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Un silencio atronador allana el avance de Maduro hacia su golpe final

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Venezuela se encamina hacia un nuevo salto al vacío en ese precipicio sin fondo en el que viene derrapando hace años y del que nada ni nadie parece poder rescatarla.

El último huevo de la serpiente acaba de ser fertilizado ante la indiferencia de los líderes regionales que todavía mantienen alguna sintonía con Nicolás Maduro.

Dejemos por un momento de lado los capítulos cotidianos de la hecatombe económica y social en que ha derivado el experimento bolivariano, con sus más de 5 millones de venezolanos en el exilio y el 80% de los que aun permanecen en el país sumidos en la pobreza y la lucha cotidiana por la subsistencia. Incluso en un continente acostumbrado a los altibajos constantes, la tragedia del desbarranco venezolano no registra antecedentes. La más reciente imagen del descalabro son las largas filas en las gasolineras para conseguir unas gotas del combustible importado de emergencia desde Irán, ante el desabastecimiento en un país que llegó a ser el segundo productor petrolero del mundo y donde la gasolina siempre fue mucho más barata que el agua.

Este drama sería más tolerable, por cierto, si en Venezuela funcionaran las instituciones de una república, si las libertades civiles no hubiesen sido conculcadas y no hubiera, al día de hoy, 424 presos políticos, según el conteo actualizado que lleva el Foro Penal Venezolano. Si una mayoría de los venezolanos hubiese elegido a Maduro en elecciones libres y democráticas y los partidos políticos pudieran funcionar con libertad y competir en igualdad de condiciones en los próximos comicios, habría una luz de esperanza al final del túnel. Pero nada de eso ocurre hace tiempo en la tierra de Simón Bolívar.

Para no remontarnos a la larga historia de la degradación paulatina de las libertades civiles bajo los gobiernos de Hugo Chávez y pasando por alto la oscura elección en la que su heredero menos lúcido retuvo el poder por algo más de un punto porcentual (según el escrutinio oficial) en 2013, sólo recordemos que hace dos años Maduro se hizo “reelegir” mientras los dirigentes opositores más reconocidos estaban proscriptos, presos o exiliados, los principales partidos políticos eran forzados a desertar de los comicios tras la imposición de requisitos absurdos para registrarse y con el ingreso prohibido para los veedores electorales internacionales de mayor prestigio. Aun en esas condiciones, menos del 30% de los venezolanos le habrían dado el 20 de mayo de 2018 su apoyo a Maduro de acuerdo al escrutinio oficial.

Como era lógico, aquellas elecciones no fueron reconocidas por la gran mayoría de las democracias occidentales. En enero de 2019, cuando Nicolás -como lo llaman en las calles de Caracas- quiso asumir su segundo mandato sostenido por el resultado de aquella parodia comicial, el quiebre fue inevitable. Como lo establece la Constitución Venezolana, la Asamblea Nacional erigió a su líder, Juan Guiadó, como presidente interino, a cargo de normalizar el funcionamiento institucional y convocar a nuevas elecciones democráticas. Desde entonces, Venezuela permanece en el limbo de un país partido en dos. Con un Presidente interino, reconocido por más de 60 naciones -incluidas casi todas las del continente americano, la Unión Europea y Japón- pero con ninguna capacidad real de acción. Y un gobernante de facto aferrado a su sillón en el Palacio de Miraflores con el respaldo de las Fuerzas Armadas, el apoyo ideológico en el continente de Cuba y Nicaragua y un último sostén económico de Rusia, China e Irán que esquivan como pueden las sanciones internacionales que va acumulando el régimen chavista.

