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Un silencio atronador allana el avance de Maduro hacia su golpe final

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Venezuela se encamina hacia un nuevo salto al vacío en ese precipicio sin fondo en el que viene derrapando hace años y del que nada ni nadie parece poder rescatarla.

El último huevo de la serpiente acaba de ser fertilizado ante la indiferencia de los líderes regionales que todavía mantienen alguna sintonía con Nicolás Maduro.

Dejemos por un momento de lado los capítulos cotidianos de la hecatombe económica y social en que ha derivado el experimento bolivariano, con sus más de 5 millones de venezolanos en el exilio y el 80% de los que aun permanecen en el país sumidos en la pobreza y la lucha cotidiana por la subsistencia. Incluso en un continente acostumbrado a los altibajos constantes, la tragedia del desbarranco venezolano no registra antecedentes. La más reciente imagen del descalabro son las largas filas en las gasolineras para conseguir unas gotas del combustible importado de emergencia desde Irán, ante el desabastecimiento en un país que llegó a ser el segundo productor petrolero del mundo y donde la gasolina siempre fue mucho más barata que el agua.

Este drama sería más tolerable, por cierto, si en Venezuela funcionaran las instituciones de una república, si las libertades civiles no hubiesen sido conculcadas y no hubiera, al día de hoy, 424 presos políticos, según el conteo actualizado que lleva el Foro Penal Venezolano. Si una mayoría de los venezolanos hubiese elegido a Maduro en elecciones libres y democráticas y los partidos políticos pudieran funcionar con libertad y competir en igualdad de condiciones en los próximos comicios, habría una luz de esperanza al final del túnel. Pero nada de eso ocurre hace tiempo en la tierra de Simón Bolívar.

Para no remontarnos a la larga historia de la degradación paulatina de las libertades civiles bajo los gobiernos de Hugo Chávez y pasando por alto la oscura elección en la que su heredero menos lúcido retuvo el poder por algo más de un punto porcentual (según el escrutinio oficial) en 2013, sólo recordemos que hace dos años Maduro se hizo “reelegir” mientras los dirigentes opositores más reconocidos estaban proscriptos, presos o exiliados, los principales partidos políticos eran forzados a desertar de los comicios tras la imposición de requisitos absurdos para registrarse y con el ingreso prohibido para los veedores electorales internacionales de mayor prestigio. Aun en esas condiciones, menos del 30% de los venezolanos le habrían dado el 20 de mayo de 2018 su apoyo a Maduro de acuerdo al escrutinio oficial.

Como era lógico, aquellas elecciones no fueron reconocidas por la gran mayoría de las democracias occidentales. En enero de 2019, cuando Nicolás -como lo llaman en las calles de Caracas- quiso asumir su segundo mandato sostenido por el resultado de aquella parodia comicial, el quiebre fue inevitable. Como lo establece la Constitución Venezolana, la Asamblea Nacional erigió a su líder, Juan Guiadó, como presidente interino, a cargo de normalizar el funcionamiento institucional y convocar a nuevas elecciones democráticas. Desde entonces, Venezuela permanece en el limbo de un país partido en dos. Con un Presidente interino, reconocido por más de 60 naciones -incluidas casi todas las del continente americano, la Unión Europea y Japón- pero con ninguna capacidad real de acción. Y un gobernante de facto aferrado a su sillón en el Palacio de Miraflores con el respaldo de las Fuerzas Armadas, el apoyo ideológico en el continente de Cuba y Nicaragua y un último sostén económico de Rusia, China e Irán que esquivan como pueden las sanciones internacionales que va acumulando el régimen chavista.

Indira Alfonzo, la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral designada por la Corte Chavista, fue sancionada por el gobierno de Canadá por haber facilitado junto a otros funcionarios la reelección fraudulenta de Maduro en 2018. (REUTERS/Manaure Quintero)Indira Alfonzo, la nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral designada por la Corte Chavista, fue sancionada por el gobierno de Canadá por haber facilitado junto a otros funcionarios la reelección fraudulenta de Maduro en 2018. (REUTERS/Manaure Quintero)

Maduro aprendió a sacarle jugo a la grieta geopolítica mundial. Donald Trump, Angela Merkel, Vladimir Putin y Xi Jinping pueden tirar y aflojar de esa cuerda. Nicolás, no. Necesita extremar la disputa bipolar para utilizar a las potencias enemigas como justificativo retórico de sus desgracias y seducir a las amigas como pata sudamericana de sus proyectos expansionistas.

