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Uruguay presenta una nueva Ley Audiovisual a medida de los dueños

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Se termina la transmisión de partidos de la Selección por TV abierta, desaparece el incentivo a la producción nacional, se eliminan límites a la propiedad de los medios y las medidas de protección a la infancia y los colectivos discriminados. Una ley hecha a la medida de los dueños de los medios masivos de comunicación y de las grandes multinacionales. Y, de paso, un golpe a Antel

Por: Pablo Silva Galván
El gobierno multicolor decidió jugar fuerte con el tema de los medios y la comunicación. En medio de la emergencia declarada para enfrentar la pandemia de coronavirus Covid-19, presentó en el Parlamento su proyecto de ley de medios, el cual, en los hechos, significa la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley SCA o ley de medios, que fuera aprobada durante el gobierno de José Mujica (2010-2015). Si bien los cambios estaban incluidos en la Ley de Urgente Consideración (LUC), fueron extraídos de ese texto para constituir un proyecto independiente. Sus consecuencias serán igualmente negativas para los derechos de los ciudadanos. Borra de un plumazo todo lo avanzado con la norma vigente, que ha sido considerada positiva por diversos organismos internacionales competentes en la materia. Se eliminan aspectos fundamentales como la cesión de derechos del titular de transmisión de eventos deportivos si la Selección llega a una etapa avanzada en competencias internacionales, por lo que ningún partido se transmitirá por televisión abierta; desaparece el porcentaje de contenido nacional, así como la protección a la infancia, a las mujeres, a la población Lgbtiq+ y a la afrodescendiente frente a la discriminación.

La norma mantiene la disposición de que no se podrá poseer un canal de televisión para abonados y una licencia para radio o televisión abierta, pero eso no corre para quienes ya los poseen. Eso significa el cierre al ingreso al mercado de nuevos competidores, garantizando la permanencia de los ya existentes, o sea, cerrado el espectro a nuevas voces.

Además, eleva el tope actual de posesión de señales de la misma banda, que es de dos, para llevarlo a seis. Se favorece de esta manera, al contrario del espíritu de la ley actual, una más alta concentración de medios.

En el anteproyecto original de Ley de Urgente Consideración (LUC), bajo el ambiguo título de Adecuación de Regularidad Constitucional de la Ley de Medios, se establecía en el artículo 457 la derogación de varias disposiciones incluida en la Ley N° 19.307, de 29 de diciembre de 2014, tales como el inciso tercero del artículo 39, referido a las transmisiones de los partidos de las selecciones de básquetbol y fútbol; el artículo 55, sobre el número de suscriptores de los operadores de televisión para abonados; inciso primero del artículo 56 sobre la incompatibilidad de quienes prestan servicios audiovisuales que lo hagan en materia de telefonía e internet; literal C) del artículo 60 referido a los porcentajes de producción nacional en la televisión, entre otros.

En síntesis, se trataba de adecuar la norma para beneficio exclusivo de los dueños de los medios, en particular de los canales de televisión, favoreciendo la concentración, así como de las empresas multinacionales de telecomunicaciones, asestando de paso un duro golpe a Antel en beneficio de estas.

Pero el proyecto actual, del que han trascendido algunos detalles -pero al contrario de la LUC no ha sido volanteado por el gobierno-, constituido por 80 artículos, va más allá, mucho más allá. No solo favorece la concentración y a las multinacionales, sino que promueve en toda su extensión el negocio privado en perjuicio del público. A partir de su aprobación, desaparecen las contraprestaciones que los permisarios de los medios estaban obligados a dar. Todo pasa a ser pagado, nada gratis. Y de paso desaparecen las normas de protección a la infancia y a las minorías, así como la promoción del trabajo nacional.

El proyecto de Ley Audiovisual: “lo redactó uno de los dueños de canal 4, Carlos Walter Romay, lo cual muestra el vínculo de los principales medios de comunicación audiovisual con el nuevo Gobierno. “Los dueños de los medios están buscando recuperar su privilegio, eliminar los pocos límites que había contra la concentración del poder y barrer cualquier competencia”, sentenció.