Indira Alfonzo, la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral designada por la Corte Chavista, fue sancionada por el gobierno de Canadá por haber facilitado junto a otros funcionarios la reelección fraudulenta de Maduro en 2018. (REUTERS/Manaure Quintero)Indira Alfonzo, la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral designada por la Corte Chavista, fue sancionada por el gobierno de Canadá por haber facilitado junto a otros funcionarios la reelección fraudulenta de Maduro en 2018. (REUTERS/Manaure Quintero)

Maduro aprendió a sacarle jugo a la grieta geopolítica mundial. Donald Trump, Angela Merkel, Vladimir Putin y Xi Jinping pueden tirar y aflojar de esa cuerda. Nicolás, no. Necesita extremar la disputa bipolar para utilizar a las potencias enemigas como justificativo retórico de sus desgracias y seducir a las amigas como pata sudamericana de sus proyectos expansionistas.

En el medio han quedado un puñado de gobernantes y dirigentes de peso en el continente que fueron muy cercanos a Chávez, que no sienten el mismo aprecio ni respeto por Maduro, pero apenas se atreven a reconocer entre susurros algunos “desvíos” en sus acciones. El involucramiento activo del progresismo democrático para tratar de enderezar el derrotero bolivariano tendría un valor innegable. Pero una y otra vez prefieren mirar hacia otro lado y hacerse los distraídos cuando las papas queman y el régimen avanza en nuevas tropelías. Se trata del cuarteto integrado por los presidentes de Argentina y México, Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, y los ex mandatarios de Brasil y Ecuador, Lula da Silva y Rafael Correa, que aún conservan un amplio predicamento en sus países y entre las fuerzas progresistas.

Aferrado al sillón del Ejecutivo y con los jueces en su puño hace años, el Legislativo es el único poder del Estado que le presenta resistencia a Maduro desde que la oposición obtuvo la mayoría en las elecciones de 2015, las últimas con cierto grado de fair play. Nicolás, por supuesto, no lo puede tolerar. Ha intentado todo tipo de maniobras para licuar su poder y anular su funcionamiento, pero ahí siguen los legisladores resistiendo como pueden, obligados muchas veces a sesionar en otros edificios cuando las fuerzas de seguridad del régimen les impiden el acceso al Palacio Legislativo.

Pese a que el reclamo de la oposición y de la comunidad internacional es que en Venezuela se realicen de una vez elecciones presidenciales democráticas, Maduro sólo ha aceptado que se hagan este año comicios parlamentarios. Anunció que serán en diciembre -todavía sin fecha precisa- y empezó a montar su ingeniería para de una vez por todas acabar con esa piedra en el zapato y que el Parlmento quede en sus manos, aun cuando en ninguna encuesta el apoyo a su gobierno supera el 20% entre los venezolanos que aún viven en su país, ni hablar si se permitiera el voto de los que están en el exilio.

El plan ya quedó al descubierto. Hace dos semanas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista tomó para sí la atribución de designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (la autoridad comicial) que por ley le corresponden al Congreso. ¿La justificación? Que los diputados todavía no habían llegado a un acuerdo para los nombramientos. Por supuesto, las cinco autoridades electorales designadas por el TSJ son fervientes chavistas o aliados confiables.

Como si fuera poco, a la semana siguiente el TSJ tomó otras dos resoluciones brutales: la intervención de los dos principales partidos opositores, Acción Democrática y Voluntad Popular, designando en ambos una nueva cúpula cercana al chavismo.

Nicolás Maduro asistió como invitado a la ceremonia en la que López Obrador asumió como presidente de México en diciembre de 2018 (Foto: Presidencia de México)Nicolás Maduro asistió como invitado a la ceremonia en la que López Obrador asumió como presidente de México en diciembre de 2018 (Foto: Presidencia de México)

En este punto, es inevitable recordar el caso boliviano. Aclaremos: Evo no es Nicolás. El gobierno de Morales logró un éxito económico, político y de integración social sin precedentes en Bolivia que le permitió gozar durante un largo período de un apoyo creciente entre los bolivianos. Pero en simultáneo, floreció durante su gestión un rasgo personalista y autocrático compartido con el chavismo y otros gobiernos de la llamada “marea rosa” latinoamericana. En plena efervescencia, Morales reformó la Constitución, logró su reelección, consiguió un aval judicial para convertir su segundo período en el primero con la nueva Carta Magna y así volver a presentarse para un tercer mandato. Y cuando llegaba finalmente el tiempo del relevo, organizó un referendo para modificar nuevamente la Constitución y volver a postularse a un cuarto período. Perdió. Pero decidió ignorarlo. Con el resultado electoral en contra, el desgaste de más de una década en el poder y su popularidad en baja consiguió igualmente que los jueces amigos lo habilitaran a presentarse. Así marchó, contra y viento marea, ante el descontento de una porción mayoritaria de los bolivianos que se sentía estafada y el silencio complaciente de sus aliados regionales, a buscar su re-re-reelecciónLa catástrofe estaba en marcha.

