Opinión

Una nueva manipulación mediática de Cristina

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3 años ago

6 mayo, 2020

Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales de la Capital, es hijo de Carlos Mahiques, juez de la Cámara de Casación Penal Federal, y hermano de Ignacio Mahiques, fiscal del fuero penal federal. Cristina Kirchner le dedicó un tuit a Juan Bautista, en el que lo señaló como el funcionario del gobierno de Mauricio Macri que había presionado a la jueza Ana María Figueroa, que integra la Cámara de Casación Federal, para que reabriera la causa por la firma del acuerdo con Irán, iniciada por el fiscal asesinado Alberto Nisman.

Figueroa denunció que en 2015 la presionaron en nombre del gobierno de Macri por el memorándum con el régimen de Teherán. Juan Bautista fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante casi toda la gestión de Macri. Un mes antes de que este terminara su mandato, Mahiques hijo renunció a ese cargo para asumir como jefe de los fiscales en la Capital. El actual procurador capitalino aseguró que nunca habló, ni siquiera socialmente, con la jueza Figueroa.

El aspecto sorprendente del caso es que la propia jueza Figueroa, que siempre simpatizó con el cristinismo, confirmó luego que ella nunca nombró a Juan Bautista Mahiques. Y tiene razón. Nunca lo hizo. Un periodista de la radio AM750, emisora que tiene inocultables simpatías con el kirchnerismo, le deslizó si se estaba refiriendo a Juan Bautista. La jueza no contestó y siguió contando sus presuntos recuerdos.

Es necesario hacer un paréntesis sobre la actitud de Figueroa. El supuesto apriete que ella denuncia ahora habría sucedido en 2015; es decir, en los 20 días de ese año en que Macri fue presidente. Macri asumió el 10 de diciembre de 2015. Una jueza que se precie de tal hubiera hecho una denuncia inmediata de semejante presión indebida. Una denuncia judicial y hasta mediática.

Una jueza de una instancia inferior a la de ella, Sabrina Namer, del Tribunal Oral Federal Nº 8, recibió hace poco una llamada de la Secretaría de Derechos Humanos, que lidera el cristinista Horacio Pietragalla, para recordarle que ellos habían pedido la prisión domiciliaria de Luís D’Elía. La jueza Namer libró un oficio a la secretaría de Pietragalla en el que denunció que recibió una “llamada inapropiada”, lo que significa un apriete en la jerga judicial. Namer dejó sentado en el expediente de D’Elía el apriete del funcionario que envió Pietragalla, que fue Mariano Przybyski, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional. Esa dirección depende de Pietragalla.

¿Por qué Figueroa no tuvo en su momento la valentía de la jueza Namer? ¿Por qué si calló entonces le parece oportuno hablar ahora, cuando han vuelto muchos de sus amigos políticos? “Ella combina a veces fanatismo y resentimiento”, resumió otro juez de la Cámara de Casación que conoce a Figueroa.

El núcleo del problema consiste, de todos modos, en que Cristina Kirchner puso en boca de Figueroa lo que Figueroa no dijo. Peor: puso en su boca un nombre que Figueroa no nombró. Cabe hacer una pregunta: ¿por qué la vicepresidenta se ocupa personalmente de escrachar a Juan Bautista Mahiques, cuyo cargo actual no podría afectarla a ella, ya que tiene jurisdicción sobre la Justicia ordinaria de la Capital? El primer objetivo no es Juan Bautista, sino su hermano Ignacio, el fiscal del fuero penal federal. Ignacio Mahiques escribió, junto con su colega Gerardo Pollicita, el dictamen más duro y preciso que se haya escrito sobre la arbitrariedad para licitar las concesiones de las obras públicas en tiempos de los dos presidentes Kirchner. El beneficiario fue Lázaro Báez. Ese dictamen fue el argumento principal del juez Julián Ercolini para procesar a Cristina Kirchner por asociación ilícita junto con Julio De Vido, José López (el exfuncionario que revoleó bolsos con dólares en un convento de General Rodríguez) y el propio Báez.

Ignacio Mahiques integró el año pasado una terna para cubrir el cargo de juez federal de Mercedes. La comisión de acuerdos del Senado le dio el correspondiente acuerdo, pero el cuerpo, por presión del peronismo, nunca llegó a tratar esa terna. El nuevo gobierno retiró todos los pliegos de futuros jueces que estaban a consideración del Senado. Es muy probable que Ignacio Mahiques no alcance el cargo de juez federal en los próximos años, a pesar de que hace seis meses recibió el premio internacional Gusi Peace Prize International por su desempeño como fiscal.

