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Uruguay presenta una nueva Ley Audiovisual a medida de los dueños

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Se termina la transmisión de partidos de la Selección por TV abierta, desaparece el incentivo a la producción nacional, se eliminan límites a la propiedad de los medios y las medidas de protección a la infancia y los colectivos discriminados. Una ley hecha a la medida de los dueños de los medios masivos de comunicación y de las grandes multinacionales. Y, de paso, un golpe a Antel

Por: Pablo Silva Galván
El gobierno multicolor decidió jugar fuerte con el tema de los medios y la comunicación. En medio de la emergencia declarada para enfrentar la pandemia de coronavirus Covid-19, presentó en el Parlamento su proyecto de ley de medios, el cual, en los hechos, significa la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley SCA o ley de medios, que fuera aprobada durante el gobierno de José Mujica (2010-2015). Si bien los cambios estaban incluidos en la Ley de Urgente Consideración (LUC), fueron extraídos de ese texto para constituir un proyecto independiente. Sus consecuencias serán igualmente negativas para los derechos de los ciudadanos. Borra de un plumazo todo lo avanzado con la norma vigente, que ha sido considerada positiva por diversos organismos internacionales competentes en la materia. Se eliminan aspectos fundamentales como la cesión de derechos del titular de transmisión de eventos deportivos si la Selección llega a una etapa avanzada en competencias internacionales, por lo que ningún partido se transmitirá por televisión abierta; desaparece el porcentaje de contenido nacional, así como la protección a la infancia, a las mujeres, a la población Lgbtiq+ y a la afrodescendiente frente a la discriminación.

La norma mantiene la disposición de que no se podrá poseer un canal de televisión para abonados y una licencia para radio o televisión abierta, pero eso no corre para quienes ya los poseen. Eso significa el cierre al ingreso al mercado de nuevos competidores, garantizando la permanencia de los ya existentes, o sea, cerrado el espectro a nuevas voces.

Además, eleva el tope actual de posesión de señales de la misma banda, que es de dos, para llevarlo a seis. Se favorece de esta manera, al contrario del espíritu de la ley actual, una más alta concentración de medios.

En el anteproyecto original de Ley de Urgente Consideración (LUC), bajo el ambiguo título de Adecuación de Regularidad Constitucional de la Ley de Medios, se establecía en el artículo 457 la derogación de varias disposiciones incluida en la Ley N° 19.307, de 29 de diciembre de 2014, tales como el inciso tercero del artículo 39, referido a las transmisiones de los partidos de las selecciones de básquetbol y fútbol; el artículo 55, sobre el número de suscriptores de los operadores de televisión para abonados; inciso primero del artículo 56 sobre la incompatibilidad de quienes prestan servicios audiovisuales que lo hagan en materia de telefonía e internet; literal C) del artículo 60 referido a los porcentajes de producción nacional en la televisión, entre otros.

En síntesis, se trataba de adecuar la norma para beneficio exclusivo de los dueños de los medios, en particular de los canales de televisión, favoreciendo la concentración, así como de las empresas multinacionales de telecomunicaciones, asestando de paso un duro golpe a Antel en beneficio de estas.

Pero el proyecto actual, del que han trascendido algunos detalles -pero al contrario de la LUC no ha sido volanteado por el gobierno-, constituido por 80 artículos, va más allá, mucho más allá. No solo favorece la concentración y a las multinacionales, sino que promueve en toda su extensión el negocio privado en perjuicio del público. A partir de su aprobación, desaparecen las contraprestaciones que los permisarios de los medios estaban obligados a dar. Todo pasa a ser pagado, nada gratis. Y de paso desaparecen las normas de protección a la infancia y a las minorías, así como la promoción del trabajo nacional.