Que quede claro: el actual drama boliviano no comenzó ni en las elecciones del 20 de octubre pasado (que muchos veedores internacionales consideraron fraudulenta) ni el 10 de noviembre, cuando Evo Morales presentó su renuncia después de 20 días de protestas y enfrentamientos violentos en las calles y los pedidos de dimisión de sus históricos aliados de la Central Obrera Boliviana y el jefe de las Fuerzas Armadas (que muchos consideraron un golpe de Estado). Aquel fue el desenlace de un largo proceso en el que el ex presidente torció la ley y violó la voluntad popular sin que ninguno de los gobiernos cercanos le advirtiera que caminaba hacia un precipicio. ¿No es acaso ése el rol de los amigos? Aquí es donde la parábola venezolana parece hermanarse con la boliviana.

Tras las últimas maniobras del TSJ chavista, alzaron su voz con diferentes matices Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima y el de Contacto. Todos advirtieron lo que es evidente: que este nuevo atropello apaga cualquier expectativa de una elección legislativa justa y transparente. Maduro ya parece cómodo con el desafío de esos contrincantes, a los que respondió con sus habituales sarcasmos.

Más angustiante es que, otra vez, no haya habido ninguna reacción de parte de los gobiernos de Argentina y México, los de mayor peso regional entre quienes conservan alguna confianza en que Maduro pueda conducir la crisis venezolana hacia una salida democrática. Nada se escuchó tampoco de parte de Lula da Silva y Correa, que se mantienen como voceros muy activos de la izquierda latinoamericana. Tampoco del Grupo de Puebla, que integran todo ellos junto a otros políticos e intelectuales progresistas del continente.

Hay un excusa que se repite por lo bajo en sus entornos: cualquier gesto público de condena a Maduro significa “hacerle el juego a la derecha”. Persiste también en sus frentes políticos, aunque se diga menos, un vínculo emocional y simbólico con lo que fue en sus inicios el sueño bolivariano. Todo aquello parece menor, de cualquier manera, ante la desgracia y la miseria a la que fueron arrojados millones de venezolanos por un clan gobernante que hace mucho abandonó cualquier proyecto progresista en pos de su propia supervivencia.

Alberto Fernández, Néstor Kirchner y Hugo Chávez, en noviembre de 2005.Alberto Fernández, Néstor Kirchner y Hugo Chávez, en noviembre de 2005.

Si nada hace modificar la hoja de ruta trazada por el régimen, el destino ya está escrito: en diciembre tendrá lugar una nueva parodia electoral que le permitirá a Nicolás quedarse con el único poder del Estado que aún no controla. Los venezolanos verán cerrarse así el último resquicio de la democracia representativa en su país.

¿Se espera que lo toleren mansamente? ¿Hasta cuando podrán aguantar esa burla permanente? ¿No aprendimos nada del caso boliviano? ¿Otra vez jugamos con fuego en Sudamérica pensando que no nos vamos a quemar?

Hay silencios que se oyen. Algunos aturden. Alzar la voz tarde, cuando la situación se desmadre, será hipócrita. Apenas volver a llorar sobre la leche derramada.

lmindez@infobae.com
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FUENTE : INFOBAE

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Human Rights Watch denunció que Azerbaiyán utiliza munición de racimo en áreas residenciales de Nagorno Karabaj

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Human Rights Watch denunció que Azerbaiyán utiliza munición de racimo en áreas residenciales de Nagorno Karabaj

Con una investigación in situ en la región de Nagorno Karabaj en octubre de 2020, Human Rights Watch (HRW) logró detectar cuatro incidentes en los que tropas de Azerbaiyán dispararon municiones de racimo, ampliamente prohibidas por el derecho internacional, en áreas residenciales.