De paso, Cristina Kirchner crea hechos inexistentes para usarlos como defensa en la causa por el memorándum con Irán, como lo señaló ayer en LA NACION el periodista Hernán Cappiello. El fallecido juez Claudio Bonadio la procesó por traición a la patria en ese expediente, que finalmente la Cámara de Casación, con el voto en contra de Figueroa, reabrió.

El exjefe de los servicios de inteligencia Oscar Parrilli, también procesado en esa causa, adelantó tales recusaciones en declaraciones públicas. Más aún: señaló su certeza de que los dos jueces de Casación (la tercera es Figueroa) que resolvieron reabrir la causa, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, también habían sido presionados por el gobierno de Macri. ¿También por Juan Bautista Mahiques? La jueza Figueroa dejó sin muchos argumentos reales y tangibles a Cristina y a Parrilli, aunque les hizo un favor impreciso e incomprobable.

La aclaración de Figueroa fue una mala noticia para el cristinismo, que se sumó ayer a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que suspendió el fallo del juez Víctor Violini, que excarceló a muchos presos por la pandemia del Covid-19. Unos 2200 presos fueron liberados o enviados a prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires. Es posible que en los próximos días la Corte ordene que muchos de ellos regresen a la cárcel. El máximo tribunal provincial expuso muchos argumentos jurídicos razonables, pero también señaló la conmoción social que provocaron esas liberaciones o prisiones domiciliarias.

Aunque no lo dijo, la Corte enmendó también a uno de sus miembros, Eduardo de Lázzari, quien el 20 de marzo firmó en su condición de entonces presidente del tribunal una autorización para que un solo juez de un tribunal de Casación (integrado por tres jueces) resolviera sobre libertades y prisiones domiciliarias. Así apareció Violini, que es solo un juez de un tribunal de tres, con fuertes simpatías públicas por el cristinismo. Fue el cristinismo, en su versión política o judicial, la corriente política que dio rienda suelta a la idea de una liberación masiva de presos o al traslado de estos a sus casas para que cumplan la pena de prisión.

El gobernador de la provincia, Axel Kicillof, que nunca militó en la franja que promovió las liberaciones, se manifestó ayer en contra de esa práctica de algunos jueces y le echó la culpa al procurador general (jefe de fiscales y defensores), Julio Conte Grand. El cristinismo viene trabajando para desestabilizar a Conte Grand, que llegó a ese puesto en el gobierno de María Eugenia Vidal. Su designación contó con la consiguiente aprobación parlamentaria que incluyó a la oposición. Kicillof dijo que Conte Grand había elaborado una lista de 1200 presos que podrían cumplir prisión domiciliaria por ser personas de riesgo ante la pandemia. Lo cierto es que de la lista de Conte Grand solo 600 fueron a sus casas, sobre un total de 2200 liberaciones.

Dos conclusiones pueden inferirse. La primera es que existe una manipulación de datos para mejorar la situación judicial de Cristina Kirchner, aunque para eso deba recurrir al escrache de personas que nada tuvieron que ver con nada (caso Mahiques). La otra es que el mismo recurso de deformar la realidad le sirve al cristinismo para desviar la atención de los verdaderos autores de políticas que provocaron un amplio rechazo social (caso Conte Grand). La manipulación de la información y el desprecio por los hechos no son prácticas nuevas ni desconocidas. Forman parte de la panoplia política que ofrece Cristina Kirchner a sus cortesanos.

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Opinión

La jueza que condenó a Videla por el robo de bebés: “Justicia es poner paz donde hubo dolor”

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1 día ago

24 marzo, 2023

Maru Valle

La exjueza María del Carmen Roqueta aseguró que “justicia es poner paz donde hubo dolor” al recordar la condena a Jorge Rafael Videla por el plan sistemático de apropiación de bebés, en cuya causa intervino como presidenta del Tribunal Oral Federal (TOF) 6 que emitió el veredicto, y sobre aquel fallo histórico subrayó: “Creo que cumplí con mi trabajo”.

