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Uno por uno: todos los aumentos que se vienen en 2018

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En el Gobierno estudian llevar el boleto de colectivo a 8 pesos en el primer semestre para llegar a los 12 al final del año; qué pasará con el gas, combustible, electricidad y el agua

El 2018 se presentará complicado para los usuarios una vez más, ya que las tarifas comenzarían a aumentar desde enero próximo. En primer lugar, podría registrarse un aumento en el precio de los combustibles liderado por YPF. Luego en febrero llegaría una suba de entre un 50 y 100% en la tarifa de colectivos y trenes por la reducción de subsidios, aunque todavía no está resuelta. Además, en ese mes también habrá subas en las tarifas de gas y luz y en abril una probable suba de la tarifa de agua de AYSA.

La lista de aumentos continuará debido a que la mayoría de las tarifas de servicios públicos privatizados comenzarán a subir en función del incremento de la tasa de inflación, de acuerdo a lo informado por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne en el Parlamento cuando presentó los lineamientos del Proyecto de Presupuesto 2018.

Transporte público de pasajeros

colectivos

La gran duda es cuando se concretará el aumento en el precio de los pasajes de colectivos y trenes. Esto se relaciona con la reducción de subsidios al transporte que encaró el gobierno de Cambiemos desde el 2016. Según pudo saber Infobae, los aumentos serían a partir de febrero.

En las principales empresas de colectivos de corta distancia se habla de una suba de 6 a 12 pesos en enero que el Gobierno desmiente. Desde el oficialismo afirman que se estudia una suba de 6 a 8 pesos durante el primer semestre para llegar a una tarifa de 12 pesos al final del 2018. Por lo tanto, de confirmarse esos valores la suba del boleto de colectivo para la zona del AMBA -conformada por la Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia- sería del 100 por ciento en todo el año próximo.

De todos modos hay dudas, ya que desde otras aéreas del Gobierno relacionadas con los números fiscales quieren una suba de 6 a 12 pesos en enero. Es decir que el aumento sería del 100% en un solo mes. A propósito, fuentes del ministerio de Transporte a cargo de Guillermo Dietrich informaron a Infobae que “no habrá aumento en enero en la tarifa del AMBA y se estudia un futuro aumento por la reducción de subsidios”.

También aclararon que no es posible hacer un aumento de 50 centavos por mes porque se deberían resetear todas las máquinas validadoras instaladas en unos 20.000 colectivos que funcionan en la zona del AMBA. Asimismo, fuentes de esa cartera confirmaron a este medio que se estudia instrumentar un llamado boleto polimodal que tendrá un descuento para aquella persona que tome más de un medio de transporte para llegar a su trabajo a lo largo de dos horas.

Combustibles

nafta

Los principales referentes del mercado estiman que es probable que a partir del 1 de enero próximo el precio de los combustibles líquidos podría aumentar hasta un 5%.

La estatal YPF sería la primera y luego las seguiría el resto. Los precios que rigen desde el 1 de diciembre en las estaciones de servicio son para la nafta súper $22,66; nafta premium o Infinia $26,15; diesel $19,99 y diesel premium $23,18. En el interior del país –como en la provincia de Salta– el valor de la nafta premium ya pasó la barrera de los 29 pesos.

Sobre esos valores podría haber un aumento que no superaría el 5% a principios de este año. Las empresas YPF y Shell, que representan el 75% del mercado local de combustibles en el segmento minorista, incrementaron desde principios de este mes un 6% los valores de las naftas y el gasoil, a raíz del aumento del precio internacional del crudo y del reacomodamiento de valores de los biocombustibles.

De acuerdo con la visión de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina, el país tiene “el segundo combustible más caro de Latinoamérica”, detrás de Uruguay. A ese dato se debe sumar que desde que se liberó el precio en octubre pasado el precio del barril de petróleo en el mercado internacional no ha dejado de subir.

Durante 2017 el litro de nafta súper aumentó un 32,6%, el de premium un 35,5 por ciento, el gasoil un 28,6% y el diesel de más calidad un 29,8%. Los datos surgen de la comparación de precios de los combustibles de YPF en Capital Federal vigentes el 1 de enero de este año y los que se aplican desde el 1 de diciembre.