“El uso continuo de municiones de racimo, particularmente en áreas pobladas, muestra un desprecio flagrante por la seguridad de los civiles”, declaró este viernes Stephen Goose, director de la división de armas de HRW y presidente de la Coalición contra las Municiones de Racimo. “Las municiones de racimo nunca deben ser utilizadas por nadie bajo ninguna circunstancia, y mucho menos en las ciudades, debido al daño previsible e inaceptable a los civiles”, explicó.

Cuerpo de un cohete de la serie LAR-160, utilizado por Azerbaiyán, en un barrio residencial de Stepanakert. © 2020 Human Rights WatchCuerpo de un cohete de la serie LAR-160, utilizado por Azerbaiyán, en un barrio residencial de Stepanakert. © 2020 Human Rights Watch

En los combates entre Azerbaiyán y los habitantes armenios de Nagorno-Karabaj, que se encuentra en su peor conflicto en más de 25 años, HRW está investigando si todas las partes se adhieren al derecho internacional humanitario, que exige que las fuerzas armadas distingan en todo momento entre combatientes y civiles.

Miembros de la reconocida ONG examinaron los restos de cohetes, los impactos y los restos de las submuniciones que explotaron y otras que fallaron en varios lugares de Stepanakert, el centro administrativo de Nagorno Karabaj. También estudiaron fotografías tomadas en la ciudad de Hadrut de un cohete y submuniciones que explotaron y una submunición defectuosa que no estalló, y habló con seis personas que presenciaron los disparos.

El patrón distintivo de una submunición de doble propósito M095 impacta en el suelo junto con su cinta de color rosa en Stepanakert © 2020 Human Rights Watch.El patrón distintivo de una submunición de doble propósito M095 impacta en el suelo junto con su cinta de color rosa en Stepanakert © 2020 Human Rights Watch.

Residentes de Stepanakert dijeron a los investigadores que los ataques con municiones de racimo comenzaron la mañana del 27 de septiembre en una zona residencial a no más de 200 metros de la oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja.

“Los niños empezaron a gritar y todo el mundo entró en pánico cuando las bombas empezaron a caer. Abrimos las ventanillas y vimos que los coches se estaban quemando. Vimos que tenían cositas rosadas que las hacían arder, así que corrimos al sótano”, contó una mujer de 69 años que al momento del ataque se hallaba en el cuarto piso de un edificio al lado de donde HRW observó decenas de impactos distintivos de las submuniciones M095.

Restos de un cohete de la serie LAR-160 que impactó en una casa de una zona residencial de la ciudad de Hadrut © 2020 Unión de Ciudadanos InformadosRestos de un cohete de la serie LAR-160 que impactó en una casa de una zona residencial de la ciudad de Hadrut © 2020 Unión de Ciudadanos Informados

Integrantes de HRW visitaron el sitio y, además de esos impactos, observó varios vehículos dañados y numerosas ventanas rotas en apartamentos cercanos. Sin embargo, desconocen el daño exacto causado por las submuniciones porque luego se llevó a cabo otro ataque con una munición diferente en aproximadamente el mismo lugar.

Human Rights Watch no pudo identificar ningún equipo militar o bases en los tres barrios donde ocurrieron los ataques.

Daños a un vehículo privado a causa de una submunición M095 de doble propósito, que produce un chorro de metal fundido destinado a destruir vehículos y otros materiales  © 2020 Human Rights WatchDaños a un vehículo privado a causa de una submunición M095 de doble propósito, que produce un chorro de metal fundido destinado a destruir vehículos y otros materiales © 2020 Human Rights Watch

Las municiones de racimo han sido prohibidas debido a su efecto indiscriminado generalizado y al peligro duradero para los civiles. Las municiones de racimo generalmente explotan en el aire y envían docenas, incluso centenares, de pequeñas bombas sobre un área del tamaño de un campo de fútbol. Las submuniciones de racimo a menudo no explotan en el impacto inicial y dejan restos que actúan como minas terrestres.