En el medio han quedado un puñado de gobernantes y dirigentes de peso en el continente que fueron muy cercanos a Chávez, que no sienten el mismo aprecio ni respeto por Maduro, pero apenas se atreven a reconocer entre susurros algunos “desvíos” en sus acciones. El involucramiento activo del progresismo democrático para tratar de enderezar el derrotero bolivariano tendría un valor innegable. Pero una y otra vez prefieren mirar hacia otro lado y hacerse los distraídos cuando las papas queman y el régimen avanza en nuevas tropelías. Se trata del cuarteto integrado por los presidentes de Argentina y México, Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, y los ex mandatarios de Brasil y Ecuador, Lula da Silva y Rafael Correa, que aún conservan un amplio predicamento en sus países y entre las fuerzas progresistas.

Aferrado al sillón del Ejecutivo y con los jueces en su puño hace años, el Legislativo es el único poder del Estado que le presenta resistencia a Maduro desde que la oposición obtuvo la mayoría en las elecciones de 2015, las últimas con cierto grado de fair play. Nicolás, por supuesto, no lo puede tolerar. Ha intentado todo tipo de maniobras para licuar su poder y anular su funcionamiento, pero ahí siguen los legisladores resistiendo como pueden, obligados muchas veces a sesionar en otros edificios cuando las fuerzas de seguridad del régimen les impiden el acceso al Palacio Legislativo.

Pese a que el reclamo de la oposición y de la comunidad internacional es que en Venezuela se realicen de una vez elecciones presidenciales democráticas, Maduro sólo ha aceptado que se hagan este año comicios parlamentarios. Anunció que serán en diciembre -todavía sin fecha precisa- y empezó a montar su ingeniería para de una vez por todas acabar con esa piedra en el zapato y que el Parlmento quede en sus manos, aun cuando en ninguna encuesta el apoyo a su gobierno supera el 20% entre los venezolanos que aún viven en su país, ni hablar si se permitiera el voto de los que están en el exilio.

El plan ya quedó al descubierto. Hace dos semanas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista tomó para sí la atribución de designar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (la autoridad comicial) que por ley le corresponden al Congreso. ¿La justificación? Que los diputados todavía no habían llegado a un acuerdo para los nombramientos. Por supuesto, las cinco autoridades electorales designadas por el TSJ son fervientes chavistas o aliados confiables.

Como si fuera poco, a la semana siguiente el TSJ tomó otras dos resoluciones brutales: la intervención de los dos principales partidos opositores, Acción Democrática y Voluntad Popular, designando en ambos una nueva cúpula cercana al chavismo.

Nicolás Maduro asistió como invitado a la ceremonia en la que López Obrador asumió como presidente de México en diciembre de 2018 (Foto: Presidencia de México)Nicolás Maduro asistió como invitado a la ceremonia en la que López Obrador asumió como presidente de México en diciembre de 2018 (Foto: Presidencia de México)

En este punto, es inevitable recordar el caso boliviano. Aclaremos: Evo no es Nicolás. El gobierno de Morales logró un éxito económico, político y de integración social sin precedentes en Bolivia que le permitió gozar durante un largo período de un apoyo creciente entre los bolivianos. Pero en simultáneo, floreció durante su gestión un rasgo personalista y autocrático compartido con el chavismo y otros gobiernos de la llamada “marea rosa” latinoamericana. En plena efervescencia, Morales reformó la Constitución, logró su reelección, consiguió un aval judicial para convertir su segundo período en el primero con la nueva Carta Magna y así volver a presentarse para un tercer mandato. Y cuando llegaba finalmente el tiempo del relevo, organizó un referendo para modificar nuevamente la Constitución y volver a postularse a un cuarto período. Perdió. Pero decidió ignorarlo. Con el resultado electoral en contra, el desgaste de más de una década en el poder y su popularidad en baja consiguió igualmente que los jueces amigos lo habilitaran a presentarse. Así marchó, contra y viento marea, ante el descontento de una porción mayoritaria de los bolivianos que se sentía estafada y el silencio complaciente de sus aliados regionales, a buscar su re-re-reelecciónLa catástrofe estaba en marcha.