Electricidad

Las tarifas de electricidad volverán a aumentar para todo el país a partir del 1 de febrero un 24% en promedio. Con un aumento en dos tramos, la propuesta oficial presentada en noviembre pasado fue de una suba promedio del 77% entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, según surgió de la audiencia pública del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), en la Ciudad de Buenos Aires.

La suba fue del 43% promedio en diciembre, mientras que en febrero aumentará un 24 %. Con respecto a la tarifa de luz, el Estado es el encargado de regular la distribución en Capital y Gran Buenos Aires, que está concentrada en las empresas Edenor y Edesur. Para estos consumidores -tanto residenciales como comercios- en la audiencia pública se determinaron la suba realizada en diciembre y otra en febrero de 2018. Entre ambas acumularán una suba en promedio del 70 por ciento para los residenciales. Un hogar que consume hasta 150 kWh/mes que pagaba $156, pasó a pagar unos $65 más en diciembre y pagará unos $40 más en febrero, lo que suma un total de $261 de factura final. Esto equivale a un aumento del 67,3% para esta categoría de consumidor.

Para el segundo tipo de hogar, entre 150 y 300 kWh/mes, la factura pasará de los $309 a $514 en febrero de 2018, un salto del 66 por ciento. El tercer nivel -de 300 a 600 kWh cada mes- tendrá una suba del 58%, al pasar de $867 a $1375 mensuales.

El promedio se eleva al 70% de suba en dos etapas por los grandes consumidores dentro de los residenciales, donde entran algunos pequeños comerciantes y pymes que consumen entre 600 y 900 kWh por mes. Hoy pagan un promedio de $ 2300 y pagarán $670 más en febrero. Esto equivale a una suba del 100% en tres meses. “Los grandes usuarios pagarán el costo pleno de la energía que reciben, y los residenciales estarán subsidiados en un 18% en el curso de 2018”, especificó en la última Audiencia Pública el ministro de Energía Juan José Aranguren, en referencia a los subsidios económicos que el Gobierno decidió mantener durante el próximo año y busca levantar el año siguiente. A partir de allí, los aumentos serán por inflación gatillo -cuando sea superior al 5%- y por eficiencia, que en ese caso estará medida por la evolución de costos de las empresas y por la cantidad de usuarios.

Gas

Gas

La tarifa de gas aumentaría un 15 % partir de febrero. Ese servicio aumentó un 58% en diciembre pero habría otro incremento, de acuerdo a lo que pudo saber Infobae.

La mayor suba fue para los residenciales de Capital y Gran Buenos Aires, que recibían una mayor proporción de subsidios económicos. También hay subas para los comercios. Un usuario de Metrogas, de categoria R1 pasó a pagar unos $127 a $201 por mes sin impuestos, de acuerdo con la presentación que realizó el ministro de Energía y Minería en esa audiencia. El aumento promedio para un usuario fue del 45% a nivel nacional, y los niveles de menor consumo son los que más suba tendrán en esta oportunidad, ya que recibían hasta ahora un mayor subsidio.

Los precios de las garrafas también van a aumentar en el 2018. En diciembre, la de 10 kilos pasará de $135 a $185, una suba del 37 por ciento en un solo tramo. El precio de la garrafa del Programa Hogar hoy es de $20, y pasará a costar 39 pesos. Hoy hay unos 2,7 millones de beneficiarios de este programa, pero los comerciantes no suelen respetar esos precios. De todos modos, aara el 2018 todavía no está determinada la suba porque el Gobierno deberá analizar cómo evolucionará el costo de la garrafa social de ese programa.

AySA

El aumento sería a partir del 1 de abril pero el Gobierno todavía no tiene decidida la suba, que podría rondar entre un 25 a un 30%. Desde el 1° de noviembre, se paga un cargo fijo de $87 más impuestos y cargos variables.