En una entrevista con Télam, Roqueta revivió la jornada del 5 de julio de 2012, cuando “en un día muy frío” el Tribunal que presidía leyó la última sentencia contra Videla, a quien condenó -junto a Jorge “el Tigre” Acosta, Reynaldo Bignone, el exmédico policial Jorge Luis Magnacco y otros- por “la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad”.

Ante un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, la exmagistrada reveló que al momento de leer el veredicto ella y los otros integrantes del TOF 6 “se sentían muy seguros” luego de haber estado “un año y medio trabajando”, pero confió que ese día al retornar a su casa tras el “tenso momento de la exposición” se encontró con su familia y entonces sí pudo, por fin, “bajar y llorar un poco”.

Roqueta se jubiló del poder judicial en 2017 y dos años después fue distinguida por la Legislatura porteña como personalidad destacada de los Derechos Humanos: se le reconoció su compromiso en la restitución de la identidad de menores apropiados durante la dictadura, a partir de su rol en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés, una labor que para la exjueza implicó simplemente “cumplir con el trabajo” aunque al mismo tiempo, asumió, “quedó para la historia”.

Periodista: ¿Cómo vivió el día de la lectura de la sentencia, aquel 5 de julio de 2012?

María Roqueta: Internamente trabajé muchísimo, porque como jueza tenía que responder a la sociedad con un fallo que fuera objetivo. Habíamos logrado organizar bien el trabajo en el tribunal: los empleados y funcionarios del tribunal habían trabajado mucho. Después de las últimas palabras de los imputados, volví a mi despacho y me acuerdo que me saqué los zapatos y dije: “Bueno, ya está”. Pero faltaba ese otro momento, la lectura de la sentencia, en el cual uno, obviamente, como juez o jueza que está en el Tribunal Oral, pone mucho el cuerpo y se expone. Me acuerdo que me calmé. Bajé los niveles. Era difícil. Y leí, con la autoridad que correspondía leer semejante fallo. En definitiva, es lo que siempre digo: la justicia, en un estado de derecho, de alguna manera es poner paz donde hubo dolor.

P.: Fue un momento histórico.

M.R.: Creo que cumplí con mi trabajo. Sé que hay una mirada (de valoración) por haber hecho el juicio (sobre robo de bebés), como ocurre con todos lo que hemos trabajado con las causas de esa humanidad. Que sí, es cierto, quedan en la historia. Pero yo lo quiero tomar como algo cotidiano porque si no sería muy pesado.

P: ¿Cómo llegó a intervenir en la causa del ‘Plan sistemático de robo de bebés’?

M.R.: La causa por robo de bebés venía ya desde el año 1997. Una causa en la que no solo estaba imputado Videla sino varios que militares más. Eran 34 casos en los cuales íbamos desde el caso (Francisco) Madariaga (fallecido en 2020), que había sido apropiado y había aparecido, hasta el caso de (Victoria) Donda, que había sido apropiada. El máximo referente de todo ese plan era Videla y en el medio estaban (Jorge ‘el Tigre’) Acosta, (Jorge Luis) Magnacco, (Antonio) Vañek y mucho más. Teníamos testimonios de chicas embarazadas que habían parido en lugares donde había maternidades clandestinas: Campo de Mayo, el Pozo de Banfield. Había una práctica sistematizada. Pero para poder decir que hubo una sistematización había que analizar varios centros clandestinos: todo el circuito La Plata, el circuito de Campo de Mayo, ESMA. Y así tuve que armar el juicio, primero por cada centro clandestino y en cada centro, cada caso puntual y las testimoniales de la gente que había sobrevivido y contado lo que había visto. Después, con la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, comienza una nueva etapa. Y también con los fallos que saca la Corte Suprema en su momento, después de la anulación (de las leyes) que hace el presidente (Néstor) Kirchner y el Congreso acompaña. La Corte después dicta tres fallos fundamentales, uno a partir del espía chileno (Enrique) Arancibia Clavel, para decir que esas causas no habían prescripto, porque eran delitos de lesa humanidad y, como tales, no prescriben. El delito es tan terrible para la sociedad que eso no puede prescribir. Mi trabajo era trazar toda la línea de responsabilidad penal, como se llama en derecho penal, para llegar a los máximos, a los que dieron las órdenes.

P.: En esa oportunidad la Justicia estuvo a la altura. Así lo vivieron los organismos de DDHH y las propias víctimas. ¿Cómo ve usted ahora los debates sobre la justicia?