La Convención de 2008 sobre Municiones en Racimo prohíbe de manera integral estas armas y requiere su limpieza y asistencia a las víctimas. Armenia y Azerbaiyán no se encuentran entre los 110 estados que forman parte del tratado. Ambos dicen que no pueden adherirse al acuerdo hasta que se resuelva la disputa sobre Nagorno Karabaj. HRW declaró que ambas naciones deben tomar las medidas necesarias para unirse a la Convención sobre Municiones de Racimo sin demora.

Una espoleta M136 R asociada al cohete de la serie LAR-160, encontrada en una zona residencial de la ciudad de Hadrut.  © 2020 Unión de Ciudadanos Informados.Una espoleta M136 R asociada al cohete de la serie LAR-160, encontrada en una zona residencial de la ciudad de Hadrut. © 2020 Unión de Ciudadanos Informados.

“El uso repetido de municiones de racimo por parte de Azerbaiyán debería cesar de inmediato, ya que su uso continuo aumentará el peligro para los civiles en los próximos años”, dijo Goose.

Los combates entre Armenia y Azerbaiyán han proseguido este viernes “por todas partes a lo largo del frente”, según la portavoz del Ministerio de Defensa armenio, Shushan Stepanián, a pesar de los intentos de la comunidad internacional para garantizar un alto el fuego estable.

Los distintivos fragmentos preformados en forma de anillo de una submunición M095 cerca de una tienda en Stepanakert.  © 2020 Human Rights WatchLos distintivos fragmentos preformados en forma de anillo de una submunición M095 cerca de una tienda en Stepanakert. © 2020 Human Rights Watch

Al menos un millar de personas han muerto -casi 5.000, según estimaciones del presidente ruso Vladimir Putin- en la última escalada de violencia entre ambos países sobre el enclave de Nagorno Karabaj, autoproclamada república independiente de Azerbaiyán y objeto de una disputa histórica ente ambos países.

El territorio forma parte oficialmente de Azerbaiyán pero tiene mayoría de población armenia y está bajo dominio armenio desde el final de la última guerra, en la que las fuerzas armenias se hicieron con el control además de varios distritos azeríes colindantes.

Una tienda de azulejos y otros artículos para el hogar arde en Stepanakert la noche del 3 de octubre de 2020 después de que la ciudad es bombardeada  © 2020 Unión de Ciudadanos Informados.Una tienda de azulejos y otros artículos para el hogar arde en Stepanakert la noche del 3 de octubre de 2020 después de que la ciudad es bombardeada © 2020 Unión de Ciudadanos Informados.

Con información de EuropaPress

FUENTE : INFOBAE

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Finalmente habrá temporada teatral en Mar del Plata: cómo serán los protocolos

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Este jueves por la mañana hubo una reunión entre productores teatrales y autoridades de Cultura, Producción y Salud de la Provincia de Buenos Aires, en la cual se llegó a un acuerdo para que haya temporada teatral en Mar del Plata. Se establecieron dos modalidades: funciones al aire libre, donde el riesgo de contagio de coronavirus disminuye, y ciertas salas que cumplan con las medidas sanitarias adecuadas.

En principio, las compañías deberán cumplir con una serie de protocolos sanitarios para llevar a cabo su espectáculo. “Las actividades teatrales y musicales se desarrollarán en espacios al aire libre y en salas teatrales que puedan cumplir con condiciones de ventilación adecuadas, bajo estrictos protocolos, aforos limitados y distanciamiento social”, indica un comunicado que se emitió luego de la reunión.

Por su parte, indicaron que “las condiciones para el desarrollo de la actividad se llevarán adelante y actualizarán según condiciones epidemiológicas en los centros turísticos”. Además, se facilitarán espacios privados y públicos adecuados para que proyectos o salas que no estén en condiciones edilicias de funcionar acordes a los protocolos puedan desarrollar sus propuestas artísticas.

