impugnaciones de los acusados. En aquel momento, se especuló con que el juicio no se iniciara y la noticia provocó revuelo. Rápidamente, la Corte devolvió el expediente y los jueces dieron inicio al debate, con Cristina Kirchner, y sentada en el banquillo de los acusados. “El pedido de autos solicitados por esta Corte no suspende el juicio oral en trámite”, dijo en aquel momento el tribunal.

Son varias las impugnaciones (ocho al menos) que la defensa de la vicepresidenta planteó contra su acusación. Entre ellos aparece un recurso de queja contra un rechazo a diversas medidas de prueba tras un informe de la Oficina Nacional de Presupuesto, el antecedente de un sobreseimiento en Santa Cruz y otro porque se le impidió un peritaje más amplio sobre las obras que tomó como base la acusación. Es que sólo se analizaron cinco de las 51 obras bajo la lupa.

La versión de que la Corte Suprema rechace los recursos de la vicepresidenta no resultará una sorpresa para su entorno. No solo porque la ex jefa de Estado está convencida que existe “lawfare” en su contra. Es que hay otros fallos sobre los que se pronunció el máximo tribunal que podían servirle de vaticinio: el 16 de diciembre de 2021, el mismo día en que declaró la inconstitucionalidad del hoy ya viejo Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema rechazó por unanimidad el recurso de queja presentado por Sergio Urribarri, en la causa que investigaba el presunto desvío de fondos del ex gobernador de Entre Ríos en la campaña presidencial en 2015. El rechazo fue formal, por no estar dirigido contra una sentencia definitiva. En esa causa tampoco se vio un gravamen irreparable que pudiera habilitar la revisión del máximo tribunal.

Los jueces de la Corte Suprema: Maqueda, Rosatti, Lorenzetti y RosenkrantzLos jueces de la Corte Suprema: Maqueda, Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz

La Corte Suprema tenía decidido resolver los planteos en el juicio de la obra pública antes de que el debate llegara a su final. Precisamente, ese debate entró en etapa de definiciones: los alegatos comenzarán el 11 de julio próximo. La Oficina Anticorrupción ya no será parte del debate porque la semana pasada anunció que se retiraba del proceso y por lo tanto de la eventual acusación. Al inicio de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el organismo que dirige Felix Crous ya había decidido renunciar a todas las querellas de la causas en trámite contra la Vicepresidenta y sus hijos

Este el único juicio oral que hasta el momento enfrentó la ex jefa de Estado. El debate comenzó en mayo de 2019, apenas días después de que Cristina Kirchner anunciara la formula presidencial con Alberto Fernández. Junto con la vicepresidenta están acusados otras 12 personas. Entre ellas Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz. La imputación es que desde los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner las empresas de Báez recibieron 51 obras públicas para Santa Cruz de manera irregular porque se otorgaron con sobreprecios, sin que las compañías tengan la capacidad para hacer las obras o porque cobraron la totalidad antes sin terminarlas. Se juzgan los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

Después de tres años de juicio oral, el TOF a cargo de Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso terminó con la ronda de testigos y fijó para el 11 de julio el inicio de los alegatos. El orden de acusaciones empezaba con la Unidad de Información Financiera y luego con la Oficina Anticorrupción -que ya se retiró- y después le tocará al fiscal Diego Luciani, que guarda bajo siete llaves los detalles de la lectura de pruebas que hará el Ministerio Público sobre el trámite de la causa. Será el momento en que se defina si la fiscalía acusa a la vicepresidenta. Los delitos en juego hacen pensar que podría pedirse una pena de entre los 5 y 16 años de prisión. Luego hablarán las defensas para rechazar las imputaciones. Se estima que el veredicto podría llegar antes de fin de año.

Quizás el momento más recordado del debate hasta ahora haya sido el día que le tocó declarar a Cristina Kirchner como imputada. Fue en diciembre de 2019, una semana antes de regresar al poder. “Este es un tribunal del lawfare que seguramente tiene la condena escrita. A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, dijo parándose y dando por terminada su declaración ante la mirada incrédula de los miembros del tribunal. Luciani insistió en saber si la imputada iba a responder preguntas. La ex presidenta volvió sobre sus pasos, se acercó al micrófono y respondió: ” ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”.

