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Uruguay presenta una nueva Ley Audiovisual a medida de los dueños

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Se termina la transmisión de partidos de la Selección por TV abierta, desaparece el incentivo a la producción nacional, se eliminan límites a la propiedad de los medios y las medidas de protección a la infancia y los colectivos discriminados. Una ley hecha a la medida de los dueños de los medios masivos de comunicación y de las grandes multinacionales. Y, de paso, un golpe a Antel

Por: Pablo Silva Galván
El gobierno multicolor decidió jugar fuerte con el tema de los medios y la comunicación. En medio de la emergencia declarada para enfrentar la pandemia de coronavirus Covid-19, presentó en el Parlamento su proyecto de ley de medios, el cual, en los hechos, significa la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley SCA o ley de medios, que fuera aprobada durante el gobierno de José Mujica (2010-2015). Si bien los cambios estaban incluidos en la Ley de Urgente Consideración (LUC), fueron extraídos de ese texto para constituir un proyecto independiente. Sus consecuencias serán igualmente negativas para los derechos de los ciudadanos. Borra de un plumazo todo lo avanzado con la norma vigente, que ha sido considerada positiva por diversos organismos internacionales competentes en la materia. Se eliminan aspectos fundamentales como la cesión de derechos del titular de transmisión de eventos deportivos si la Selección llega a una etapa avanzada en competencias internacionales, por lo que ningún partido se transmitirá por televisión abierta; desaparece el porcentaje de contenido nacional, así como la protección a la infancia, a las mujeres, a la población Lgbtiq+ y a la afrodescendiente frente a la discriminación.

La norma mantiene la disposición de que no se podrá poseer un canal de televisión para abonados y una licencia para radio o televisión abierta, pero eso no corre para quienes ya los poseen. Eso significa el cierre al ingreso al mercado de nuevos competidores, garantizando la permanencia de los ya existentes, o sea, cerrado el espectro a nuevas voces.

Además, eleva el tope actual de posesión de señales de la misma banda, que es de dos, para llevarlo a seis. Se favorece de esta manera, al contrario del espíritu de la ley actual, una más alta concentración de medios.

En el anteproyecto original de Ley de Urgente Consideración (LUC), bajo el ambiguo título de Adecuación de Regularidad Constitucional de la Ley de Medios, se establecía en el artículo 457 la derogación de varias disposiciones incluida en la Ley N° 19.307, de 29 de diciembre de 2014, tales como el inciso tercero del artículo 39, referido a las transmisiones de los partidos de las selecciones de básquetbol y fútbol; el artículo 55, sobre el número de suscriptores de los operadores de televisión para abonados; inciso primero del artículo 56 sobre la incompatibilidad de quienes prestan servicios audiovisuales que lo hagan en materia de telefonía e internet; literal C) del artículo 60 referido a los porcentajes de producción nacional en la televisión, entre otros.

En síntesis, se trataba de adecuar la norma para beneficio exclusivo de los dueños de los medios, en particular de los canales de televisión, favoreciendo la concentración, así como de las empresas multinacionales de telecomunicaciones, asestando de paso un duro golpe a Antel en beneficio de estas.

Pero el proyecto actual, del que han trascendido algunos detalles -pero al contrario de la LUC no ha sido volanteado por el gobierno-, constituido por 80 artículos, va más allá, mucho más allá. No solo favorece la concentración y a las multinacionales, sino que promueve en toda su extensión el negocio privado en perjuicio del público. A partir de su aprobación, desaparecen las contraprestaciones que los permisarios de los medios estaban obligados a dar. Todo pasa a ser pagado, nada gratis. Y de paso desaparecen las normas de protección a la infancia y a las minorías, así como la promoción del trabajo nacional.

El proyecto de Ley Audiovisual: “lo redactó uno de los dueños de canal 4, Carlos Walter Romay, lo cual muestra el vínculo de los principales medios de comunicación audiovisual con el nuevo Gobierno. “Los dueños de los medios están buscando recuperar su privilegio, eliminar los pocos límites que había contra la concentración del poder y barrer cualquier competencia”, sentenció.

Análisis crítico
El contenido del proyecto y sus alcances fue analizado por el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), que destacó en su sitio web que la ley proyectada derogaría efectivamente “la mayoría de la norma” vigente, de la que “queda” en principio en pie “un núcleo de aspectos más técnicos” junto a “un capítulo respecto a los medios públicos”.

Por ejemplo, “la televisión para abonados ya no va a tener ningún tipo de límite”, por lo que “alguien con suficiente billetera podría comprarse todos los cables del país”. En cuanto a la televisión abierta y radio, pone mayores límites a la restricción para concentrar licencias y permisos. “Si eso se aprobara, una sola persona o empresa podría llegar a tener todos los medios de un departamento o de una región”, implicando un problema para “la democracia”.

“Claramente es una involución y un apartamiento de las recomendaciones internacionales”, contrarias a una situación que en la jerga “se llama ‘concentración indebida’”, afirmó el director de esta institución, Gustavo Gómez, en declaraciones a la emisora M24.

Asimismo, también “va a poder haber cadenas de repetidoras sin tener límite tampoco”, agregándose la posibilidad de usar y comercializar contenidos mediante internet. “Estamos ante un escenario en que esta herramienta permitiría una concentración nunca antes vista” y se “eliminaría el 60% de producción nacional audiovisual en la televisión”.