El proyecto de Ley Audiovisual: “lo redactó uno de los dueños de canal 4, Carlos Walter Romay, lo cual muestra el vínculo de los principales medios de comunicación audiovisual con el nuevo Gobierno. “Los dueños de los medios están buscando recuperar su privilegio, eliminar los pocos límites que había contra la concentración del poder y barrer cualquier competencia”, sentenció.

Análisis crítico
El contenido del proyecto y sus alcances fue analizado por el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), que destacó en su sitio web que la ley proyectada derogaría efectivamente “la mayoría de la norma” vigente, de la que “queda” en principio en pie “un núcleo de aspectos más técnicos” junto a “un capítulo respecto a los medios públicos”.

Por ejemplo, “la televisión para abonados ya no va a tener ningún tipo de límite”, por lo que “alguien con suficiente billetera podría comprarse todos los cables del país”. En cuanto a la televisión abierta y radio, pone mayores límites a la restricción para concentrar licencias y permisos. “Si eso se aprobara, una sola persona o empresa podría llegar a tener todos los medios de un departamento o de una región”, implicando un problema para “la democracia”.

“Claramente es una involución y un apartamiento de las recomendaciones internacionales”, contrarias a una situación que en la jerga “se llama ‘concentración indebida’”, afirmó el director de esta institución, Gustavo Gómez, en declaraciones a la emisora M24.

Asimismo, también “va a poder haber cadenas de repetidoras sin tener límite tampoco”, agregándose la posibilidad de usar y comercializar contenidos mediante internet. “Estamos ante un escenario en que esta herramienta permitiría una concentración nunca antes vista” y se “eliminaría el 60% de producción nacional audiovisual en la televisión”.

Gómez no dejó pasar sus críticas a Andebu, la entidad patronal que desde un primer momento atacó la norma actual y que en forma explícita se opuso a los gobiernos del Frente Amplio (FA). Fue uno de los convocantes a los actos de Un Solo Uruguay. Destacó que “el reclamo” por parte de Andebu y del empresariado mediático “nunca fue por libertad de expresión”, sino por “una cuestión de bolsillo”. Recordó que “no pagaron nunca nada” por el uso y usufructo de ondas y frecuencias y que la situación previa a la LSCA “no tenía límites a la concentración”.

Ese proyecto es “un traje a medida” para las empresas, sentenció el experto, que agregó que los dueños se verán beneficiados adicionalmente porque “las contraprestaciones se las quitan todas”, como “por ejemplo” destinar minutos para difundir “las campañas de bien público”, las cuales “vamos a tener que pagar del bolsillo del Estado, o sea, todos nosotros”.

Adiós a las campañas gratis
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es el referido a las campañas electorales. La ley vigente establece en su artículo 142: “Declárase de interés nacional para el fortalecimiento del sistema democrático republicano el otorgamiento de publicidad gratuita en los servicios de radio y televisión abierta, los servicios de televisión para abonados en sus señales propias y las señales de televisión establecidas en Uruguay que sean difundidas o distribuidas por servicios para abonados con licencia para actuar en nuestro país”. La iniciativa del gobierno elimina esta disposición. Por lo tanto, si se aprueba, no solo se eliminan las campañas gratuitas, sino que se afecta a los partidos políticos, en particular a los chicos. Solo los que puedan utilizar recursos podrán hacer campaña. Esto, a juicio de los expertos, supone una grave afectación de la democracia, ya que priva a los ciudadanos de una vía para conocer la propuesta de los partidos menores. Si se hubiera aplicado en la pasada elección, Unidad Popular, el PERI, e incluso el Partido Independiente, integrante de la actual coalición de gobierno, no hubieran podido acceder a la televisión o lo habrían hecho de manera marginal.