 

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LA CORTE SUPREMA DECLARÓ INCOMPETENTE AL JUEZ KREPLAK

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El juez federal Ernesto Kreplak fue desplazado de la intervención del Soeme y expuesto por mal desempeño de funciones, luego de que el Máximo Tribunal determinara que “excedió el marco de su competencia” y que “sus decisiones no deben proyectarse sobre aspectos inherentes a la definitiva normalización del sindicato involucrado”.

Declararon incompetente al juez federal Ernesto Kreplak para intervenir el Sindicato de Obreros y Empleados de Educación y Minoridad (Soeme). Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia poniendo un límite al avasallamiento y persecución sindical llevada adelante por este juez que operó como un “Kapo” colaboracionista de la “Gestapo” antisindical macrista.

De esta manera se confirma que la intervención impulsada por Ernesto Kreplak el 29 de enero del 2018 al Soeme fue un violento atentado contra la libertad sindical consagrada en la Constitución Nacional, los tratados con jerarquía constitucional y los artículos 1 a 9 de la Ley 23.551. Representó, al mismo tiempo, la neutralización de la representación de los trabajadores en las negociaciones paritarias con los distintos perjuicios que de ello se deriva. Se trató, como se expone, de un verdadero copamiento arbitrario de un sindicato por parte de un juez sin competencia en la materia.

El documento de la sentencia de la Corte Suprema indica: “En la presente causa se ha suscitado un conflicto entre una magistrada nacional ordinaria (jueza Analía Vigano del Juzgado de Tra­bajo nº 31) y un magistrado federal con asiento en una Provincia (Ernesto Kreplak) . En tanto, la primera sostuvo que las cuestiones relacionadas con la normalización de la entidad sindical son de exclusiva competencia del Ministerio de Trabajo de la Nación y le solicitó al juez federal que se abstuviera de involucrarse en ellas”.

Ante el conflicto judicial y las reiteradas denuncias por parte de las integrantes de la comisión directiva desplazada del Soeme, Alicia Mercedes Velich y Mirta Susana Mariño, el máximo tribunal de Justicia determinó que “el magistrado federal debe circunscribir su actuación jurisdiccional al objeto de la pesquisa penal, de tal forma de evitar que sus decisiones se proyecten sobre aspectos inherentes a la definitiva normalización del sindicato involucrado”.

De este modo, se confirma que el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, abusando de su poder jurisdiccional, arremetió contra la libertad, la autonomía y la democracia sindical. Arbitrariamente decidió desconocer los mandatos establecidos de forma democrática a través del voto de los afiliados sin tomar en cuenta la reglamentación estatutaria de la propia entidad.

Diario Hoy habló esta mañana con el abogado Alejandro Belfer y destacó que el juez Kreplak cometió “prevaricato”, agregando que tampoco “va a quedar así” ya que iniciarán acciones contra el magistrado por tomar decisiones arbitrarias respecto a la intervención del sindicato SOEME.

A su vez, agregó también que la decisión está tomada y no existe ningún tipo de apelación para que se revierta la resolución tomada por la Corte Suprema.

El expediente

La causa contra el Soeme se inició por un requerimiento de la AFIP entre el 2012 y 2013, para poder disponer de toda la documentación relevante al manejo del sindicato, en el contexto de una de las tantas inspecciones que suele realizar la Agencia Federal de Ingresos Públicos. Sin embargo, fue la misma AFIP la que tiempo después reconoció ante el Juzgado 3 de La Plata que encabeza Ernesto Kreplak, que no existía ningún tipo de interés fiscal, es decir que no había ninguna pretensión fiscal pendiente de satisfacción por parte de la entidad sindical (Soeme). Pese a ello, el juez optó por darle un giro a la investigación, desnudó su verdadero objetivo procesal, y direccionó la investigación de forma arbitraria y persecutoria.