M.R.: El poder judicial debe volver a ser confiable. Tiene que haber una justicia ordenada, transparente, creíble y que tenga una mirada amplia de la sociedad, conociendo qué es lo que pasa y dónde se necesita ser efectivo, ágil, llegar a tiempo. Se han vivido y se viven momentos complejos, que no son de la mejor calidad de justicia que se pueda ofrecer, con diez jueces que hacen una instrucción y un juicio que está comprado o lo que sea. Se puede hacer persecución política, como se ha estado haciendo, pero eso no quita que hay un montón de gente que trabaja seriamente y pone todo para hacer las cosas bien.

P.: ¿Cómo decidió ser abogada y cómo entró en el Poder Judicial?

M.R.: Siempre tuve presente durante mi carrera, y en el ejercicio de mi profesión, la búsqueda de ejercer derechos y lograr, un poco, que se haga justicia. Esa fue siempre mi motivación principal en el marco del país que viví -los ’60 y los ’70- en el que, bueno, las injusticias existían. Un país que tenía proscripciones políticas. Yo me críe en un barrio muy sencillo, Valentín Alsina, y mis viejos eran personas de laburo. Por eso sentía la injusticia, pero mis viejos me enseñaron que la educación era una herramienta importante para avanzar en el camino que uno quería armar. Hace poco conversaba con una amiga que siente nostalgia de los ’70, pero los ’70 fueron terribles. Yo viví la etapa más terrible de la facultad de Derecho, con patotas caminando por los pasillos y compañeros y compañeras a los que se llevaban, que habían sido torturados en el decanato, cosas horribles. Uno no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando porque creía que se los llevaban detenidos y en algún momento aparecían pero la realidad fue terrible, porque no aparecían nunca más.

P.: ¿Y cómo fue su ingreso al Poder Judicial?

M.R.: Yo me incorporé antes de la reforma del año ’94; uno acercaba su currículum y veía qué podía pasar. Yo venía de la calle, no pertenecía al Poder Judicial. De hecho, las veces anteriores en que había intentado entrar, una vez me discriminaron por ser mujer y otra vez, en la época de los radicales, por peronista; pero sobre todo por ser mujer, porque me interesaba mucho el tema penal. Porque aunque en la facultad de Derecho la mayoría eran mujeres, en determinados cargos es como muy, muy difícil, poder llegar a ser jueza, o ser fiscal, o defensora oficial. En una entrevista, por ejemplo, cuando yo tenía 27 años, el secretario me mira y me dice: “Vos sos joven, y sos mujer, y si tenés que verte con un detenido…” Yo le dije: “Yo soy una profesional preparada y uno elige también qué cosas hacer dentro de la profesión”.

P.: En este año se cumplen 40 años del regreso de la democracia. ¿Cómo vivió aquel momento?

M.R.: Quienes tenemos algunos años y recordamos ese 1983, en el que todo parecía posible con la vuelta a la democracia y había mucha ilusión, después fuimos viendo que no era tan fácil.

P.: ¿Qué opina del fuero federal?

M.R.: La justicia federal necesita, sobre todo, que sea modernizada. Hay que tener recursos y la mejor calidad de personas, pero calidad en el compromiso con la justicia para que no se haga algo contra el estado de derecho. Y hay que poner la mirada en el tema de género, porque el Poder Judicial está un poquito atrasado. No puede haber una Corte con cuatro señores (por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti). No voy a abrir juicio de valor porque son personas intelectualmente importantes, pero no puede ser una Corte en la cual no haya cuatro mujeres más, o cinco más. Pienso que en algún momento tiene que caerles la ficha y dejar de jorobar.

Andrea Holgado para Ambito

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Judiciales

No fue lawfare: mentiras y trampas en el juicio de Vialidad que condenó a Cristina

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2 semanas ago

12 marzo, 2023

Maru Valle

Abogados que ocultaron tramos de documentos oficiales en que basaron las defensas porque lo omitido hundía a sus clientes. O que le enrostraron a la Fiscalía haber lanzado afirmaciones que en realidad nunca lanzó para confundir al tribunal o a la opinión pública. O que denunciaron la violación del derecho de defensa por no haber sido notificados sobre la incorporación de una prueba al expediente cuando sí fueron notificados. O varios peritos de parte y testigos que orillaron el falso testimonio con afirmaciones sesgadas. O empleados de Vialidad que… la lista continúa.

