Funcionarios judiciales y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos crearon nuevas mesas de diálogo con detenidos y personal penitenciario para conocer la situación en medio de la pandemia.
Funcionarios judiciales y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizaron un nuevo relevamiento de la situación carcelaria en el Penal de Batán a través de mesas de diálogo conformadas por detenidos, detenidas y personal del Servicio Penitenciario Bonaerense para conocer el riesgo sanitario y las condiciones de alojamiento en medio de la pandemia.
La situación de la Unidad 44, los aprehendidos y la prevención en la cárcel de Batán, ante la amenaza del covid-19 y en medio de una álgida discusión a nivel político, judicial -y también mediático- sobre las medidas a tomar para reducir el riesgo con el abordaje de las condiciones de hacinamiento.
El juez de Garantías, Juan Tapia, participó de la recorrida por las tres unidades de la cárcel junto a funcionarios judiciales, de la Defensoría General, del Ministerio de Justicia de la Provincia y del Patronato de Liberados bonaerense. En ella, mantuvieron entrevistas directas con las y los internos y también con personal penitenciario para interiorizarse del presente carcelario.
Tras la reunión de una de las mesas de diálogo propuesta, iniciaron la recorrida que, en la Unidad 44, contó con entrevistas a puertas cerradas. Al incrementarse la cantidad de personas que son alojadas en los pabellones por la prohibición de derivar aprehendidos a las comisarías, esa unidad se presenta como la de “mayor nivel de riesgo” del ingreso del coronavirus.
En consecuencia, ante los procesos de imputación que pueden demorar entre 5 y 40 días antes de definir si se les dicta la prisión preventiva o son liberados, manifestaron la necesidad de que permanezcan ese tiempo en los dos pabellones de ingreso para mantenerlos lejos de la población permanente de la unidad: otros 480 internos.
Esa medida se sumaría al resto de las cuestiones que hacen a la prevención y deben tomarse, como lo son los controles sanitarios permanentes, mantener los niveles de higiene y disminuir al máximo el contacto de personas del exterior de la cárcel.
Por su parte, el riesgo de ingreso del virus disminuye ampliamente en la Unidad 50 en la que permanecen 82 mujeres privadas de su libertad. Aseguraron que sólo ingresaron dos personas desde 20 de marzo y, además, se hacen controles de fiebre a todas las personas que ingresan desde el exterior.
En la Unidad 15, donde permanecen 1250 hombres detenidos y se restringió la derivación de detenidos derivados de la 44, el principal riesgo de ingreso del virus se encuentra en el ingreso de bolsones de alimentos que los familiares acercan, y también en las personas que tienen un contacto permanente con el exterior, como los efectivos del Servicio Penitenciario, personal sanitario o funcionarios de la cárcel.
Más allá del nivel de riesgo de ingreso del coronavirus a Batán, aclaran que las condiciones de alojamiento siguen siendo las mismas que en el resto de la provincia, con un diagnóstico alarmante de sobrepoblación, hacinamiento, faltantes de colchones y atención medica insuficiente.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria apuntaron que los jueces “no consideraron la situación conflictiva que se vive en las cárceles” con casos “de vulnerabilidad extrema”.
“NO HAY CONTRADICCIÓN DIALÉCTICA ENTRE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y DE LOS IMPUTADOS”
Ante el diagnóstico y el debate público sobre la situación carcelaria, Tapia sostiene que este tipo de procedimientos debe hacerse ya que la función de los distintos órganos carcelarios es la del “resguardo de los derechos de las personas privadas de libertad” y evitar, con estas intervenciones, que hacia el interior de las cárceles se produzca una “masacre”.
Ante la dicotomía planteada por los derechos de las víctimas en contraposición al de los presidiarios sostuvo que “no hay contradicción dialéctica alguna entre los derechos de las víctimas y los de los imputados. Deben garantizarse unos y otros”.
“Es claro que han sufrido una vulneración a sus derechos por el delito. Pero es por aquellas acciones que los responsables están detenidos. Por esos hechos fueron condenados a una pena que es privativa de la libertad, pero que no es una pena de muerte. Por otra parte, en muchos casos esas personas revisten el estado jurídico de inocencia, dado que no tienen sentencia condenatoria dictada en su contra”, añadió.
En cuanto a estos procedimientos enmarcados en la coyuntura sanitaria, insistió en la importancia de evitar el ingreso y la propagación del coronavirus en las cárceles, “básicamente porque esas personas detenidas que se contagien el virus y vean agravado su cuadro de salud, van a ser derivadas al hospital público (en Mar del Plata el HIGA) donde ocuparán una cama y eventualmente un respirador. De modo tal que, si no quieren pensar esa cuestión desde los derechos de las personas detenidas, deberían pensarlas como una cuestión de salud pública”, apuntó.
FOTO TASPA : EL AERGENTINO DIGITAL
FUENTE : QUE DIGITAL