Pero sin duda uno de los temas que más polémica va a levantar desde el punto de vista popular es el referido a la transmisión de los partidos de las selecciones de fútbol y básquetbol. La norma, a través de su artículo 39, establece una limitación a los derechos de transmisión para el caso de que ambas selecciones lleguen a etapas definitorias de algún torneo o en eliminatorias. De esta manera, esos partidos pueden ser transmitidos por los canales de televisión abierta de forma gratuita. Eso se ha hecho con motivo de las eliminatorias para la Copa del Mundo en el caso del fútbol. Esa norma desaparece en el nuevo texto, por lo que aquellos que quieran ver los partidos de las selecciones celestes deberán pagar para ello.

Otro elemento polémico del proyecto es la extensión de los plazos de licencia para las empresas concesionarias. Estos plazos se extenderían de la siguiente manera: las radios pasarían de 10 a 15 años, más otros 15 años de prórroga (antes eran 10). Igual sucederá con la televisión. Pero además será una renovación automática gratuita, ya que el nuevo plazo correrá desde el momento mismo de la aprobación de la ley.

Entre los aspectos más polémicos del proyecto se encuentran los referidos a la protección de niños y colectivos vulnerables, en particular en televisión. “Todo eso vuela” con la nueva norma, sentenció Gómez.
Fuente: Caras y Caretas

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LA EX SECRETARIA DE AMBIENTE ROMINA PICOLOTTI CONDENADA A DEVOLVER 7 MILLONES DE PESOS Y 3 AÑOS DE PRISION

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Luego de catorce años de proceso, y poco más de seis meses de juicio oral, la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Néstor y Cristina Kirchner, Romina Picolotti, fue condenada a tres años de prisión por usar dinero del presupuesto para contratar a familiares y amigos, alquilar jets privados y pagar gastos personales.

El Tribunal Oral Federal 6, integrado por los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel, consideró que la ex funcionaria -que ocupó la secretaría entre 2006 y 2008- es culpable del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.

El tribunal confirmó así la investigación que Clarín publicó en 2007, en la que se explicó cómo Picolotti remitía gran parte del presupuesto de la secretaría de Ambiente a la fundación paraestatal ArgenINTA, que funcionaba como una financiera privada y sólo tenía como tarea guardar ese dinero -sustrayéndolo a los controles habituales de la administración pública regular- para pagar con él las facturas de cualquier gasto que le fueran enviadas desde Ambiente, sin hesitar ni controlar si esos gastos tenían o no que ver con las tareas correspondientes a esa secretaría. Por ese servicio, ArgenINTA a su vez cobraba una comisión del 3% de los montos depositados en sus cuentas.

La maniobra -años después replicada por el ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido a través de algunas universidades públicas, por ejemplo- ya venía siendo utilizada por algunas dependencias estatales para “agilizar” la ejecución presupuestaria. Pero libre de supervisiones y con fondos que se habían multiplicado con el pase de Ambiente a la órbita de la Jefatura de Gabinete, Picolotti llevó ese recurso a otra dimensión.

Hace dos semanas, en su alegato final, Luciani había acusado a Picolotti de haber realizado “gastos irracionales, escandalosos y burdos” que no tenían nada que ver con su desempeño oficial. “Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters”, sostuvo el fiscal, que había pedido una pena de tres años y nueve meses de prisió n para la ex funcionaria, y la “devolución” al Estado de 6.941.170,50 pesos por sus gastos injustificados.

“La conducta de Picolotti distó muchísimo de los valores de integridad y ética que deben mantenerse en la administración pública, pero además constituyen un delito. Hubo un abuso discrecional del poder de administración, cuando la funcionaria tenía el deber de cuidar el patrimonio público”, consideró Luciani, quien destacó además el trabajo de su colega Guillermo Marijuan durante la instrucción del caso, y el de la jueza de instrucción María Servini.