Que quede claro: el actual drama boliviano no comenzó ni en las elecciones del 20 de octubre pasado (que muchos veedores internacionales consideraron fraudulenta) ni el 10 de noviembre, cuando Evo Morales presentó su renuncia después de 20 días de protestas y enfrentamientos violentos en las calles y los pedidos de dimisión de sus históricos aliados de la Central Obrera Boliviana y el jefe de las Fuerzas Armadas (que muchos consideraron un golpe de Estado). Aquel fue el desenlace de un largo proceso en el que el ex presidente torció la ley y violó la voluntad popular sin que ninguno de los gobiernos cercanos le advirtiera que caminaba hacia un precipicio. ¿No es acaso ése el rol de los amigos? Aquí es donde la parábola venezolana parece hermanarse con la boliviana.

Tras las últimas maniobras del TSJ chavista, alzaron su voz con diferentes matices Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima y el de Contacto. Todos advirtieron lo que es evidente: que este nuevo atropello apaga cualquier expectativa de una elección legislativa justa y transparente. Maduro ya parece cómodo con el desafío de esos contrincantes, a los que respondió con sus habituales sarcasmos.

Más angustiante es que, otra vez, no haya habido ninguna reacción de parte de los gobiernos de Argentina y México, los de mayor peso regional entre quienes conservan alguna confianza en que Maduro pueda conducir la crisis venezolana hacia una salida democrática. Nada se escuchó tampoco de parte de Lula da Silva y Correa, que se mantienen como voceros muy activos de la izquierda latinoamericana. Tampoco del Grupo de Puebla, que integran todo ellos junto a otros políticos e intelectuales progresistas del continente.

Hay un excusa que se repite por lo bajo en sus entornos: cualquier gesto público de condena a Maduro significa “hacerle el juego a la derecha”. Persiste también en sus frentes políticos, aunque se diga menos, un vínculo emocional y simbólico con lo que fue en sus inicios el sueño bolivariano. Todo aquello parece menor, de cualquier manera, ante la desgracia y la miseria a la que fueron arrojados millones de venezolanos por un clan gobernante que hace mucho abandonó cualquier proyecto progresista en pos de su propia supervivencia.

Alberto Fernández, Néstor Kirchner y Hugo Chávez, en noviembre de 2005.Alberto Fernández, Néstor Kirchner y Hugo Chávez, en noviembre de 2005.

Si nada hace modificar la hoja de ruta trazada por el régimen, el destino ya está escrito: en diciembre tendrá lugar una nueva parodia electoral que le permitirá a Nicolás quedarse con el único poder del Estado que aún no controla. Los venezolanos verán cerrarse así el último resquicio de la democracia representativa en su país.

¿Se espera que lo toleren mansamente? ¿Hasta cuando podrán aguantar esa burla permanente? ¿No aprendimos nada del caso boliviano? ¿Otra vez jugamos con fuego en Sudamérica pensando que no nos vamos a quemar?

Hay silencios que se oyen. Algunos aturden. Alzar la voz tarde, cuando la situación se desmadre, será hipócrita. Apenas volver a llorar sobre la leche derramada.

lmindez@infobae.com
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FUENTE : INFOBAE

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PORQUE NO AVANZA LA NUEVA LEY DE ALQUILERES

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“Silencio de radio”. Así explican los diputados de distintos bloques la posibilidad de debatir en los próximos días la nueva Ley de Alquileres. Juntos por el Cambio había dejado trascender la posibilidad de una sesión este jueves. Sin embargo, aún no tienen el número confirmado para llevarlo al recinto .

El conflicto llegó con la decisión de poner aumentos trimestrales a los contratos de alquiler. “Con eso sumamos los apoyos de Espert y los liberales”, comentó a PERFIL uno de los operadores de Juntos por el Cambio que hace casi dos meses trabaja para llegar a un acuerdo con el resto de los bloques de la oposición.

Lo cierto, es que este punto puso en riesgo el apoyo de los cuatro diputados del Interbloque Provincias Unidas, que integran dos rionegrinos y dos misioneros. Ambos bloques responden a sus gobernadores. “Es un tema que todavía seguimos conversando”, comentó un diputado de ese bloque que, el miércoles cuando se firmó el dictamen unificado de la oposición, estaba a favor.

 

Esto aleja aún más a los dos diputados del bloque Socialista, que igualmente no iban a acompañar el dictamen opositor. Este sector comparte el interbloque Federal con otros dos bloques que sí van a acompañar, el de Graciela Camaño y el de Córdoba Federal, alineado con el gobernador Juan “Gringo” Schiaretti.