Carlos RottembergCarlos Rottemberg

“Continuaremos este diálogo a través una mesa de trabajo técnica entre el sector, la Provincia y los municipios para definir el protocolo específico para la temporada de verano y los procedimientos para el desarrollo de la actividad. Se invitará a sumarse a la mesa a representantes y entidades del sector de las artes escénicas de la provincia: empresarios, sector independiente, artistas y trabajadores y trabajadoras de la cultura y el espectáculo en vivo”, dijeron quienes participaron de la reunión.

“Se acordó que actividades musicales y teatrales se pueden desarrollar en espacios al aire libre y en salas teatrales mientras cumplan con las condiciones de ventilación, aforos limitados y distancia social”, detalló el productor teatral Carlos Rottemberg luego de la reunión de esta mañana.

También aclaró que se seguirá observando la curva epidemiológica en los centros turísticos “para tener la certeza de cómo se desarrolla el virus”.

Javier FaroniJavier Faroni

Días atrás -luego de que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunciara que no habría temporada teatral, el productor Javier Faroni se había mostrado esperanzado de que se pudiera revertir la decisión.

“Nuestra actividad puso siempre el ojo en lo sanitario para proteger a los trabajadores y el público asistente y desde comienzo de la pandemia se trabajaron con especialistas los protocolos necesarios para estar listos al momento de volver a la actividad”, explicó el empresario y sostuvo había sido un “golpe muy fuerte” para todos los trabajadores del sector. “No solo del teatro comercial sino también del teatro independiente y oficial”.

Sin embargo, aclaró: “Yo la esperanza personal la sigo teniendo. Hay que esperar un poco más”. Finalmente, después de la reunión de esta mañana, se acordó que habrá temporada teatral bajo estrictos protocolos de sanidad.

En las últimas horas, artistas del rubro habían comenzado una campaña en las redes sociales. “Apertura de los teatros con protocolos ¡ya!”, pedían a través de un flyer que se viralizó en todas las cuentas de los famosos que apoyaron la causa. “La cultura también es salud”, agregaban entre sus fundamentos para poder retomar la actividad que está frenada hace siete meses, desde marzo pasado cuando todas las salas del país debieron cerrar sus puertas al público.

La imagen que compartieron los famosos en sus redes socialesLa imagen que compartieron los famosos en sus redes sociales

Ante la primera negativa sobre la realización de la temporada teatral de verano, distintos artistas como Flavio Mendoza o Nito Artaza habían implementado el auto teatro que el público pudiera ver sus espectáculos en vivo y no a través del streaming, modalidad que se utilizó mucho durante la cuarentena. “Además, tengo un circo que es gigante, que debería hacerlos sin los ruedos porque corre el aire. Debería tener menos capacidad de público”, había dicho Flavio a Teleshow.

El actor Luis Brandoni también se había manifestado en contra de la decisión que se tomó originalmente. “En principio era lógico, porque ocurrió en todos los países del mundo que los teatros por obvias razones cerraron. El tema es que Argentina batió el récord mundial en la cuarentena. Y ahora, de manera inconsulta y arbitraria, establecieron que los teatros en Buenos Aires no se podían abrir, había dicho en una entrevista radial.

“Estamos preocupados por Buenos Aires que es la tercera capital teatral del mundo. Culturalmente, le interesa a la ciudad y a los argentinos mantener eso”, agregó sobre los teatros de la Ciudad de Buenos Aires.