Repasando el expediente que constituyó parte de la causa, el 15 de abril de 2019 la jueza laboral Analía Vigano hizo lugar al pedido de la parte actora y le solicitó al juez federal que se abstuviera “de intervenir en las controversias inherentes a la vida interna de la asociación gremial, como lo constituye en el caso la normalización de la misma mediante el llamado a elecciones de los afiliados, lo que resulta de exclusiva competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y, en su caso, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”.

Ese mismo día, el juez federal dispuso el llamado a elecciones para cargos directivos del Soeme a celebrarse el 5 de agosto siguiente, sin considerar el pedido de la jueza. El 17 de julio de 2019, ante un nuevo planteo de las actoras, la jueza laboral resolvió, con el carácter de medida cautelar, suspender las elecciones convocadas por el juez federal señalando que “este había excedido el marco de su competencia al involucrarse en ese tipo de cuestiones inherentes a la vida interna de la asociación gremial”. Pese a ello, el 5 de agosto se llevaron a cabo las elecciones.

“Y el 4 de septiembre siguiente el juez federal rechazó el planteo inhibitorio y remitió el incidente ante esta Corte, dando noticia a su par del fuero laboral, quien también remitió a este Tribunal las actuaciones que obraban en su poder”, continúa el documento.

Finalmente, ante una nueva petición efectuada por Velich y Mariño, y también por el ministerio de Trabajo de la Nación, quien sostuvo que las autoridades electas no habían podido asumir sus funciones en virtud del conflicto jurisdiccional que estaba pendiente de decisión ante la Corte, el 5 de mayo de 2020 la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decretó, con el carácter de “medida cautelar innovativa”, la intervención del sindicato y, por ende, la suspensión provisoria en el ejercicio de sus funciones de la totalidad de las autoridades electas.

Ante dichas circunstancias, la Corte determinó que “al respecto, se aprecia que el argumento que fue invocado por el juez federal para disponer la intervención del Soeme, en modo alguno pudo dar sustento a una actuación de ese magistrado que fuera más allá de tales cometidos avanzando sobre la normalización del sindicato intervenido”. Y que “claramente asistió la razón a la jueza laboral al señalar que es la autoridad administrativa del trabajo a quien compete en exclusiva el control de las asociaciones sindicales la que está legalmente facultada para adoptar medidas tendientes a la normalización de un sindicato a través de la convocatoria a elecciones”.

“En tal sentido, el magistrado federal debe circunscribir su actuación jurisdiccional al objeto de la pesquisa penal, de tal forma de evitar que sus decisiones se proyecten sobre aspectos inherentes a la definitiva normalización del sindicato involucrado.”, finaliza la sentencia.

Una amenaza a la libertad gremial

La maniobra de Kreplak resultó una verdadera amenaza para todas las organizaciones gremiales que se rigen por sus estatutos, elecciones internas y por el mandato soberano de sus afiliados. De no haber sido denunciado Kreplak, el caso del copamiento del Soeme habría podido ser el primero de muchos otros casos en los que un juez federal decidiera tomar un sindicato para elegir de forma autoritaria sus destinos, expulsando a las autoridades debidamente electas y designando en su reemplazo a quienes su antojo le indicara.

Este fallo reviste un inconmensurable interés institucional pues constituye un precedente que permitirá evitar futuros intentos de intervención a otros sindicatos u organizaciones gremiales pudiendo aquellas tomar el caso del Soeme como ejemplo de lo que no debe ocurrir entre la Justicia penal y la libertad sindical.

El logro obtenido para salvaguardar las libertades sindicales en el Soeme tiende a ser una victoria de toda la clase sindical argentina ante el atropello, abuso de autoridad y el desconocimiento de las normas estatutarias que rigen la actividad y el funcionamiento de un gremio por parte de un juez federal que desnudó su ignorancia y dejó expuesta su animosidad encarnizada contra el ingeniero Marcelo Balcedo, que se encuentra cada vez más cerca de recuperar la conducción del Soeme.

FUENTE : DIAROIOHOY.NET

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