Camaño habló en varias ocasiones con los dos socialistas, Mónica Fein y Enrique Estévez. Se vieron sorprendidos de que la “Negra” aceptara el proyecto de Juntos por el Cambio que elimina el límite a los aumentos de los contratos que ella había acordado con el rionegrino Domingo. Ella les contestó que si no lo hacía “el remedio va a ser peor que la enfermedad”.

“La oposición cree que solo es un problema del mercado. Vamos a seguir insistiendo con nuestras propuestas. Este tema no debe ser un botín para la grieta”, dijo Fein esta mañana en Diputados TV.

Sobre la decisión de ceder en el límite a los aumentos, el despacho de la oposición admite que sea totalmente libre el acuerdo para que se aumente el precio de los alquileres, señalaron: “Iba a ser muy difícil de regular y a los fines prácticos va a terminar sucediendo. Es raro que los aumentos sean por encima de la inflación”.

Esta explicación no contentó a varios diputados. A esto también se suma el rechazo de los cuatro diputados del Frente de Izquierda y la incertidumbre de qué hará Milei. “Es bastante difícil ponerse de acuerdo con él. No se corre de lo que está convencido y no define nada”, comentó indignado un diputado de Juntos por el Cambio que lo llamó para ver qué iba a hacer con este tema.

Juntos por el Cambio intenta quitarle dramatismo a la demora en el tratamiento de este tema. Ellos mismos habían anunciado, sin confirmarlo formalmente, que iban a tratar este tema el jueves 30. “Cuando estemos todos, vamos a sesionar. En estos días hay muchos viajes”, explicó uno de los jefes del espacio en Diputados. Lo cierto es que en la Cámara se sabe que cuando hay voluntad política, hay presencia.

En tanto, el Frente de Todos mantiene el silencio. Sergio Massa llegó recién este martes de Alemania. Estuvo con el Presidente en la Cumbre del G7. “Todavía no nos dijo nada de qué quiere hacer”, comentó un diputado que tiene diálogo frecuente con el tigrense. Hasta la semana pasada, se esperaba que convocara una sesión con los tres temas que tienen despacho de comisión y un acuerdo entre los distintos bloques, estos son el de Compre Argentino, el de nano y biotecnología y cuidados paliativos.

“Ahora que resuelvan ellos toda la expectativa que generaron”, dijo a PERFIL una de las espadas políticas del Frente de Todos. “Nosotros no vamos a mover nada, ellos festejaron una mayoría, que vean ahora cómo lo resuelven”, agregó.

Así, se espera que en las próximas semanas el interbloque opositor siga buscando esa mayoría que le permita sancionar una nueva ley. Por ahora, están lejos de que eso suceda.

 

 

Antonio Riccobene para Perfil

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CÓMO ES LA DISPUTA INTERNA EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL POR EL DESTINO DE 128.000 PLANES SOCIALES

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Las tensiones surgen en torno a los beneficiarios que solicitaron cambiar el lugar donde cumplen sus tareas. La guerra silenciosa entre el ministro Juan Zabaleta y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, del Movimiento Evita.

La disputa por los programas sociales, como el Potenciar Trabajo, destinados a los sectores más vulnerables, abrió una disputa pública dentro del gobierno del Frente de Todos; pero también una más silenciosa, pero no menos tensa, dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Así como la primera generó tensión entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández; la segunda se desarrolla entre el ministro Juan Zabaleta y su secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, uno de los máximos referentes del Movimiento Evita. Hacia él fueron dirigidas las críticas de la Vicepresidente cuando habló sobre la “tercerización” de la política social.

La discrepancia entre el dirigente social y el intendente en uso de licencia de Hurlingham es por el destino que se les dará a los beneficiarios del Potenciar Trabajo que solicitaron cambiar de Unidad de Gestión (UG), es decir el lugar dónde deben desarrollar sus tareas.

Zabaleta decidió que el lugar de traslado será a las intendencias, sobre todo del conurbano, por el lugar de residencia de la mayoría de los beneficiarios, y las gobernaciones. Pérsico, en cambio, no está de acuerdo, sostiene que es darle “mano de obra barata a los intendente” y aspira, que como viene ocurriendo, sean reubicados en las UG que pertenecen al Evita, o a otra organización vinculada con el albertismo, como podría ser Somos Barrios de Pie, que lidera Daniel Menéndez el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo local.