FUENTE INFOBAE

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Comunicación sin tonadas: La pauta publiunitaria

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El unitarismo porteño que se expresa en la distribución de los recursos que el gobierno nacional destina a publicidad oficial es obsceno. No hay criterio lógico que resista el hecho de que los medios radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hayan recibido el 70 por ciento de los más de 3200 millones de pesos que se destinaron a la pauta publicitaria oficial entre enero y septiembre de este año. Ni siquiera el obsoleto criterio de dar más avisos a los medios con más alcance justifica que más de 2 mil de esos 3200 millones se hayan otorgado a medios de la ciudad donde viven apenas tres de los cuarenta millones de habitantes del país, dicho en números redondeados, claro está.
Para graficarlo con datos exactos, vale un recorte sobre los medios gráficos: en los primeros 9 meses de 2020 solo el diario Clarín recibió 78.450.418 pesos, es decir más del doble de los 35.957.203 destinados a diarios y periódicos de la provincia de Santa Fe. Lógicamente ese monto que se distribuyó en apenas diez de las varias decenas de medios gráficos santafesinos es mucho más insignificante aún si se lo coteja con los más de 441 millones que fueron a los medios porteños, que son porteños aunque a muchos de ellos se los califique como “nacionales” en el informe oficial que brinda los datos y se difundió hace unos días.
Sería necio negar que ejemplares de Clarín y otros diarios “nacionales” se distribuyen en todas o varias de las provincias argentinas y por ende son líderes en la venta de ejemplares a nivel nacional; pero hasta si el parámetro fuera mera o principalmente el de la circulación, la desproporción entre lo recibido por las publicaciones gráficas con sede en Capital Federal respecto de lo otorgado a las del resto del país sería muy notoria.
Con todo, ni aunque fuera en proporciones parejas es válido como criterio exclusivo o principal el de que a más distribución, más pauta. En estos tiempos de oligopolios de la comunicación que responden a intereses de grandes corporaciones privadas, al propósito inicial de la inversión en pauta oficial que es difundir las acciones del gobierno de turno se debería agregar, con el mismo o mayor nivel de importancia, el criterio de promover la pluralidad de voces, indispensable si se entiende como derechos humanos básicos de la vida de estos tiempos a la comunicación, el acceso a la información, la libertad de expresión.
En cuanto a lo de la pluralidad, promoverla implica revisar la distribución tanto para revertir la tendencia de engordar a los glotones grandes grupos que desde su posición dominante ya se comen también la mayoría de la inversión publicitaria del sector privado como para desconcentrar el reparto de los recursos de la ciudad de Buenos Aires. Porque probablemente ni el más salvaje unitario del siglo XIX hubiera podido explicar esta manifestación tan impúdica de centralismo porteño que parte de calificar como “nacionales” a medios con domicilio legal en la Capital Federal.
Ya se ha hecho mención al rubro gráfico, en el que la denominación de “nacionales” a algunos medios porteños podría sostenerse en el hecho de que su distribución exceda los límites de la city gobernada por Rodríguez Larreta, en contraposición a los del resto de los distritos del país que suelen circular solamente en ciudades o provincias. Es decir, si se toman sus versiones impresas y sus circulaciones territoriales, puede que Clarín sea más “nacional” que La Capital de Rosario, que no llega regularmente a otras provincias. Pero nuevas tecnologías mediante, lo de la territorialidad se desvanece, como en el caso de los portales de noticias de internet, que están todos a un click de cualquier lugar del mundo por lo que vendrían a ser todos “mundiales”. Sin embargo, en el informe oficial también se le llama “nacional” a la web de Clarín mientras la de La Capital sigue siendo de “Rosario, Santa Fe”. Aquí la desproporción de unitarismo también es enorme: 80 a 20. Y las webs santafesinas recibieron 5 millones sobre un total de 323 millones de pesos asignados.
Centralismo cooperativo
Lo de engordar a los más voluminosos y lo del porteñismo se manifiesta incluso más crudamente si se mira desde otro recorte posible, como el de la distribución de pauta a medios gráficos cooperativos. Por un lado, las cooperativas editoras recibieron solo unos 13 millones de los 671 millones invertidos en diarios y periódicos impresos. Y al mismo tiempo las cooperativas de la Capital Federal se llevaron 11 millones mientras sus pares del interior recibieron apenas 2 millones.
Lo de la discriminación a las cooperativas respecto de las empresas privadas refulge en algunos casos puntuales: en Resistencia, la capital chaqueña, se editan cuatro diarios y todos fueron destinatarios de pauta oficial, pero los tres privados se llevaron en total casi 9 millones de pesos mientras que al Diario de la Región, empresa recuperada por sus trabajadores organizados en una cooperativa de trabajo desde el año 2003, recibió 104.785 pesos. En la ciudad cordobesa de Villa María, en tanto, son dos los diarios y el privado, Puntal, percibió 884.761 pesos mientras que al también recuperado por sus trabajadores Diario del Centro del País se le otorgaron 418.450 pesos, pese a que éste último vende no menos de cinco veces más ejemplares que el primero.