Análisis crítico
El contenido del proyecto y sus alcances fue analizado por el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), que destacó en su sitio web que la ley proyectada derogaría efectivamente “la mayoría de la norma” vigente, de la que “queda” en principio en pie “un núcleo de aspectos más técnicos” junto a “un capítulo respecto a los medios públicos”.

Por ejemplo, “la televisión para abonados ya no va a tener ningún tipo de límite”, por lo que “alguien con suficiente billetera podría comprarse todos los cables del país”. En cuanto a la televisión abierta y radio, pone mayores límites a la restricción para concentrar licencias y permisos. “Si eso se aprobara, una sola persona o empresa podría llegar a tener todos los medios de un departamento o de una región”, implicando un problema para “la democracia”.

“Claramente es una involución y un apartamiento de las recomendaciones internacionales”, contrarias a una situación que en la jerga “se llama ‘concentración indebida’”, afirmó el director de esta institución, Gustavo Gómez, en declaraciones a la emisora M24.

Asimismo, también “va a poder haber cadenas de repetidoras sin tener límite tampoco”, agregándose la posibilidad de usar y comercializar contenidos mediante internet. “Estamos ante un escenario en que esta herramienta permitiría una concentración nunca antes vista” y se “eliminaría el 60% de producción nacional audiovisual en la televisión”.

Gómez no dejó pasar sus críticas a Andebu, la entidad patronal que desde un primer momento atacó la norma actual y que en forma explícita se opuso a los gobiernos del Frente Amplio (FA). Fue uno de los convocantes a los actos de Un Solo Uruguay. Destacó que “el reclamo” por parte de Andebu y del empresariado mediático “nunca fue por libertad de expresión”, sino por “una cuestión de bolsillo”. Recordó que “no pagaron nunca nada” por el uso y usufructo de ondas y frecuencias y que la situación previa a la LSCA “no tenía límites a la concentración”.

Ese proyecto es “un traje a medida” para las empresas, sentenció el experto, que agregó que los dueños se verán beneficiados adicionalmente porque “las contraprestaciones se las quitan todas”, como “por ejemplo” destinar minutos para difundir “las campañas de bien público”, las cuales “vamos a tener que pagar del bolsillo del Estado, o sea, todos nosotros”.

Adiós a las campañas gratis
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es el referido a las campañas electorales. La ley vigente establece en su artículo 142: “Declárase de interés nacional para el fortalecimiento del sistema democrático republicano el otorgamiento de publicidad gratuita en los servicios de radio y televisión abierta, los servicios de televisión para abonados en sus señales propias y las señales de televisión establecidas en Uruguay que sean difundidas o distribuidas por servicios para abonados con licencia para actuar en nuestro país”. La iniciativa del gobierno elimina esta disposición. Por lo tanto, si se aprueba, no solo se eliminan las campañas gratuitas, sino que se afecta a los partidos políticos, en particular a los chicos. Solo los que puedan utilizar recursos podrán hacer campaña. Esto, a juicio de los expertos, supone una grave afectación de la democracia, ya que priva a los ciudadanos de una vía para conocer la propuesta de los partidos menores. Si se hubiera aplicado en la pasada elección, Unidad Popular, el PERI, e incluso el Partido Independiente, integrante de la actual coalición de gobierno, no hubieran podido acceder a la televisión o lo habrían hecho de manera marginal.

Pero sin duda uno de los temas que más polémica va a levantar desde el punto de vista popular es el referido a la transmisión de los partidos de las selecciones de fútbol y básquetbol. La norma, a través de su artículo 39, establece una limitación a los derechos de transmisión para el caso de que ambas selecciones lleguen a etapas definitorias de algún torneo o en eliminatorias. De esta manera, esos partidos pueden ser transmitidos por los canales de televisión abierta de forma gratuita. Eso se ha hecho con motivo de las eliminatorias para la Copa del Mundo en el caso del fútbol. Esa norma desaparece en el nuevo texto, por lo que aquellos que quieran ver los partidos de las selecciones celestes deberán pagar para ello.

Otro elemento polémico del proyecto es la extensión de los plazos de licencia para las empresas concesionarias. Estos plazos se extenderían de la siguiente manera: las radios pasarían de 10 a 15 años, más otros 15 años de prórroga (antes eran 10). Igual sucederá con la televisión. Pero además será una renovación automática gratuita, ya que el nuevo plazo correrá desde el momento mismo de la aprobación de la ley.