Los residenciales sin medidor siguen abonando lo mismo. “La decisión de mantener los precios del servicio que cobra AySA por lo menos hasta diciembre y durante los primeros meses de 2018 tiene que ver con la necesidad de acomodar antes los valores Edenor, Edesur y Metrogas”, argumentaron fuentes del Gobierno a Infobae. También se basa en la diferencia de facturación que existe entre los tres servicios. Mientras la luz y el gas se pagan por consumo, en el caso del agua se tienen en cuenta los metros cuadrados o la superficie. “Por ese motivo AySA comenzó un proceso de cambio en su modalidad de facturación orientada al consumo” pero que, según fuentes de la compañía, no representará incrementos tarifarios ni tampoco mayores ingresos para la firma.

El cambio será para los clientes de AySA que tengan medidor en sus hogares. Se trata del 14% de los clientes de la compañía concesionaria de los servicios públicos de agua potable y recolección de desagües cloacales para la Ciudad de Buenos Aires y 25 partidos del conurbano bonaerense. En total, hoy AySA tiene un total de 3 millones de clientes de los cuales 2,5 millones son residenciales.

Hay unos 341.000 usuarios que han comenzado a pagar por lo que consumen y no por los metros cuadrados de su vivienda. Explican también desde la empresa que los cambios buscan incentivar el uso responsable del agua, empoderar al usuario, dándole la posibilidad de pagar por lo que consume y transparentar la factura al desaparecer toda referencia a la superficie cubierta y características del inmueble.

En el caso de los clientes no residenciales, que son 100.000, la modificación ya se aplicó en mayo pasado. Es decir que el cobro de los servicios prestados por AySA tendrá dos regímenes de facturación: el medido y el no medido o por superficie. Para quienes no puedan abonar la tarifa, ya existe un programa de tarifa social que se focaliza en los subsidios de aquellos clientes que lo necesiten. En este sentido, la tarifa social mínima que establece el programa es de $52 por servicio y por mes. No hay un cupo en cuanto a la cantidad de gente que podrá ingresar a a tarifa social ya que todos los que califiquen podrán obtenerla. En los casos extremos, la gente es liberada de la obligación de pago y sigue recibiendo los servicios. En la actualidad, este programa de tarifa social beneficia a 250.000 hogares. El 5% de este universo, corresponde al denominado “Caso Social” y está eximido del pago de las facturas.

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Se adelantaría el fallo de la Cámara sobre el petróleo, los decks se quedan, Coria a OSSE y los ahorristas de Jonestur

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Todos los entretelones de lo que es noticia en Mar del Plata.

Se comienza a transitar una semana clave en relación con el futuro de la exploración offshore a 320 kilómetros de la costa marplatense. Tras conocerse la decisión de la empresa Equinor de dar de baja el contrato que tenía con el buque BMP Prospector para realizar las tareas de prospección sísmica, y ante la demora en la resolución judicial tras casi un año de la vigencia de una cautelar y la presión de distintas entidades, gremios y organizaciones de la ciudad, se adelantaría el esperado fallo de la Cámara Federal de Apelaciones, luego de haber recibido la causa del juez federal Santiago Martín.

 

Según pudo saber LA CAPITAL, se estimaba que se daría a conocer el fallo de los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, los dos integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, entre el 12 y el 16 de diciembre. Pese a la ausencia de personal en dicha Cámara -el 40 por ciento de los cargos estarían sin cubrir-, y a la luz de los recientes hechos, se decidió adelantar la medida. Así, no se descarta que este mismo fin de semana se reúnan ambos camaristas en busca de un acuerdo, para finalmente, el martes próximo, dar a conocer el fallo definitivo que habilitaría o no las tareas de prospección sísmica, luego de que el juez federal Santiago Martín, criticado por su fallo por la CGT Regional Mar del Plata, devolviera la causa a la Cámara reclamando nuevos estudios y presentaciones y, en definitiva, manteniendo la cautelar.

Concretamente, el citado magistrado, en una resolución emitida en octubre pasado, consideró que el Gobierno nacional y la empresa Equinor no habían cumplido con algunos de los requisitos ambientales que había impuesto la Cámara en su anterior resolución de junio en la que dispuso el dictado de una nueva declaración de Impacto Ambiental. El fiscal federal había avalado tales presentaciones al igual que el intendente municipal Guillermo Montenegro, quien expresaba su conformidad con los nuevos estudios tras haberse planteado en un primer momento como querellante.