Proyectos hay

Aunque ni la mayoría de los legisladores ni el Ejecutivo tengan el tema al tope de su agenda en estos todavía pandémicos días, son varios los proyectos de regulación de la distribución de la pauta publicitaria oficial presentados en el Congreso Nacional. Y todos prevén establecer criterios generales a la hora de la asignación de campañas y avisos publicitarios. La iniciativa del diputado cordobés y del Frente de Todos Pablo Carro dice en su artículo 2 que “la distribución de la publicidad oficial se rige por los principios de transparencia, federalismo, interés público, utilidad pública, libre acceso a la información pública, pluralismo informativo, veracidad, objetividad, razonabilidad, eficiencia y eficacia del gasto público, igualdad de oportunidades en el acceso a la distribución, diversidad, no discriminación, accesibilidad y respeto a la libertad de expresión”.
El proyecto de Carro también prevé que para asignar las partidas se deben combinar cinco criterios: alcance del medio en función de su circulación o audiencia; pertinencia del mensaje en función de la especialización del medio y en relación a la audiencia o público objetivo del mensaje, zona geográfica, fomento del federalismo y de las pequeñas y microempresas de comunicación y fomento de la pluralidad de voces.
En cuanto a cómo combinar estas premisas, precisa que el criterio de alcance no puede superar el 50 por ciento de la ponderación total, que los criterios de fomento del federalismo y pymes y fomento de la pluralidad de voces no pueden ser inferiores al 20 por ciento y que el monto asignado a cada proveedor no podrá ser superior al 25 por ciento del total previsto. También fija que ningún proveedor en forma individual, o grupo de proveedores que se encuentren vinculados mediante participación societaria, puede recibir más del 15 por ciento del monto total previsto para cada semestre.
En el plano provincial tampoco hay regulación de criterios para asignar las partidas correspondientes a la publicidad oficial. Sí hay ingresado a la Legislatura un proyecto del diputado Carlos del Frade que establece que se debe destinar un 33 por ciento de esas partidas a los medios cooperativos, comunitarios y populares.
Santa Fe es una de las pocas provincias que publica los datos sobre cómo se utilizaron los fondos destinados a publicidad, tal como lo hace el gobierno nacional.
 
Salir del sótano
Esto que sucede con la distribución de la pauta oficial no es nuevo, no se le puede achacar exclusivamente a la actual gestión, que además todavía está a tiempo de ir modificando criterios y así lo vienen anunciando algunos de sus funcionarios. Tiene que ver con una configuración estructural del vínculo entre los establishment de los medios, la economía y la política que es tan difícil como urgente transformar. Así se expresa en el pronunciamiento rubricado por sindicatos de prensa y redes de medios cooperativos, comunitarios y populares, que se va a difundir masivamente a partir de este domingo 11 de octubre, en el marco de un nuevo aniversario de la aprobación, en el año 2009, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, luego cercenada durante el período de gobierno macrista. En el texto se señala que hoy “la propiedad de los medios de comunicación aún sigue concentrada y centralizada en pocas manos” y eso “daña y atenta contra la calidad de la vida democrática”, por lo que “son necesarias reformas en la política de comunicación” de los distintos niveles del Estado. “La más urgente es la federalización y la democratización de la pauta publicitaria pública”, se puntualiza luego. “Su distribución se ha convertido en otro sótano de la democracia, donde las grandes corporaciones se llevan la mayor parte de estos recursos económicos destinados a difundir las políticas de Estado”, se concluye en ese sentido.
Por: Manolo Robles
Fuente: El Eslabón

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