Entre los aspectos más polémicos del proyecto se encuentran los referidos a la protección de niños y colectivos vulnerables, en particular en televisión. “Todo eso vuela” con la nueva norma, sentenció Gómez.
Fuente: Caras y Caretas

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LEGALMENTE LO CONSIDERAN UN ABUSO

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Según los especialistas atenta contra derechos consagrados en la Constitución Nacional y legisla por medio de un DNU sobre materia penal, algo expresamente prohibido

“Si el Gobierno se constituye juez del abuso, ha dicho un filósofo, no tardaría en constituirse juez del uso, y toda verdadera idea de propiedad y libertad sería perdida”, dice una cita cuya autoría se atribuye al pensador francés Guillaume Thomas François Raynal y que Dalmacio Vélez Sarsfield introdujo como nota a uno de los artículos del viejo Código Civil. El texto alerta sobre el riesgo que corren la propiedad y la libertad cuando el Estado pretende regular el uso que hacen de estos derechos los ciudadanos, bajo el pretexto de cuidar a la sociedad. Con la excusa de encarar una acción preventiva contra la posibilidad de contagio del coronavirus el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto de necesidad y urgencia que prohíbe las reuniones sociales, pero no sólo eso, dispone como un deber determinadas conductas dentro del ámbito de la privacidad avanzando de esta manera sobre libertades y derechos que gozan de protección constitucional.

Es así que la mencionada norma en su artículo 5to. establece reglas de conducta que deben observar los ciudadanos durante la vigencia del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”. Dice la norma que “las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y nacional.” Nótese que el texto del decreto dice “deberán”, es decir, no se trata de una recomendación o sugerencia sino de una disposición de carácter imperativo. Especialistas en Derecho Constitucional han alertado sobre la gravedad de esto.

Consultado por Infobae, el constitucionalista Félix Lonigro afirmó que “el decreto en la parte en que se prohíben las reuniones sociales en los domicilios es escandaloso desde el punto de vista jurídico. Es grotesco, es arbitrario”. Y agregó que “se ha sobrepasado un límite que hace mucho tiempo no se sobrepasaba.”

“Todos los derechos son susceptibles de ser restringidos pero para que esa restricción sea válida tiene que haber una ley y además tiene que haber razonabilidad en la restricción. La restricción de un derecho a medida que va pasando el tiempo lo va tornando irrazonable”, sostuvo Lonigro. “Acá lo que ha pasado es que no hubo principio de legalidad al comienzo de la cuarentena, no lo hay ahora, y eso que el Congreso comenzó a funcionar, y seguimos con DNU. Allí ya la falta del principio de legalidad que antes se podía justificar ahora ya no se puede justificar. Pero ahora entran en escena violaciones a la intimidad. Lo que se está restringiendo es el derecho a la intimidad, vale decir, qué es lo que se puede o no puede hacer dentro de su propio domicilio. Directamente se nos metieron en casa”, alertó el especialista. Además advirtió que el gobierno con todos esos decretos de extensión de la cuarentena está incurriendo en una costumbre normativa que preocupa en la etapa post cuarentena porque se está arrogando facultades de meterse hasta un alto nivel en materia regulatoria. “Creo que eso es típico del ADN de los gobiernos populistas. Los gobiernos populistas no creen mucho en las libertades y responsabilidad individuales”, dijo Lonigro.

Por su parte, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó la norma al señalar que no se puede legislar en materia penal a través de decretos de necesidad y urgencia. “No se puede decir que esto es parecido a otra cosa y asignarlo a un delito del Código Penal, que es lo que se está haciendo acá: se creó un delito y se asoció al artículo 205”, afirmó Sabsay. “El Presidente legisla por decreto en materia penal a pesar de que la Constitución se lo prohíbe. Las reuniones sociales y familiares son asimiladas a delitos contra la salud. Viola el principio de tipicidad y crea delitos por analogía”, aseveró Sabsay.