Desde el 29 de diciembre a junio más de 188 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo solicitaron cambiar de lugar dónde cumplen sus tareasDesde el 29 de diciembre a junio más de 188 mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo solicitaron cambiar de lugar dónde cumplen sus tareas

Hay una lectura política detrás de la postura de Pérsico. Los movimientos sociales albertistas ya anunciaron la decisión de crear un espacio político propio para, dentro del Frente de Todos, competir en las elecciones de 2023. El principal objetivo es dirimir en las PASO las candidaturas a intendentes y concejales de los principales distritos del conurbano.

Un solo ejemplo, en La Matanza quien ya esta “caminando” el distrito para una eventual interna es la diputada provincial Patricia Cubría, la compañera de Emilio Pérsico y madre de su hijo Néstor.

Los intendentes, pesos pesados en esta jugada, presionan desde hace tiempo para que se le quite poder a las organizaciones populares y “les manden a la gente del Potenciar” (sic). Hay alcaldes de mucho poder territorial que le han dicho a Infobae que “los movimientos sociales están muy extorsivos”.

La posición política de los intendentes es compartida por los gobernadores del PJ y por La Cámpora, la agrupación que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner. También por Cristina Fernández quien lo hizo público y desato polvareda.

La diputada provincial Patricia Cubría, compañera y madre de Néstor, hijo de Emilio Pérsico quiere disputarle la intendencia de La Matanza a Fernando EspinozaLa diputada provincial Patricia Cubría, compañera y madre de Néstor, hijo de Emilio Pérsico quiere disputarle la intendencia de La Matanza a Fernando Espinoza

La Cámpora y el Movimiento Evita compiten en el mismo territorio. De hecho, el hijo de la Vicepresidenta, desde el PJ bonaerense, presionó con fuerza para que en las PASO de 2019 se “bajaran” las boletas cortas que había armado en varias intendencias Pérsico, Menéndez y el diputado nacional Juan Carlos Alderete, el líder de la Corriente Clasista y Combativa.

¿Las marchas, movilizaciones y piquetes se nutren solo de beneficiarios del Potenciar Trabajo, que en total suman más de 1.200.000? No, pero son muchos, y quienes los contiene aumenta su caudal político.

Limitar a la economía popular al Potenciar Trabajo es no entender un fenómeno mundial: trabajadores informales que, ante la falta de empleo, “inventaron” su propio sustento y que va desde la venta ambulante, a las huertas comunitarias, pasando por el reciclado de cartón hasta una carpintería o un emprendimiento gastronómico o textil.

En el país los primeros que lo comprendieron fueron Pérsico y Juan Grabois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). De hecho, en 2015, ambos publicaron un libro titulado “Trabajo y organización en la economía popular”. El primer párrafo de la introducción ya describe la situación que en siete años se profundizó: “El trabajo asalariado ha dejado de ser la relación social predominante del sistema capitalista. La globalización excluyente ha llevado la injusticia social a tal extremo que ser explotado en las condiciones legales vigentes parece ser un verdadero privilegio. Las conquistas del movimiento obrero son casi piezas de museo, patrimonio de una porción cada vez más pequeña de la clase trabajadora (…) No viven de ‘la magra asistencia’. Nuestros compañeros se inventaron su propio trabajo”.

Es por esta nueva fuerza laboral, por este nuevo actor social, que hoy en día se dirime la pelea política dentro del oficialismo. Es esa la discusión que planteó Cristina Fernández desde el auditorio que le brindó la CTA de Hugo Yasky en Avellaneda.

Cristina Fernández habló sobre la "tercerización" de las políticas sociales y desató controversia (Franco Fafasuli)Cristina Fernández habló sobre la “tercerización” de las políticas sociales y desató controversia (Franco Fafasuli)

El poder de la Unidades de Gestión

La mayoría de las UG pertenecen a organizaciones de la economía popular, piqueteras, cooperativas, pequeñas y medianas empresas; también hay UG en intendencias, gobernaciones, iglesias, sindicatos y, organizaciones sin fines de lucro, como clubes de barrios .

Para ser beneficiario del Potenciar Trabajo, se debe realizar una contraprestación de 20 horas semanales a través de una Unidad de Gestión. El haber es el 50% del salario mínimo vital y móvil (SMVM).