El Tribunal Oral Federal que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la “causa Vialidad” reflejó en el fallo que difundió este jueves múltiples episodios en los que las defensas intentaron jugadas, como mínimo, polémicas. Tanto, que el tribunal le notificó lo ocurrido al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que “fiscalice las temerarias intervenciones profesionales” y, acaso, aplique sanciones disciplinarias.

Esas “temerarias intervenciones” de los abogados reflejaron un contraste notorio entre las acusaciones de lawfare y lo que salió a la luz, con evidencias concretas, durante las audiencias del juicio oral, según surge de la sentencia de 1616 páginas que rubricaron los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

De hecho, el tribunal remarcó a lo largo del fallo que algunas defensas incurrieron repetidas veces en una “actitud estratégica de elegir los presupuestos de la acusación para luego poder defenderse de dichos extremos inexistentes”, lo que calificó como “una verdadera y despiadada lucha contra los molinos de viento”. ¿Por qué? Porque para algunas defensas, según el estimó el tribunal, lo más importante no se dirimía en las audiencias del juicio, sino en “la instalación de una narrativa en el plano extraprocesal”. Es decir, la difusión de un relato ante la opinión pública a través de los medios de comunicación y propaganda afines.

La lectura del fallo aporta numerosos ejemplos. Entre ellos, cuando los defensores de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, remarcaron que no había mensajes directos entre la entonces Presidenta y su secretario de Obras Públicas, José López, y esgrimieron esa ausencia como una prueba irrefutable de la inocencia de su defendida. “¿Esperaban que la Presidenta de la Nación chateara personalmente con López?”, se preguntó el tribunal. “¿Quién más que la entonces Presidenta, a través de su asistente personal, podría ordenarle a un Secretario de Estado que se hiciese presente en la quinta de Olivos o en Casa de Gobierno a una hora determinada?”, plantearon Gorini, Giménez Uriburu y Basso, para luego indicar que esa jugada defensiva era “realmente llamativa” y “manifiestamente endeble”.

El letrado de Lázaro Báez, Juan Martín Villanueva, fue, sin embargo, el que protagonizó más episodios cuestionablesc como cuando sostuvo que su cliente había sido un empleado bancario que ascendió en el escalafón hasta convertirse en el máximo ejecutivo del Banco de Santa Cruz, y le enrostró al fiscal Diego Luciani haber dicho que era mero “cajero” bancario.

Pero eso era falso. Luciani jamás lo dijo, aclaró el tribunal. “Si alguien utilizó ese término fue la propia defensa de Báez, la que puso ese concepto en boca de los Fiscales para luego poder cuestionarlo y probar un pretenso yerro tanto en el plano procesal como en el mediático”. Y más allá de eso, el tribunal le recordó que lo esencial del debate pasó por otro lado: ¿tenía Báez experiencia en la obra pública? Y allí tropezó su defensa: “El intento de la defensa técnica de Báez de presentarlo como un avezado directivo de una empresa constructora es directamente una farsa”, concluyeron los magistrados. Una y otra vez, empero, Báez y sus letrados incurrieron en “falsedades” o “falacias”, según el tribunal. Por ejemplo, cuando quisieron sostener que Austral Construcciones se constituyó en abril de 2003 y acusaron a los fiscales de “falsear” el acta constitutiva porque “no les servía la verdad”, lo que también levantó y difundió la maquinaria de difusión cercana al kirchnerismo. Pero en realidad, según verificó el tribunal, la Fiscalía tenía la razón, apoyado en un documento que así lo demostró y que conocían todas las partes. “Nos enfrentamos, una vez más, frente a un artilugio defensista cimentado en una nueva falsedad”, estimó el tribunal.

La diferencia entre el relato y las evidencias también quedó expuesta cuando se analizó cómo fue el proceso de recálculo en las obras otorgadas a Báez. La defensa invocó un informe que aportó la Dirección Nacional de Vialidad que calificó como “una prueba central” que demostraba “dos mentiras” de la Fiscalía y cuya solidez era “incontrovertible”. Pero, ¿qué pasó? Según el tribunal, la defensa incurrió en un “berenjenal comparativo” que lo llevó a esbozar conclusiones erróneas o, peor, “opuestas” a las reales.