El abogado especialista en Derecho Constitucional Diego Armesto al ser consultado por Infobae advirtió que las medidas excepcionales que viene tomando el gobierno exceden el marco constitucional. “El único que puede limitar derechos es el Congreso de la Nación, es quien tiene las facultad de limitar las facultades”, destacó Armesto. Remarcó que la opinión consultiva consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 6/86 que al interpretar el artículo 30 de la Convención Americana de DD.HH. señala que la única forma de que se pueden limitar derechos es por una ley formal, es decir, una ley sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo. “A eso hay que agregarle que el Congreso está trabajando, sería más lógico que el Ejecutivo le remita con carácter de urgente al Parlamento para que éste legisle conforme a la Constitución”, dijo el constitucionalista.

Sobre la prohibición de las reuniones sociales bajo apercibimiento de ser sancionado penalmente afirmó que “el artículo 99 inciso 3ro. de la Constitución le prohíbe al Presidente legislar sobre materia penal. Es una de las prohibiciones que le da el texto constitucional a los DNU, no puede legislar sobre materia penal.”

Asimismo, cuestionó lo establecido en el artículo 5 del decreto que dispone reglas de conducta dentro de los domicilios. Al respecto, Armesto afirmó que “hay un avasallamiento de la autonomía de la voluntad de las personas”. Sostuvo que el decreto lesiona la autonomía de la voluntad y la privacidad de las personas, dos derechos protegidos por el artículo 19 de la Constitución Nacional. “El DNU dice ‘deberá’, te lo ponen como obligación, y uno tiene un determinado grado de libertad para decidir si se lava las manos o no”, dijo Diego Armesto y agregó “en esta instancia es necesaria una mayor participación del Congreso de la Nación”.

fferrer@infobae.com
FUENTE INFOBAE

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El Senado convirtió en ley la polémica regulación del teletrabajo

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La iniciativa tuvo 40 votos a favor y 30 en contra. Hubo duros cruces entre oficialistas y opositores. Para Lovera, del Frente de Todos, se fijó “un marco de respeto a los trabajadores”, pero Bullrich, de Juntos por el cambio, advirtió que la ley “traba y destruye puestos de trabajo”

El Senado convirtió en ley el polémico proyecto de regulación del teletrabajo por 40 votos afirmativos y 30 en contra, en una extensa sesión en la que el Frente de Todos defendió el proyecto y la ausencia de modificaciones, mientras que la oposición coincidió en que no tuvo el suficiente consenso y que será ”una oportunidad perdida para generar empleo en la Argentina”.

El debate, que se extendió durante tres horas y media, fue abierto por Cristina Kirchner (que inmediatamente se fue y dejó la sesión en manos de la senadora Claudia Ledesma Abdala) tuvo fuertes cruces, chicanas y momentos de tensión, como cuando Oscar Parrilli destacó casi a los gruitos que él es “un orgulloso militante kirchnerista” luego de que Juan Carlos Romero cuestionó a un empresario pyme que había hablado sobre el teletrabajo ante la Comisión porque se trataba de “un militante K cuya agrupación es un sello de goma”.

La ley, que fija derechos y obligaciones para quienes desarrollen el trabajo remoto, había obtenido dictamen favorable el jueves pasado con el aval del oficialismo en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que se negó a introducir modificaciones y ratificó el proyecto aprobado el 25 de junio por la Cámara de Diputados, con 214 votos a favor, uno negativo y 29 abstenciones.

Al inaugurar el debate en nombre del oficialismo, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Daniel Lovera, destacó que “se trabajó sobre 30 proyectos distintos”, con “matices pero muchos puntos en común para avanzar en los derechos fundamentales de quienes trabajan en esta modalidad”.

El momento de la votación: hubo 40 votos afirmativos y 30 negativosEl momento de la votación: hubo 40 votos afirmativos y 30 negativos

Escuchamos a todos los sectores que componen el diálogo tripartito”, aseguró, tras lo cual dijo que el proyecto “no busca promover el teletrabajo sino regular una modalidad que de hecho se hace en el país” y que “no burocratiza” porque “nadie traba a quienes quieren generar empleo”.

Para Lovera, la iniciativa fija “un marco de respeto a los trabajadores dirigido no sólo a la mano de obra calificada sino también a quienes están desprotegidos y obligados” a teletrabajar.

Dijo que no habían aceptado modificaciones en el proyecto porque el oficialismo no estaba de acuerdo con la propuesta de la oposición, sostuvo que algunos cambios podrían instrumentarse porque “el Poder Ejecutivo tendrá que avanzar en su reglamentación” y se quejó de que habían escuchado a “sectores que propiciaban una ausencia de regulaciones para no entorpecer al mercado”.