 

La decisión de Equinor de dar de baja el contrato con el buque encargado de la prospección sísmica -hay muy pocos en el mundo- encendió todas las luces de alerta también en el Gobierno nacional. “Si Equinor abandona el proyecto, generará un antecedente tremendo contra la Argentina en materia de inversión y concretamente de exploración petrolera”, reconocieron desde el Gobierno nacional. Y de hecho, en las últimas horas, varios medios hicieron referencia a las negociaciones “urgentes” que el Gobierno nacional, a través de la secretaria de Energía, Flavia Royón, abrió para que la petrolera noruega Equinor no abandone el proyecto de exploración offshore en el Mar Argentino. “La demora de la justicia nos está haciendo perder millones de dólares”, afirmó una fuente de Energía. Desde la justicia federal, en tanto, se reconoce que se trata de una situación anómala. “No se puede mantener una cautelar por casi un año”, afirman.


En el sector petrolero, incluso en el gremial que nuclea a los trabajadores del área, se mantienen expectantes ante lo que pueda llegar a suceder el martes. No solo esperan un fallo que avale los trabajos de prospección sísmica, que deberían iniciarse rápidamente para no perder la “ventana biológica” establecida en el estudio de Impacto Ambiental, sino que también aguardan que el fallo sea concreto y claro para no permitir nuevas dilaciones y más impugnaciones y medidas que volverían a demorar este proyecto. “Nosotros somos respetuosos de la ley y de las decisiones del Poder Judicial. Pero no entendemos cómo la opinión de un solo funcionario del Poder Judicial puede paralizar y destruir la esperanza de trabajo, de crecimiento económico y social de miles de marplatenses y de 46 millones de argentinos”, refería un documento de la CGT Regional Mar del Plata. Allí también se puntualizaba que el juez Martín “está planteando un completo absurdo, de exigirle a una actividad estudios de base, que en años no han realizado otras actividades productivas como la pesca, ni las instituciones científicas abocadas a esta investigaciones”.

 

No será un acto más el que se realizará esta tarde en Mar del Plata cuando a las 20 se inauguren las obras de remodelación del hotel 13 de diciembre de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, la entidad que más fuerte jugó a favor de la exploración petrolera. Sus máximas autoridades -no se descarta la presencia de representantes de las petroleras involucradas en la exploración del área CAN 100- estarán presentes en esta ceremonia donde volverán a insistir, como lo expresaron en un documento difundido en las últimas horas, en que es fundamental “una rápida resolución por parte de la Cámara con respecto a la cautelar para poder avanzar con las decisiones estratégicas y las diferentes contrataciones que requerirá la perforación del pozo Argerich I”. Y advirtieron que en la medida en que se mantenga la incertidumbre “se pone en riesgo la creación de miles de puestos de trabajo para Mar del Plata en un contexto económico y social difícil que atraviesa el país”.

 

La Federación también reconoció que se han perdido más de cinco millones de dólares a la espera de una definición, sostuvo que una pronta decisión favorable de la Cámara con respecto a la sísmica “creará un precedente para que eventuales amparos contra el pozo sean resueltos con mayor celeridad” y consignó que la previsibilidad es una condición central en la industria del petróleo y del gas. Especialmente, destacó a la actividad costa afuera (offshore), ya que “permite la planificación estratégica adecuada para realizar operaciones seguras”.

 

Ante el silencio y la pasividad de las fuerzas políticas locales que en torno a esta cuestión fundamental para el futuro de la ciudad ni siquiera se pronunciaron -ni a favor ni en contra, salvo contadas excepciones-, el puerto de Mar del Plata, a través de diferentes actores de la actividad como sectores gremiales, empresarios e industriales mostraron su preocupación en las últimas horas por la demora que tiene en la justicia el proyecto de exploración de hidrocarburos frente a costas de la provincia de Buenos Aires. “Con esta dilación en la resolución de medidas cautelares, tramitadas en tribunales federales, Mar del Plata y la región se pueden perder ‘una oportunidad histórica’ en términos de posibilidades desarrollo y crecimiento que llegarían con el impacto económico derivado de esta millonaria inversión en la denominada Cuenca Argentina Norte (CAN 100), a unos 300 kilómetros al este de estas playas”, señala el comunicado.