“La treta”

Lo mismo, aclaró el tribunal, ocurrió cuando se analizaron la ampliación del plazo o las redeterminaciones de precios en las obras, entre otros ejes. “Una vez más, las defensas escogieron ellas mismas los ejes sobre los que ejercer su defensa, y en ese afán realizaron estruendosas y simbióticas alegaciones sobre la licitud del procedimiento, el acierto en los cálculos y el sacrificio económico que resultaba su aplicación para las empresas”, destacaron los magistrados, cuando en realidad lo nuclear pasaba por otro lado. “El yerro en el que caen las defensas […] se encuentra íntimamente vinculado al escandaloso sistema de aprobación de las ampliaciones de plazos y modificaciones de obras (por su automaticidad, inmotivación, falta de acreditación, justificación, control y fundamento, etc.) que lo antecedió, pues ahí residía la treta”.

Lejos de amilanarse, sin embargo, las defensas redoblaron la apuesta. También buscaron relativizar la importancia de que Báez tuviera tanta preponderancia en el reparto de la obra pública en Santa Cruz. Para eso plantearon que en cada provincia suele haber una constructora con mayor peso porque, por ejemplo, está localizada allí, con sus maquinarias y personal, lo que buscó probar el letrado de Báez con un documento que, según alertó el tribunal, “no cuenta con la totalidad del universo de obras financiadas y/o ejecutadas por la Dirección Nacional de Vialidad en el período en cuestión”.

El tribunal requirió entonces más información oficial y lo que obtuvo, lejos de beneficiar a los acusados, los complicó aún más. “La comparación completa y fundamentada en datos es apabullante”, destacaron Gorini, Giménez Uriburu y Basso, que se apoyaron en datos “objetivos y verificables” para evaluar la distribución de sus negocios, y deploraron lo que calificaron como “pseudos conocimientos especiales” que invocaron los letrados y que fueron levantados por los medios de comunicación más afines al Frente de Todos.

Testigos y peritos de parte

En otros tramos de la sentencia, el tribunal también criticó la actuación de varios testigos y peritos propuestos por las defensas. Entre ellas, una ingeniera designada como perito por la defensa de la actual vicepresidenta, Adriana Alperovich, quien para apoyar a quien la había contratado llegó a utilizar “bibliografía estudiantil guatemalteca, peruana y colombiana, sin precisar sus antecedentes, calificación y rigurosidad técnica”. Eran tesis de grado.

Eso no fue todo. “Sobrepasando los límites de la tarea pericial que le fuera encomendada”, Alperovich “omitió deliberadamente su abordaje completo y recurrió a normas, dictámenes y antecedentes que no resultan ni remotamente aplicables al caso”, indicó el tribunal, hasta ofrecer “una versión exculpatoria que no resiste el menor análisis técnico”. Pero su relevancia en los tribunales fue lo de menos. Su testimonio fue ensalzado por la defensa y levantado por los medios de comunicación afines como “la única que hizo un estudio serio” y “quien de manera fundada descartó la acusación de sobreprecio. En la misma línea, varios testigos quedaron bajo la lupa, como Daniel Semino o Laura Hindie, que durante el juicio intentó relativizar lo que ella misma, como jefa de Legales del Distrito 23° de Vialidad, había sostenido apenas nueve meses después de ocurridos los hechos. ¿Qué pasó en el medio? Que asumió como diputada por el Frente de Todos. Para el tribunal, su giro resultó una “calculada y casi frívola mutación” que la llevó a modificar “su percepción de los hechos de manera infantil y con un sentido de la oportunidad asombroso”. Pero en las usinas de propaganda fue presentada como “una testigo fundamental”.

Como el de Hindie, los defensores y medios afines al kirchnerismo también propalaron el testimonio de Justo Pastor Romero, un auditor de Vialidad Nacional que al declarar durante el juicio oral “escondió en su fundamentación un error de base” conceptual, según el tribunal, y lanzó “temerarias interpretaciones” sobre un informe, “totalmente opuestas a las aclaraciones que realizaron sus hacedores en relación a sus alcances”. Y otra vez se repitió la dinámica: los magistrados desconfiaron de su credibilidad, al punto de indicar que les pareció que estaba “constantemente repitiendo un libreto”. ¿Y los medios de propaganda oficialistas? Lo definieron como “otro testigo demoledor”.