Luego habló Gladys González, de Juntos por el Cambio, quien planteó que “la Argentina pierde una oportunidad de retener talento y de generar empleo” porque el proyecto “será un obstáculo” para la promoción del trabajo. Dirigiéndose a sus pares del oficialismo, les reprochó: “Ustedes han interpretado que esta modalidad es una amenaza y no una oportunidad para vivir mejor”.

Daniel Lovera justifica la posición del oficialismo en el SenadoDaniel Lovera justifica la posición del oficialismo en el Senado

“Esta ley no surgió por imposición de los empleadores sino por la voluntad de los propios trabajadores, que quieren más tiempo con su familia”, advirtió, luego de lo cual se quejó de que “escuchamos a todos los sectores, aunque algunos hicieron como que escuchaban”.

Señaló que “se protege al trabajador cuidando al empleo y no sólo escuchando al sindicalismo anclado en el pasado” y dijo que “no había apuro” en sancionar la ley porque se aplicará a los 90 días de finalizada la pandemia, y por eso interpretó que “no hay voluntad de mejorarla”.

González dijo estar “harta de la grieta” y en ese sentido llamó a “dejar de mirarnos el ombligo: pensemos en los jóvenes, no en leyes que atrasan y que traen incertidumbre”.

Desde el oficialismo, Beatriz Mirkin comenzó su intervención con críticas a Mauricio Macri por su viaje a Francia. “¿Será por eso la preocupación (de la oposición) por retener talentos? Me interesa saber si (el ex presidente) habrá entregado su celular al juez”, dijo en el primer cruce político de la sesión. Enseguida la senadora añadió: “Cuando escucho a la oposición, que hasta hace poco condujo los destinos del país, decir que no propuso este proyecto, ¿cuántos trabajos menos dejó? ¿Cuántos trabajadores expulsaron de sus empleos los empresarios durante el gobierno de Macri? ¿Tuvieron teletrabajo o alguna regulación? No tuvieron ninguna posibilidad porque no quedó nada en pie”.

“La Argentina pierde una oportunidad de retener talento y de generar empleo”, dijo Gladys González“La Argentina pierde una oportunidad de retener talento y de generar empleo”, dijo Gladys González

Luego, al defender el hecho de que la ley contemple las tareas de cuidado de las mujeres, le contestó a González y su referencia al “sindicalismo anclado en el pasado”: “¡Qué me van a venir a hablar de viejos dirigentes los que defendían al Momo Venegas, que mantuvo como esclavos a los trabajadores rurales!”, dijo al mencionar al fallecido líder de UATRE y principal aliado sindical del macrismo.

“Es la mejor ley de mayor integralidad que hemos podido realizar en este momento para cuando haya mas trabajo y más oportunidades”, indicó, y volvió a cuestionar a la oposición: “Nos han hecho perder años de historia. En el último siglo tuvimos 35 años gobernados por el radicalismo, 36 por el peronismo y el resto por dictaduras cívico-militares. Los que atrasaron el país no son 70 años de peronismo, sino que fueron 120 años en que la oligarquía mantuvo a varones y mujeres poniéndoles la pata en la cabeza. Queremos modificar esa situación porque existe la posibilidad de teletrabajo y queremos regularlo. Este proyecto no atrasa sino que regula porque el trabajo dignifica”.

La intervención más dura de la oposición estuvo a cargo de Esteban Bullrich, de Juntos por el Cambio, quien, tras expresar su “frustración y desazón” por “estar reunidos para votar una ley sin cambios”, sostuvo que el oficialismo había expuesto “los argumentos de siempre para no cambiar nada” y lo acusó de armar “un relato de consenso y del proceso de escucha de esta ley”.

“Si no aceptan cambios no hay consenso, que se logra cuando se entregan argumentos para buscar un punto medio”, dijo. Y advirtió: “Apostamos a la mediocridad cuando estamos entre los países con más recesión y menos inversión del mundo. Hace 60 años que tenemos el menor crecimiento y la culpa es de la dirigencia por seguir haciendo cosas mediocres y no corregir lo que tenemos que hacer”.