Vale recordar que el proyecto, impulsado desde el Gobierno nacional y asignado para su ejecución a una sociedad compuesta por YPF y empresas privadas, genera según el puerto “enormes expectativas en la ciudad y zona no solo por los recursos derivados de manera directa por el posible hallazgo de petróleo y/o gas en este sector de la plataforma submarina del Mar Argentino, sino por la demanda de mano de obra y servicios que tendrá para Mar del Plata, que sería principal base logística del operativo”. El puerto de Mar del Plata tiene especiales “expectativas sobre esta exploración de gas y petróleo costa afuera a partir de los muy buenos antecedentes en otros puntos del continente y países del mundo, donde estos despliegues generaron una transformación radical de la dinámica productiva, con multiplicación de empleo en las más variadas áreas y rubros en función de su impacto en distintos sectores de prestaciones de servicios y provisión de insumos”.

 

Además, se asegura que tiene un potencial adicional puesto que “aquí se concentran industrias que quedarían involucradas de manera directa en este proyecto como los astilleros y talleres navales, fundamentales para la atención y mantenimiento de embarcaciones afectadas al operativo de exploración en alta mar, y la de equipamiento para la búsqueda y extracción de hidrocarburos. Las empresas son protagonistas en el mercado internacional y tienen asiento en el Parque Industrial General Savio de nuestra ciudad”. Durante la audiencia pública desarrollada hace seis meses, convocada por el Concejo Deliberante de Mar del Plata, se escucharon opiniones de casi 700 representantes de organismos de gobierno, organizaciones no gubernamentales, cámaras empresarias, instituciones académicas y expertos en energía, con mayoría de voces favorables para este proyecto en función de mínimos riesgos y gran potencial de beneficios.

 


La ex concejal radical Cristina Coria se convertirá en la vicepresidenta de Obras Sanitarias Sociedad de Estado, según pudo saber este medio. Días atrás, el Ejecutivo local envió en un sobre cerrado al Concejo Deliberante, con su candidato para ocupar la vicepresidente de ese organismo. El cargo se encontraba vacante desde el momento en que dejó el mismo Fernando Navarra, en mayo del año pasado como consecuencia de la ruptura entre el intendente Guillermo Montenegro y el ex senador bonaerense Lucas Fiorini y el concejal Alejandro Carrancio. Coria, concejal radical durante tres períodos, aprobada su designación por el Concejo Deliberante, acompañará en OSSE a Carlos Katz (presidente), Daniel Díaz (director titular) y Mario Ricciuto (síndico titular).

 

Pese a la oposición de los concejales de Acción Marplatense y la abstención de los ediles del Frente de Todos, el oficialismo de Juntos por el Cambio, más el aporte de los concejales Nicolás Lauría y Alejandro Carrancio, logró aprobar la polémica regulación de los decks. Los mismos deberán adaptarse antes del 30 de abril, mientras mayoritariamente, los marplatenses, al menos en las redes sociales y en los comentarios de los portales informativos, parecen rechazar la “habilitación de sucursales de los bares y restaurantes en las mismas veredas”. Contrariamente a lo sucedido en La Plata, donde el intendente Julio Garro convencido de que los decks fueron utiles en la pandemia ya habiendo cumplido su ciclo, y ante los accidentes que allí se registraron, decidió que en marzo próximo sean levantados definitivamente, en Mar del Plata no sólo continuarán sino que hasta podrán techarse, incluso, claro está, aquellos que se instalaron incluso terminada la pandemia.


El miembro informante del oficialismo, Fernando Muro (Vamos Juntos), reconoció que “se han cometido excesos”. “Eso lo hemos visto todos, y este proyecto viene a ordenar esta situación. Queremos seguir defendiendo el trabajo, pero hay que hacerlo en forma ordenada, así que se han incorporado muchísimas cuestiones en el proyecto que tienen que ver con el diseño, la disminución de la polución visual, la seguridad, la incorporación de verde, la seguridad vial, los tamaños y dónde pueden estar ubicados y no”, enumeró. “Es un proyecto con mucha perspectiva que ya ha sido apropiado por los marplatenses y por quienes nos visitan”, resumió. Horacio Taccone (Acción Marplatense) se mostró en desacuerdo. La calificó como “una decisión equivocada” porque “no es sostenible en el tiempo” y “no es para toda la ciudad”. “El programa Comemos Afuera fue para la pandemia y nosotros lo apoyamos vehementemente. Nos sirvió a todos”, dijo, pero enseguida apuntó: “No se trata de oficializar la emergencia para siempre arrebatando espacios públicos de todos para algunos. Se trata de que Mar del Plata crezca mejor para que la gastronomía, la industria textil y las mil y una actividades que se desarrollan en la ciudad crezcan, pero todas”.