Son las UG las que anotan en una planilla a los candidatos que después serán dados de alta por el Ministerio de Desarrollo Social, si estos cumplen con todos los requisitos.

Este punto es clave porque aquí radica la dependencia del beneficiario de la organización social. La UG es quien reporta si el trabajador cumple con sus tareas. Y en caso de tener varios informes negativos, como la supuesta no asistencia al lugar de tareas, el Ministerio le puede dar de baja.

Las marchas a favor y en contra del Gobierno organizadas por piqueteros o movimientos sociales están colmadas por beneficiarios del Potenciar Trabajo. Así como los intendentes o sindicatos les dan “permiso” o “asueto” a sus empleados para asistir a un acto político, las organizaciones sociales hacen lo mismo. El presente no se da en la Unidad de Gestión sino en la marcha. Por esa razón, se retrató varias veces a los dirigentes “tomando lista” desde una planilla.

Vaciar de beneficiarios de Potenciar Trabajo a piqueteros y movimientos sociales es debilitar también su poder de fuego en las calles y por lo tanto trasladarlo a otro actor político.

El movimiento Evita ya planea una nueva marcha en favor de Alberto Fernández. Será el 7 de agosto, día de San Cayetano (Franco Fafasuli)El movimiento Evita ya planea una nueva marcha en favor de Alberto Fernández. Será el 7 de agosto, día de San Cayetano (Franco Fafasuli)

“Extorsión y exigencia para ir a las marchas”

El 29 de diciembre de 2021, Juan Zabaleta firmó una resolución que permitía a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo pasarse de una UG a otra. Antes eso no se podía hacer. Pero el cambio de lugar no es arbitrario, Desarrollo Social es quien digita hacía qué UG será redireccionado el beneficiario. Zabaleta tomó la decisión de sacárselos a los movimientos sociales y piqueteros y enviárselos a alcaldes y gobernadores.

Desde la implementación de la nueva modalidad hasta este mes de junio, 188.222 personas pidieron cambiar de UG invocando distintos motivos: mudarse del lugar de residencia; sufrir “abusos”, “amenazas”, “extorsiones”; o el “cobro compulsivo” de un porcentaje de los honorarios que reciben del Estado, por parte de las organizaciones a las que pertenecen.

Este movimiento fue paulatino, no ocurrió de un día para el otro, ni siquiera coincidió con las críticas que Cristina Kirchner realizó sobre los programas sociales y sus cuestionamientos al Movimiento Evita.

De hecho, de ese total hasta ahora se efectivizó el 30%, esto es alrededor de 60.000; el resto se irá “reasignando” a medida que se evalúen las necesidades de cada beneficiario.

Allegados a Zabaleta, sostienen que la mayoría de esas personas ya fueron derivadas a las Unidades de Gestión de intendencias del conurbano. Pérsico, afirma que no es así. Más allá de esa discrepancia, en términos objetivos hay 128.222 personas que, según la decisión de Zabaleta, y contrario a la opinión del líder del Evita, sí dejaran de estar bajo la órbita de organizaciones sociales y piqueteras.

En diálogo con este medio, funcionarios allegados al intendente en uso le licencia de Hurlingham recuerdan que el Ministerio ya firmó convenio para que beneficiarios del Potenciar Trabajo cumplan sus tareas en el programa Mejor Barrio, un proyecto que apunta a la construcción de 400 playones deportivos y circuitos aeróbicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida comunitaria en ciudades de toda la Argentina, y que también esta bajo la órbita de las intendencias.

También con la UOCRA y las cámaras del sector de la construcción para la implementación del Programa “Construir Trabajo e Igualdad” y entre otros, con la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), para la implementación de acciones “Potenciar Empleo”, que apunta a generar los incentivos para acelerar la incorporación de titulares del programa al empleo asalariado registrado en el sector privado.

Mientras esto ocurre, el Movimiento Evita, la CCC y Somos Barrios de Pie, ya están organizando una masiva movilización en apoyo a Alberto Fernández. Será durante la marcha de San Cayetano, el próximo 7 de agosto.