Bullrich consideró que “con esta ley no garantizamos nada” y señaló que mientras “la tecnología avanza podemos ponernos adelante creyendo que la frenamos, pero es como cuando nos ponemos delante de un tren”. Para el senador opositor, la ley “traba y destruye puestos de trabajo” y así “generamos más incertidumbre por la cerrazón de no querer escuchar”.

“No tenemos consenso con esta ley -puntualizó- porque pone en jaque a la generación de más empleo por teletrabajo y, por ende, plantea la posibilidad de desaparición de empleos de esta modalidad”.

Planteó después a los 29 senadores opositores “trabajar de otra manera” porque hay “desafíos enormes por delante”, por lo que propuso “que los proyectos salgan con consensos absolutos, con mayorías agravadas y, si es posible, con unanimidad de votos porque eso va a hacer que sean proyectos ciertos, transparentes y que generen certidumbre”. Y concluyó: “Tenemos que buscar entre todos las mejores leyes, no las leyes mediocres, para que la Argentina pueda salir de este pozo en que está sumida desde hace 60 años”.

”Ningún empresario va a tomar más empleados si no hay rentabilidad", advirtió Juan Carlos Romero”Ningún empresario va a tomar más empleados si no hay rentabilidad”, advirtió Juan Carlos Romero

Otro discurso duro fue el del salteño Juan Carlos Romero, del Interbloque Parlamentario Federal: dijo que la ley “no favorece a los trabajadores” y que “discrimina a muchas mujeres que podían obtener una forma de trabajo”, y por eso cuestionó al oficialismo por “no haber escuchado la opinión de la oposición” ya que la norma ”se va a aplicar después de la pandemia, pero no sabemos cuándo va a concluir”. “¿Qué apuro hay? ¿Qué drama era escuchar críticas constructivas para mejorar el proyecto? ¿Por qué tenemos que ser una escribanía del capricho de los diputados? Aquí se debería hacer un proceso de revisión, no de sumisión”, puntualizó.

A continuación destacó que la ley debería “promover nuevas formas de contratación que hagan que crezca el empleo” y luego puso como ejemplo de esa necesidad el aumento de empleados del Estado: recordó que crecieron de 470.000 a 708.000 personas entre 2001 y 2019, lo que representa un 51% de aumento de los agentes nacionales, mientras que en las provincias creció un 73% y en los municipios, un 29%, por lo que, en total, el empleo estatal creció un 61% en ese período.

Agregó que en 2001 había 11 millones de trabajadores del sector privado y 6.700.000 de estatales y beneficiarios de planes sociales, pensionados y jubilados, mientras que hoy existen 17 millones de personas en el sector privado y 18 millones que se desempeñan en el sector público o cobran planes sociales, pensiones y jubilaciones. “Tenemos más gente trabajando en el Estado que en el sector privado -dijo-. Esa es la clave del déficit de los gobiernos nacional, provincial y municipal, y la clave de por qué se ha desquiciado la economía. El ataque al capitalismo y al sector empresario, que va desde la guerra contra el campo a Vicentin, no es la forma de crear confianza, y menos si le agregamos el default en el que estamos. Por hacer puro estatismo tenemos esta falta de inversión”.

Romero hizo hincapié en que “para crecer hay que generar confianza” y sostuvo que “estas leyes no protegieron a los trabajadores sino a sindicatos obsoletos” porque ”ningún empresario va a tomar más empleados si no hay rentabilidad y si lo ahogan los impuestos y las trabas para exportar e importar”.

FUENTE : INFOBAE

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Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta acordaron mantener la cuarentena sin cambios durante quince días más

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Tuvieron una extensa reunión los tres a solas en Olivos. La preocupación está centrada en las reuniones sociales en lugares cerrados, y el crecimiento de casos en la Provincia. El jefe de Gobierno no avanzará, cómo tenía previsto, en la segunda etapa de su plan de reapertura gradual. El anuncio será mañana al mediodía

Alberto Fernández, Axel Kicillof Horacio Rodríguez Larreta resolvieron después de más dos horas de reunión a solas en Olivos mantener al menos durante quince días más la cuarentena que rige en el Área Metropolitana sin nuevas reaperturas, como pretendía el jefe de Gobierno, y apelar a la “responsabilidad individual” en el momento más crítico de la pandemia y tras casi cuatro meses y medio desde que se impusiera el aislamiento preventivo y obligatorio. Lo anunciarán los tres mandatarios este viernes al mediodía desde la quinta presidencial: la cita es a las 11.30.