 

En tanto, Marina Santoro (Frente de Todos), también remarcó que la oposición impulsó los decks y los corredores gastronómicos (uno de ellos fue su ex compañero de bloque Marcos Gutiérrez) en la pandemia. Dijo que en ese momento eran “una solución” y que las estructuras generan empleo, pero aclaró que luego el Ejecutivo incurrió en “graves problemas de implementación”. “Esto evidencia cómo algo que puede estar bien pensado y surge con todo el espíritu de que sea una solución para los marplatenses y los batanenses termina siendo un problema para la comunidad”, indicó. Mencionó estructuras montadas que no cumplían con lo establecido, inconvenientes en el tránsito, reducción de lugares de estacionamiento y falta de higiene urbana.


Pese a haber votado en la misma sintonía, hubo chispazos entre el concejal Agustín Neme (presidente del bloque) y su par Alejandro Carrancio, (ex presidente del bloque) hoy libertario. Carrancio realizó una cuestión previa denunciando el incremento de la planta municipal durante la gestión del intendente Montenegro. El concejal profundizó la información y sostuvo que en septiembre de este año el personal alcanzó la cifra récord. Contando los funcionarios hay 7.955 empleados municipales, sin ellos 7.865. Así enfatizó que la gestión de Montenegro ingresó 1086 agentes municipales en tres años. Con ahínco remarcó: “Hoy transcurrimos el día 1085 de la gestión Montenegro… tenemos a razón de un ingreso por día…” A la vez denunció que conforme la escala salarial básica del mes de septiembre los ingresos tienen el costo mensual de $100.042.798. Si ese costo mensual lo multiplicamos por 13 meses que se abonan anualmente con el aguinaldo, esto arroja: la suma de $1.300.556.371,92.

En tanto, el concejal de Juntos por el Cambio, Agustín Neme, respondió señalando que con los datos a los que todos los ediles tienen acceso, al día de hoy “hay 60 agentes municipales menos trabajando que en diciembre de 2019[, precisando que esto “tiene que ver con la austeridad que el intendente Guillermo Montenegro marca como política local”. Añadió que no hay ningún incremento de la planta municipal y filoso disparó que “acá no crecieron un 140% los cargos políticos como sucede en la provincia de Buenos Aires, acá no se incorporaron 45 mil empleados públicos ni se crearon 20 organismos como en la Provincia. Algunos intentan hablar en nombre de otros que no pueden hablar”, concluyó Neme, Unidos por los decks, separados por los números.


La seguidilla de salideras ocurrida en la ciudad, con epicentro en el banco Provincia de Peatonal y Córdoba, causa doble preocupación en las autoridades, primero porque esos hechos ocurrieron y, segundo, porque tomaron estado público. Muy probablemente el último de los asaltos -si es que no ocurrieron otros- pudo haberse evitado. Nos referimos al del médico Enrique José Naudeau, quien resultó gravemente herido en un ojo al convertirse en víctima de la cuarta salidera. Pero como los anteriores hechos fueron ocultados por las autoridades, se privó a la comunidad de contar con información que le permitiera prevenirse. Curioso manejo informativo que deberá ser tenido en cuenta cuando se difundan esas auspiciosas estadísticas donde el delito se encuentra en eterno descenso…