La cobertura mediática del caso encontró especialmente ofensivas las facturas de comidas diarias de la secretaria y sus amigos -decenas de los cuales había contratado-, regalos de cumpleaños para los amigos de sus hijos y otras excentricidades extremas, pero no son esos los gastos más altos ni ofensivos para el erario público. En cambio, fueron más perniciosos el alquiler de edificios que no se usaban, la reiterada compra de pasajes de avión para su familia y el círculo de allegados con destino a Córdoba -para asistir al casamiento de uno de ellos, en una ocasión- y la contratación de aviones privados para trasladar al Picolotti a distintos lugares del país en los que tenía actividades públicas, luego de las cuales se hacía llevar hasta su Córdoba natal. Esos pagos fueron escrupulosamente enumerados en el requerimiento de elevación a juicio oral con que el fiscal Guillermo Marijuan cerró la instrucción de la causa.

La audiencia de este lunes fue dividida en dos partes: la primera comenzó pocos minutos después de las 8, con la respuesta del fiscal Luciani a los pedidos de nulidad y otras objeciones que había presentado el defensor de Picolotti, Felipe Trucco. En su alegato final, el abogado también reclamó la absolución de la ex funcionaria por la “duración irrazonable del proceso”: un clásico de los acusados por corrupción, que primero generan las demoras durante la instrucción de la causa y luego buscan ampararse en ellas para evitar una condena. También pidió la anulación de la declaración indagatoria realizada por Picolotti en 2011, y el requerimiento de la elevación a juicio de Marijuan, entre otra media docena de pedidos puntuales con objeciones procesales.

Luciani recordó que Picolotti ya había pedido detener el juicio por el plazo razonable dos veces desde que la causa está en manos del TOF 6, que ambos fueron rechazados y ese rechazo fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal. También respondió las otras objeciones de Trucco.

Antes de cerrar la primera parte de la audiemcia, Picolotti pronunció sus últimas palabras: “Es evidente que yo no he cometido delito alguno. Pretender lo contrario es faltar a la verdad. Aquí no hay pruebas. No hubo ni una pericia caligráfica ni una contable. Han transcurrido 14 años: estos son los hechos, no los dichos en los diarios ni en los medios. Lo único que solicito a este tribunal es que se aplique el derecho de manera imparcial, porque sé que eso conduce a mi absolución”, afirmó.

El TOF 6 reabrió el zoom a las 16, para formular su sentencia. Luego de que se conozcan sus fundamentos, la ex funcionaria podrá apelarla ante la Cámara Federal de Casación Penal.

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Politica

EL GOBIERNO PRESENTÓ “REGISTRADAS”, EL PLAN PARA REDUCIR LA INFORMALIDAD DEL PERSONAL DOMÉSTICO

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Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, acompañadas por el ministro Claudio Moroni y el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, anunciaron el Programa “Registradas” (Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social), que promueve la reducción de la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares y garantiza su acceso y permanencia a un empleo registrado.

Por la implementación de este programa, el Estado nacional paga una parte del sueldo de la trabajadora durante 6 meses, mientras la parte empleadora debe registrarla y pagar sus aportes, contribuciones, ART y el porcentaje del sueldo restante.

Además, se abre una cuenta sueldo gratuita a nombre de la trabajadora en el Banco Nación y allí se transfiere el sueldo, detallaron.

La primera en explicar los alcances del programa, fue Gómez Alcorta: “La bancarización no solo va a permitir una mejor fiscalización sino también que puedan acceder las trabajadoras a más beneficios y a una mejor participación económica que la que tienen actualmente”.

Agregó: “Esta medida es importante porque apuntala a un sector de la población que hasta ahora no tenía incentivos para la formalización y para la contratación, por eso entendemos que es una medida progresiva. También estamos contribuyendo al alivio del bolsillo de muchísimas familias en el contexto de la pandemia”.

Acto seguido, la titular de la AFIP explicó que esta inciativa está dispuesta en el marco de la batería de medidas del Gobierno para morigerar los efectos de la pandemia en las economías familiares: “Esta es una medida de política de ingresos que se articula con todo un conjunto de decisiones que ha venido asumiendo el gobierno nacional, como el aumento del salario mínimo, la suba a 175.000 pesos del umbral por el cual no se paga impuesto a las ganancias, la exitosa colocación del crédito a tasa 0 para monotributistas. Por eso es una política de formalización y de bancarización”.