Columnas y notificaciones

Sin embargo, el tribunal estimó que no sólo ciertos testigos parecieron seguir un libreto propio. También la defensa de Báez editó el contenido de los “reporte por certificación de obra” que expuso durante el juicio. “Para empezar, [el material] se trata de una muestra parcializada del informe en cuestión”, alertaron los magistrados, que lo compararon con el informe completo. “Como puede verse de una simple comparación, 6 columnas han sido suprimidas del documento en ciernes”.

Pero si el uso de información parcial o manipulada durante un juicio resulta cuestionable, casi todas las defensas incurrieron en otro error, decisivo en el resultado final del proceso. Ocurrió cuando se incorporó a la “causa Vialidad” evidencias de otra investigación, la 12.441/2008. Es decir, el contenido de los teléfonos de José López; en particular, los mensajes que el exsecretario de Obras Públicas cruzó con los secretarios privados de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Báez y su alfil en Austral Construcciones, Julio Mendoza.

La tormenta se desató cuando el fiscal Luciani usó esos mensajes en su alegato de manera intensiva. Las defensas clamaron que se violaba el principio de defensa en juicio de sus clientes y que jamás habían sido notificados sobre el eventual uso de ese material, lo que amplificaron sus canales habituales de difusión y propaganda, donde se afirmó que era “una prueba introducida silenciosamente en el juicio”, sin que las partes pudieran objetar su inclusión.

La realidad fue, otra vez, distinta. Así lo expuso el tribunal en su sentencia: “Las alegaciones introducidas por algunas defensas en torno a la supuesta sorpresa que habría significado para esas partes el hecho de conocer el contenido de esa prueba recién durante el alegato de clausura fiscal resultan completamente inadmisible”. ¿Por qué? Porque la Fiscalía pidió incorporar ese material al expediente mucho antes del inicio del juicio, todas las partes fueron notificadas de su interés e invitadas a compulsar ese material, que quedó a disposición de todos desde noviembre de 2017, tanto en la sede del tribunal como en forma digital.

Dicho de otro modo: las defensas sí fueron notificadas sobre el eventual uso de los teléfonos de López como prueba, pero no reaccionaron. Para el tribunal, la conclusión es tan clara como tajante: “Independientemente de si se trató de una decisión deliberada o una negligencia en el ejercicio del ministerio de la defensa, lo que de ninguna manera puede permitirse es atribuir ni vincular esa supuesta sorpresa con el comportamiento procesal que ha tenido este tribunal”.

Hugo Alconada Mon para La Nacion

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Opinión

Langostino: mediar entre la sobreabundancia, la especulación y la impaciencia

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2 semanas ago

12 marzo, 2023

Maru Valle

En Chubut la zafra de langostino en aguas provinciales sumaba 95 mil toneladas por estos días y va camino a superar las 100 mil toneladas cuando termine.

La flota amarilla de Rawson, costeros y artesanales, resisten las presiones del resto de las cámaras, lease CAPECA y CAPIP, para mantener abierta una pesquería que sigue mostrando una abundancia extraordinaria. El miércoles hubo barcos que completaron 1100 cajones en el día.

La 2023 es la zafra de la cola. A partir del contexto complejo, con un mercado internacional que no demanda langostino entero y las cámaras frigoríficas con mucho stock de las capturas de la flota tangonera congeladora en aguas nacionales 2022, todo marisco que se descargó en Rawson terminó hecho cola.

La super abundancia provocó que empresas como Iberconsa se salieran de todo cálculo. Supongamos, si pensaban producir no más de 5 mil toneladas para toda la zafra, al primer día de febrero ya habían superado las 5200 toneladas.

A partir de entonces Iberconsa ya no hace más cola sino langostino entero que siguió coleccionado en cámara. Mientras tanto en Mar del Plata sus 100 trabajadores hace casi un mes que no son convocados a trabajar por la demanda de los peladores por la caída en la producción de cola pelada y desvenada a partir de la incapacidad de la empresa para sostener el volumen del congelado. La única oferta por ahora es retiros voluntarios para todos.

Lo que le pasó a Iberconsa le ha pasado a muchas otras empresas. Eso generó que algunas partidas de langostino entero lleguen a Mar del Plata, algo que está expresamente prohibido en la legislación chubutense pero el romance multisectorial que genera el empacho con el oro naranja todo lo permite.

“Seguimos una semanita más y cortamos”, prometen los pescadores amarillos cuando desde los frigoríficos les marcan la imposibilidad de seguir recibiendo matera prima. Ya no solo por falta de espacio en cámara sino de personal. Se va cumpliendo el tiempo de la temporalidad en la contratación y no queda más que bajar la persiana.