¿Ultima posibilidad de los ahorristas para recuperar sus inversiones en Andorra por la causa Jonestur?. La cuestión ventilada tiempo atrás en torno a la situación de ahorristas que poseían sus fondos en cuentas internas de la firma Jonestur en Mar del Plata y que imprevistamente y sin consulta previa fueron giradas a la Banca Privada de Andorra (BPA) de ese país; se encuentra en una crucial etapa. En abril del corriente año los directivos de Jonestur Sres. Oscar Rígano, Marisa Ramaglio, Fernanda García Navarro y demás imputados en la causa penal que tramita ante el Juzgado Penal nro. 2 de Andorra por lavado de dinero y defraudación; prestaron declaración ratificando que el dinero existente detectados en cuentas bancarias a nombre de sociedades extranjeras abiertas por la firma Jonestur, es de propiedad de aproximadamente 2.000 ahorristas y no de la firma Jonestur cambiando así el alegato que desde el 2015 expusieran a las autoridades bancarias y judiciales de Andorra. Ese reconocimiento tuvo un vuelco importante en el pensamiento de la jueza y fiscal actuante en cuanto a que sería quizás procedente devolver el dinero retenido en esas cuentas sólo y exclusivamente a los titulares que se presenten a alegar y acreditar que le pertenece.
El abogado local Julián Vespa es quien en forma conjunta con colegas que actúan profesionalmente en el Principado de Andorra, Gema Martinez y Anna Sole, han llevado adelante las presentaciones de los damnificados. En consulta recientemente efectuada al citado profesional el mismo ha confirmado que efectivamente hay una esperanza que el dinero pueda ser devuelto a los damnificados. Pero sólo a quienes hasta la fecha se hayan presentado con un letrado a justificar su tenencia dentro de la causa penal que tramita en Andorra. Porque es allí en donde están los fondos embargados. A consulta efectuada de cual sería el riesgo para aquellos damnificados por Jonestur que no se presenten a efectuar su reclamo, el profesional fue contundente al afirmar que “el Estado de Andorra ha comunicado que a fines de 2022 se opera el cierre-liquidación del BPA. Las colegas con las que trabajo este tema en Andorra me han informado que quienes no se presenten personalmente en la causa a hacer valer sus derechos sobre el dinero que les corresponde, no podrán a futuro hacerlo por el estado de liquidación en el que entrara la entidad bancaria. O les será casi imposible…”.

 

También y ante trascendidos que sería nuevamente Jonestur quien recuperaría todos esos fondos en nombre de los ahorristas fue contundente al considerar que “los únicos legitimados a recuperar el dinero son los titulares del dinero. Y ello por cuanto son quienes se presentan en la causa penal en Andorra a reclamar por sus fondos y complementado esto por que los propios imputados Rígano, Ramaglio y García Navarro han ratificado en declaración realizada en la causa penal que el dinero no les pertenece. Que es de los ahorristas. La ley y la lógica se impone en cuanto a que el dinero debe volver sólo a quien es su dueño y no a terceros. Y el plazo para ejercer esta devolución estaría venciendo a fines de 2022”, concluyó.

 

FUENTE : FIARIO LA CAPITAL

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Intensa actividad en el Consejo Deliberante: Aprueban decks y aumento de taxis con plus nocturno

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El Concejo Deliberante aprobó este martes el nuevo proyecto para regular los decks gastronómicos en la calle.

La iniciativa fue sancionada con los votos del interbloque oficialista y de los concejales Nicolás Lauría y Alejandro Carrancio. El Frente de Todos se abstuvo y Acción Marplatense votó en contra.

Los decks podrán ser techados, con cerramientos laterales y tener publicidad. Además, los gastronómicos podrán poner sillas y mesas en las veredas.

Tras aprobarse la iniciativa, los decks deberán adecuarse a la nueva normativa a partir de abril de 2023.

Los decks surgieron como alternativa todavía en tiempos de pandemia, cuando se mantenían restricciones para las reuniones en espacios cerrados y para garantizar el funcionamiento de una actividad tan vital como la gastronomía se permitió habilitar espacios de consumo no solo en veredas sino también sobre las calles.

A pesar de ser muy utilizado por los marplatenses a la hora de comer afuera, el proyecto recibió duras críticas. Quienes más alzaron la voz en contra de los decks fueron los comerciantes del paseo comercial de Güemes y la Cámara Textil de Mar del Plata, quienes argumentan que no favorecen el ingreso a sus locales.