Del Pont explicó que “una vez que se tenga un mes de recibo de sueldo, el Banco Nación le va a dar a la empleada o empleado una tarjeta de crédito que va a tener un límite de crédito que se va a asimilar a lo que es un salario mínimo, vital y móvil, por eso va a tener un límite de hasta 32.000 pesos”.

Y concluyó: “Esto es parte de un conjunto de medidas que está tomando todos los días el gobierno nacional, desde el principio de la gestión para generar una mejor distribución del ingreso y mayor equidad”.

FUENTE PAGINA 12

FOTO TAPA RADIO SUQUIA

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UN EX MINISTRO DE NESTOR KIRCHNER EN LA CORTE. QUIEN ES HORACIO ROSATTI…

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Antes de llegar a la Corte, Rosatti fue dirigente del peronismo en Santa Fe, su provincia. Fue el segundo ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Asumió ese cargo el 26 de julio de 2004, en reemplazo de Gustavo Beliz, y renunció cuando estaba apunto de cumplir un año al frente del ministerio. No aceptó ser candidato a diputado por Santa Fe y se fue peleado con el entonces presidente. Además, denunció irregularidades en la construcción de cárceles. “No cerraban los precios”, dijo. En aquellos tiempos, el jefe de gabinete de Kirchner era Alberto Fernández. Rosatti también fue procurador del Tesoro, convencional constituyente e intendente de Santa Fe.

En 2017, en tanto, Rosatti adhirió al fallo en el que se decidió que los nuevos jueces ingresantes al Poder Judicial tengan que pagar el Impuesto a las Ganancias, como el resto de la ciudadanía. En 2019, fue parte de la mayoría que prohibió la re-reelección de los gobernadores Sergio Casas y Alberto Weretilneck, de La Rioja y Río Negro.

Ya durante el gobierno de Alberto Fernández, quien fue su jefe de gabinete en su etapa como ministro de Justicia de Kirchner, Rosatti firmó fallos en contra del ex vicepresidente Amado Boudou, al confirmar la condena en el caso Ciccone, y otro contra la dirigente social Milagro Sala, que se encuentra con prisión domiciliaria desde 2016. Este año, en tanto, adhirió a la sentencia en la que se autorizó a la Ciudad de Buenos Aires a decidir sobre la presencialidad en el dictado de clases.

Especialmente en el caso de Sala, el Presidente consideró el fallo como un desafío a su autoridad, mientras la propia dirigente Tupac Amaru declaraba que “pareciera que gobierna la Corte Suprema” y que el gobierno de Fernández se ha mostrado “un poco blandengue”.

Cristina, en tanto, sigue sin perdonarle su salida del gobierno de Kirchner y ha sido crítica de su designación, como la de Rosenkrantz, durante el gobierno de Macri. El enojo de la vicepresidenta con la Corte no es nuevo y se ha repetido especialmente en una dura carta que difundió a finales del año pasado, en la que acusó al máximo tribunal de “encabezar y dirigir el proceso de Lawfare” en su contra.

“Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”, fue, textual, el cuestionamiento de CFK hacia los jueces.

Fuera de la actividad política o jurídica, Rosatti también cuenta con un extenso CV académico. Se desempeñó como docente de grado y de posgrado en varias casas de estudios en la Argentina, entre las que se destacan la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Austral, la Universidad Nacional de Rosario y Universidad Católica de Santa Fe.

Asimismo, ejerció como decano de la Facultad de Derecho en la sede santafesina de la UCA entre 1999 y 2002. Es doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales y Magíster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental y, además,  autor de decenas de libros sobre derecho. También recibió el Premio Konex de Platino en Derecho Constitucional.  La Nacion.

 

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