Ayer, desde el Puente Pueyrredón, en Avellaneda, en el marco de la conmemoración por los 20 años del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular, Gildo Onorato dijo: “Hoy los movimientos populares afrontamos la desigualdad en todos los planos” y después de enumerar todas las actividades de las que se hacen cargo, trabajo, salud, infraestructura, afirma: “Por eso, los movimientos populares somos importantes, porque esta democracia moribunda no reconoce a los trabajos y los esfuerzos del pueblo humilde. Una definición que parece estar dirigida hacia la crítica de Cristina de Kirchner, pero también hacia la interna del Frente de Todos y los espacios de poder que desde los sectores populares se están disputando.

 

 

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POTENCIAR TRABAJO: LA CAUSA QUE INVESTIGA MANIOBRAS IRREGULARES EN EL POLO OBRERO PODRÍA SALPICAR A OTRAS ORGANIZACIONES

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El caso por el presunto cobro del 2% de sus haberes por parte de dirigentes que integran la Unidad Piquetera recayó en la fiscalía federal de Federico Delgado, quien ya solicitó medidas de prueba.

La justicia federal avanza en su investigación contra el Polo Obrero por los posibles hechos de extorsión y amenazas que algunos de sus dirigentes podrían haber realizado contra los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo para quedarse con el 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social. Esto era, hasta el mes pasado, $19.000, unos $273.600.000 anuales si la quita se realiza a las 60.000 personas que trabajan en la Unidades de Gestión que dependen del Polo Obrero.

La denuncia por esos dos presuntos delitos que realizó el fiscal federal Guillermo Marijuan será investigada por Federico Delgado, quien ya solicitó medidas de pruebas. Entre ellas, cuantas Unidades de Gestión -estas son, por ejemplo, cooperativas de trabajo- hay anotadas en el Ministerio de Desarrollo Social a través de las cuales brindan sus servicios los militantes del PO beneficiados con el Potenciar Trabajo.

En su escrito, Marijuan ya había sugerido algunos requerimientos que Delgado puede tomar como propios o no: “Que se libre oficio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y al Ministerio de Desarrollo Social, para que informe qué cantidad de planes de inserción laboral, denominado ‘Potenciar Trabajo’, fueron otorgados a personas vinculadas al Partido Obrero, desde su creación en el año 2020″.

Federico Delgado investiga la denuncia por el presunto delito de "extorsión" que habrían realizado dirigentes sociales al quedarse con el 2% de los haberes cobrados a través del Potenciar TrabajoFederico Delgado investiga la denuncia por el presunto delito de “extorsión” que habrían realizado dirigentes sociales al quedarse con el 2% de los haberes cobrados a través del Potenciar Trabajo

También pidió que se haga saber “si en tales organismos estatales se registran denuncias por pedidos de dinero a los beneficiarios de este plan a cambio de su otorgamiento, y en su caso, si se labraron expedientes administrativos o si se efectuaron las correspondientes denuncias en sede judicial”.

Por último, le reclamó a los “gobernadores de todas las provincias del país, como así también a los intendentes de cada municipio de la provincia de Buenos Aires, que informen si han recibido denuncias, a través de sus órganos de gobierno, en orden a los hechos ilícitos aquí develados”.

En el escrito, el fiscal federal denuncio al legislador porteño Gabriel Solano y a Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero (PO), por los presuntos delitos de amenaza y extorsión porque “obligaban a las personas que reciben el subsidio ‘Potenciar Trabajo’ a hacer un aporte mensual” del 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social.

El Polo Obrero realizó marchas y acampes en la 9 de JulioEl Polo Obrero realizó marchas y acampes en la 9 de Julio

En los fundamentos reproduce las declaraciones periodísticas de Solano, quien aseguró: “En el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan. Ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería”.

En su relato, Marijuan razona que el diputado porteño “admitió que un porcentaje de la asistencia se destinaría a la organización”.

Horas después de ese reconocimiento, y ante una consulta de Infobae, la Mesa Directiva del Polo Obrero, a través de Belliboni, confirmó el hecho. Según su versión, se trata de “un aporte voluntario votado en las asambleas” y que en esas mismas reuniones “se rinde cuentas sistemáticamente sobre los ingresos y gastos y se aprueba colectivamente el destino de los recursos que son de todas y todos los compañeros”.

Ante una consulta de este medio, Belliboni aseguró que las imputaciones que realizó el fiscal federal son “absolutamente falsas ya que ningún dirigente del Partido Obrero ni del Polo Obrero obliga a nadie a aportar a las organizaciones que integran como afirma el fiscal”.