Estos días respiran aliviados en Playa Unión porque Gabriel Aguilar se fue al exterior y hasta que no regrese no firmará el cierre de la temporada como vienen pidiendo, por distintas vías e interlocutores, los demás sectores.

El contexto de lo que se vive en Rawson sirve para graficar la pelea que se vive por estos días en la pesca atada al langostino.

La apertura de un área para pescar el marisco sobre el 41ªS, al norte de la zona de veda de merluza para la flota tangonera congeladora y fresquera de altura, divide las aguas.

La flota congeladora patagónica no quiere saber nada con esa posibilidad. Sostienen que un mayor volumen empujará los precios hacia abajo. Tanto del entero como de la cola, que a partir de la abundancia de Rawson, tuvo una mayor presencia en los mercados internacionales.

Igual la estadística que difunde CAPECA no refleja la pérdida de valor de la cola. En enero se exportaron 6228 toneladas a un valor promedio de 7592 dólares la tonelada. Los números representaron 22% más en volumen y la caída del 3,6% en el precio promedio en la comparación interanual.

En Mar del Plata la postura es inversa. CEPA y CaIPA han pedido abrir el área para poder pescar, acompañado de algunos gremios como SIMAPE, SUPA y la Asociación de Capitanes. Siempre se habilitó en abril pero pidieron la apertura anticipada la primera semana de marzo. Aseguran que más allá del contexto crítico que hoy tiene el mercado, si hay langostino en el agua quieren pescarlo.

Y este sector no pesca desde octubre del año pasado cuando terminó la zafra de aguas nacionales y se prohibió el despacho a la pesca para preservar el ciclo reproductivo de la especie. A diferencia de sectores que se oponen a la apertura del Norte, pero tuvieron/tienen participación en la zafra de Chubut, ya sea como pescadores y/o reprocesadores.

“No nos oponemos, solo queremos que haya consenso para habilitar el 15 de abril”, asegura un industrial con barcos tangoneros congeladores.

¿Cuánto langostino se declara capturar al norte, entre enero y mayo, como para que baje mucho más el precio, haga tambalear la sustentabilidad del negocio y ponga en riesgo la estructura de las propias empresas?

De acuerdo a las cifras de los últimos años, en 2019 se registraron las mayores capturas con 19300 toneladas. Al año siguiente fueron 10.100 y en 2022 sumaron 16.500. El volumen incluye la pesca específica como el by catch del 20% de principios de año cuando los fresqueros pescan merluza.

Son cifras que no parecieran generar las graves consecuencias que advierten quienes desean que el área se mantenga cerrada, no al menos mayores al impacto que representa el desembarque de 100 mil toneladas en cuatro meses de zafra provincial.

Mar del Plata registra uno de los peores inicios de año en lo que a desembarques pesqueros se refiere. Los datos oficiales marcan una caída general del 16% hasta el pasado 7 de marzo. Con reducción del 12% en los desembarques de merluza hubbsi del efectivo sur y 37% de calamar.

Más allá de los intentos y presiones para que se deje de pescar en Chubut y no se abra al norte de manera prematura, en Pesca llevaron tranquilidad a los referentes sindicales de Mar del Plata que fueron a ver al Subsecretario preocupados por la falta de actividad en el puerto.

“No hay razones reales como para temer un escenario de no apertura”, les dijo Liberman, según refleja el portal Pescare. “Todos estos años hemos habilitado la pesca del langostino en el norte en abril”, reveló el funcionario.

Esta semana el CFP rechazó el pedido anticipado de apertura formulado por las cámaras marplatenses al considerarlo “prematuro” y convocó a la Comisión de Seguimiento de Langostino para los próximos días. La duda por estas playas es si el 15 de abril abre para todos o recién arranca la prospección.

Más tarde que temprano como piden en Mar del Plata se habilitará el sector norte de aguas nacionales. Veremos cuántas son las empresas de CAPECA y CAPIP que deciden mantener los tangoneros congeladores amarrados a muelle.

Mientras tanto varios de sus socios siguen alimentando stock con el langostino de provincia, Esa materia prima no parece implicar ninguna amenaza al futuro del negocio. Sobre todo porque es la de ellos.

Roberto Garrone para Punto Noticias

Imagen @ramiro32_

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