En cambio, desde la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica (AEHG) y Uthgra defendieron el proyecto. Más trabajo y más posibilidades para recuperar un sector que fue altamente golpeado por la pandemia son los principales argumentos que esgrimen.

 

AUMENTAN LOS TAXIS

La tarifa de taxis y remises tendrán un aumento inminente del 40%, tras la aprobación por unanimidad del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, que oficializó como novedad en la actualización una tarifa diferencial nocturna

En consecuencia, la ficha para viajar en taxi pasará de 14 pesos a 20. En tanto, el valor de la bajada de bandera será de 300 pesos.

Lo sobresaliente tiene que ver con la aprobación del cobro de un plus nocturno desde las 22 hasta las 6 de la mañana. En ese caso, la ficha tendrá un costo de 24 pesos y la bajada de bandera 360 durante la noche.

Los nuevos valores entrarán en vigencia cuando el intendente Guillermo Montenegro promulgue la ordenanza aprobada este mediodía.

 

DiezAhora

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Fue anulada la designación de la diputada Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura

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El magistrado en lo Contencioso Administrativo Federal anuló resolución que consideró a la UCR “segunda minoría” en Diputados para el Consejo. Las equivalencias con la designación de del peronista Martín Doñate.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Diego Martín Cormick declaró hoy nula la medida que autorizó a la diputada radical Roxana Reyes para ser miembro del Consejo de la Magistratura, al cuestionar el concepto de «segunda minoría» utilizado para efectuar esa designación.

La medida judicial es análoga a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que recientemente cuestionó la designación del peronista Martín Doñate como representante de la Cámara Alta ante el cuerpo judicial y se pronunció en favor de Luis Juez, del PRO. Así consideró que la Presidencia de la Cámara debe dictar una nueva resolución, «no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical».

El magistrado, quien antes había rechazado dictar una medida cautelar en tal sentido, tomó la decisión ante la acción de amparo promovida por el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, quien sostuvo que la Resolución 689/22 de la presidencia de la Cámara viola el principio de «equilibrio» que establece el artículo 114 de la Constitución Nacional.

La resolución cuestionada, del 20 de abril de 2022, cuando Sergio Massa era presidente de la Cámara baja, dispuso «designar a la señora diputada de la Nación Roxana Reyes como miembro titular de la segunda minoría» para integrar el cuerpo que sanciona y participa en la selección de jueces nacionales.

Martínez sostuvo que Reyes pertenece a la Unión Cívica Radical (UCR), que integra Juntos por el Cambio, que ya designó a un legislador de la Cámara para que lo represente en el Consejo.

El caso es similar al de Doñate: la Corte se pronunció en contra de su nombramiento al filo del fin de su mandato y el Frente de Todos insistió con su postulación para el período 2022-2026, lo cual está siendo analizado nuevamente por el máximo tribunal.

Con Reyes ocurre ahora que el juez hace lugar a la objeción de Martínez sobre su designación de abril, pero es propuesta nuevamente.

La lista de los cuatro representantes de la Cámara baja quedó conformada entonces con dos representantes del Frente de Todos (Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade), uno del PRO (Alvaro González) y Reyes, por la UCR, a quienes la Corte Suprema de la Nación decidió tomarles juramento para que desempeñen sus cargos para el período 2022-2026.

El juez consideró que, de acuerdo con lo expuesto por Martínez, «es evidente que el espíritu de la ley es otorgar un lugar a tres espacios políticos diferentes» correspondiendo, según su criterio a «dos integrantes al partido político que cuenta con mayor cantidad de votos, y un integrante a cada uno de los siguientes».

Agregó que la actual «asignación de representantes se efectúa con legisladores elegidos en las elecciones efectuadas en 2019 y 2021» y que «en ambos procesos electorales el Frente de Todos (Partido Justicialista y otros), constituyó una alternativa para votar; y el Frente Juntos por el Cambio (PRO, UCR, Coalición Cívica), otra».

Para el juez, «de otorgarle un integrante al bloque constituido por el PRO y otro integrante al bloque UCR, se estaría vedando de participar a la real segunda minoría de la cámara».

Así consideró que la Presidencia de la Cámara debe dictar una nueva resolución, «no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical».

FUENTE TIEMPO ARGENTINO

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