El gobierno tiene decidido no ampliar los programas sociales como exigen los movimientos piqueterosEl gobierno tiene decidido no ampliar los programas sociales como exigen los movimientos piqueteros

El desafío del fiscal Delgado será desmontar estos dichos y probar, a través de testimonios y pruebas documentales, que la quita reconocida por Solano y la Mesa Directiva del Polo Obrero no era voluntaria, que cada uno de los inscriptos en el Potenciar Trabajo prestaban efectivamente sus cuatro horas de tareas en la Unidades de Gestión que declararon ante la secretaría de Desarrollo Social, el área que esta a cargo de Emilio Pérsico (líder además del Movimiento Evita), que está a cargo del Programa Potenciar Trabajo.

La fiscalía de Delgado tendrá una ardua tarea para corroborar este tipo de irregularidades u otras que los dirigentes del Polo Obrero -y quizás de otros movimientos sociales- podrían haber cometido.

Tal como publicó Infobae, desde el 29 de diciembre de 2021, fecha en que el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, aprobó una resolución que habilitaba a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo a pasar de Unidad de Gestión a otra – es el lugar donde desarrollan sus tareas- 188.222 personas (hasta junio pasado) pidieron hacerlo invocando distintos motivos: mudarse del lugar de residencia; sufrir “abusos”, “amenazas”, “extorsiones”; o el “cobro compulsivo” de un porcentaje de los honorarios que reciben del Estado, por parte de las organizaciones a las que pertenecen.

Antes de esa resolución, los beneficiarios del programa social estaban “cautivos” del movimiento social para el cual desarrollaban las cuatro horas de trabajo como contraprestación por el haber que reciben.

Casi la totalidad de reasignaciones, realizadas por Desarrollo Social, fueron derivadas a las Unidades de Gestión que dependen de las intendencias, la mayoría del conurbano bonaerense y gobernaciones. Es decir, dejaron de depender de las organizaciones populares para pasar a depender de las intendencia o los ejecutivos provinciales.

Desde el 29 de diciembre de 2021, el ministerio de Desarrollo Social permite a los beneficiarios del Potenciar Trabajo cambiar de Unidad de Gestión. Más de 188 mil ya decidieron pasarse de las organizaciones piqueteras a intendencias y gobernaciones Desde el 29 de diciembre de 2021, el ministerio de Desarrollo Social permite a los beneficiarios del Potenciar Trabajo cambiar de Unidad de Gestión. Más de 188 mil ya decidieron pasarse de las organizaciones piqueteras a intendencias y gobernaciones

De las 188.222 personas que pidieron abandonar la Unidad de Gestión piquetera, o de otros espacios sociales, 7.700 manifestaron “situaciones de maltrato, irregularidades con las tareas a realizar, exigencia de cobro de una cuota o aporte, amenazas de baja y obligación de ir a marchas o movilizaciones”.

De 7.700, cerca de 900 aseguraron haber recibido algún tipo de amenaza, más de 3.000 expresaron que los piqueteros que manejan las Unidades de Gestión les exigían “un bono o cuota en función de aporte a la organización”; otras 1.400 personas señalaron “presión para asistir a marchas o movilizaciones” y alrededor de 1.700 titulares describieron “maltratos por parte del referente (piquetero o social) o de la organización al solicitar el cambio de Unidad de Gestión”, es decir al querer renunciar al lugar de trabajo que dependía del movimiento popular.

El fiscal Federico Delgado y su equipo de investigadores deberá acreditar si alguna de estas denuncias tiene estado judicial y, de no ser así, si podrán tirar de esos indicios para acreditar si se cometieron delitos.

En los tribunales federales de Comodoro Py entienden que esta causa puede ser una “Caja de Pandora”. Se comienza investigando uno o varios supuestos delitos, se tiene bajo sospecha a determinados dirigentes, pero nadie puede asegurar que a lo largo del proceso alguna víctima revele que otros movimientos sociales, como por ejemplo los que forman parte del Frente de Todos, también realizaron alguna de las supuestas maniobras irregulares. O que los funcionarios que debían controlar, no lo hacían.

La causa judicial que vuelve a poner en el tapete las presuntas maniobras abusivas contra los sectores más vulnerables que suelen ser tomados como rehenes de sus propias necesidades, y las denominadas “cajas políticas, recién comienza, pero ya agita viejos y nuevos fantasmas.

 

 

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