Así lo confirmaron a Infobae fuentes de las tres administraciones tras la cumbre de este jueves, que se prolongó hasta las 19.30, un ritual que repiten desde hace tres meses en la víspera de los anuncios de extensión del aislamiento. Consensuaron, en ese sentido, que el confinamiento seguirá en la situación actual para evitar un colapso de las camas de terapia, el índice que más desvela a las autoridades.

Cuando terminaba la reunión, el parte oficial del Ministerio de Salud que trascendió registró 4.415 nuevos contagios en la Provincia y 1.239 en la Ciudad. Y una ocupación de camas de terapia en torno al 64,5%.

Fernández, Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense estuvieron a solas durante un largo rato mientras en la antesala del despacho de la Jefatura de Olivos esperaban el resto de los colaboradores de las tres administraciones.

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Al mediodía, el Presidente se había reunido con seis de los especialistas del comité de expertos que lo asesoran desde mediados de marzo: Javier Farina, Angela Gentile, Pedro y Florencia Cahn, Eduardo López y Gustavo Lopardo.

Según pudo saber este medio, los infectólogos, el mandatario y algunos de sus colaboradores analizaron la posibilidad de anunciar la próxima etapa de la cuarentena durante tres semanas, y no por quince días, como habitualmente. Y se hizo especial hincapié en las reuniones sociales en lugares cerrados: según los expertos, un buen número de los pacientes que llegan a los hospitales o clínicas con síntomas de COVID reconocen haberse juntado con familiares o amigos que también presentaron síntomas compatibles con el coronavirus

En ese sentido, el mensaje de mañana buscará volver a concientizar a la sociedad sobre “la responsabilidad social”.

Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta y algunos de sus colaboradores, ayer, en La PlataAxel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta y algunos de sus colaboradores, ayer, en La Plata

Durante la semana, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, había avisado que, a este ritmo de evolución de casos, “las camas de terapia intensiva pueden colapsar en la segunda quincena de agosto”. Anteayer, el gobernador recibió de los infectológos que lo asesoran desde hace meses el consejo de seguir con el mismo estilo de cuarentena. Es decir, sin nuevas reaperturas ni grandes cambios.

Esta mañana fue el propio Presidente el que sumó su visión, en línea con la administración bonaerense: “Nos tenemos que poner firmes porque esto no está funcionando”, resaltó en declaraciones a Radio con Vos.

De esta manera, la Ciudad dio marcha atrás por ahora con el avance del cronograma de reapertura gradual e integral que había anunciado el jefe de Gobierno hace poco más de dos semanas, en el anuncio que compartió en Olivos y que incluyó a los gobernadores de Jujuy, Chaco y Río Negro, otros de los distritos más afectados por la circulación del virus, además del AMBA.

Hasta ayer, Rodríguez Larreta tenía previsto avanzar con las reaperturas, que según el cronograma incluía en los próximos días “los deportes individuales al aire libre amateur y federados”, la posibilidad de realizar ejercicio sin restricciones de DNI, como rige actualmente, la industria “no esencial ni exportadora” y la “gastronomía al aire libre sin servicio”, entre otras actividades.

Sí se habilitarán desde este lunes los comercios de cercanía “en avenidas de alta circulación” incluidos indumentaria y calzado, con excepción de los centros de trasbordo, como Retiro, Constitución, Once o Avellaneda: dichas reaperturas figuraban en la primera fase del cronograma de seis etapas que anunció Rodríguez Larreta.

Ayer, en la reunión en La Plata entre el jefe de Gobierno, el gobernador y sus colaboradores, se habían suscitado algunos cruces álgidos: el ministro Fernán Quirós, de Salud de la Ciudad, por ejemplo, cortó en seco la presentación de sus colegas de Provincia, que enumeraban los datos sanitarios de la Ciudad. “Nosotros hablamos de la Ciudad, ustedes hablen de la Provincia”, lanzó el funcionario, según pudo reconstruir este medio.

FUENTE : INFOBAE

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