Gómez no dejó pasar sus críticas a Andebu, la entidad patronal que desde un primer momento atacó la norma actual y que en forma explícita se opuso a los gobiernos del Frente Amplio (FA). Fue uno de los convocantes a los actos de Un Solo Uruguay. Destacó que “el reclamo” por parte de Andebu y del empresariado mediático “nunca fue por libertad de expresión”, sino por “una cuestión de bolsillo”. Recordó que “no pagaron nunca nada” por el uso y usufructo de ondas y frecuencias y que la situación previa a la LSCA “no tenía límites a la concentración”.

Ese proyecto es “un traje a medida” para las empresas, sentenció el experto, que agregó que los dueños se verán beneficiados adicionalmente porque “las contraprestaciones se las quitan todas”, como “por ejemplo” destinar minutos para difundir “las campañas de bien público”, las cuales “vamos a tener que pagar del bolsillo del Estado, o sea, todos nosotros”.

Adiós a las campañas gratis
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es el referido a las campañas electorales. La ley vigente establece en su artículo 142: “Declárase de interés nacional para el fortalecimiento del sistema democrático republicano el otorgamiento de publicidad gratuita en los servicios de radio y televisión abierta, los servicios de televisión para abonados en sus señales propias y las señales de televisión establecidas en Uruguay que sean difundidas o distribuidas por servicios para abonados con licencia para actuar en nuestro país”. La iniciativa del gobierno elimina esta disposición. Por lo tanto, si se aprueba, no solo se eliminan las campañas gratuitas, sino que se afecta a los partidos políticos, en particular a los chicos. Solo los que puedan utilizar recursos podrán hacer campaña. Esto, a juicio de los expertos, supone una grave afectación de la democracia, ya que priva a los ciudadanos de una vía para conocer la propuesta de los partidos menores. Si se hubiera aplicado en la pasada elección, Unidad Popular, el PERI, e incluso el Partido Independiente, integrante de la actual coalición de gobierno, no hubieran podido acceder a la televisión o lo habrían hecho de manera marginal.

Pero sin duda uno de los temas que más polémica va a levantar desde el punto de vista popular es el referido a la transmisión de los partidos de las selecciones de fútbol y básquetbol. La norma, a través de su artículo 39, establece una limitación a los derechos de transmisión para el caso de que ambas selecciones lleguen a etapas definitorias de algún torneo o en eliminatorias. De esta manera, esos partidos pueden ser transmitidos por los canales de televisión abierta de forma gratuita. Eso se ha hecho con motivo de las eliminatorias para la Copa del Mundo en el caso del fútbol. Esa norma desaparece en el nuevo texto, por lo que aquellos que quieran ver los partidos de las selecciones celestes deberán pagar para ello.

Otro elemento polémico del proyecto es la extensión de los plazos de licencia para las empresas concesionarias. Estos plazos se extenderían de la siguiente manera: las radios pasarían de 10 a 15 años, más otros 15 años de prórroga (antes eran 10). Igual sucederá con la televisión. Pero además será una renovación automática gratuita, ya que el nuevo plazo correrá desde el momento mismo de la aprobación de la ley.

Entre los aspectos más polémicos del proyecto se encuentran los referidos a la protección de niños y colectivos vulnerables, en particular en televisión. “Todo eso vuela” con la nueva norma, sentenció Gómez.
Fuente: Caras y Caretas

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La Corte Suprema levantó la feria de juzgados y tribunales federales en varias provincias

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Los distritos involucrados son Corrientes y Tucumán además de levantamientos parciales en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, San Luis, Mendoza y Córdoba.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió este martes levantar la feria extraordinaria de juzgados y tribunales federales en las provincias de Corrientes y Tucumán y dispuso aperturas parciales en Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Con la firma digital de los cinco miembros del máximo tribunal, la acordada 17/2020 dispuso el funcionamiento pleno y presencial, aunque con todos los recaudos y protocolos sanitarios, del sistema de justicia en Corrientes y Tucumán.

En la misma decisión, y atendiendo a la realidad marcada por la pandemia en esos lugares, dispuso habilitar los juzgados federales de la jurisdicción Mendoza en las ciudades de San Rafael, San Luis, Villa Mercedes y San Juan.

En la jurisdicción Córdoba, la Corte estableció prudente levantar la feria para los juzgados federales de Río Cuarto, Villa María y Bell Ville.

En cuanto a la jurisdicción judicial Comodoro Rivadavia, los tribunales que volverán a funcionar a pleno son la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y los juzgados federales de Esquel, Río Grande, Comodoro Rivadavia, Caleta Oliviay Río Gallegos.

En su resolución, los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, recalcaron que “las medidas que asuman los distintos tribunales, en su ámbito de competencia, acompañen la política implementada en materia de salud por la autoridad nacional y local, a fin de no poner en riesgo los objetivos de salud pública perseguidos”.

“Reiterando que las funciones y tareas que se incorporen deberán llevarse a cabo siempre en base a la situación epidemiológica de cada jurisdicción o localidad y mediante el adecuado resguardo de la salud del personal del Poder Judicial, profesionales, litigantes y de todas aquellas personas que concurran a los tribunales y dependencias que lo integran”, advirtieron.

Desde el inicio de las medidas contra la pandemia, a mediados de marzo, la Corte Suprema se plegó con mucha inmediatez a las medidas de restricción social dispuestas por el Poder Ejecutivo y fue así que estableció una feria judicial extraordinaria que fue prorrogando a medida que el gobierno extendía el aislamiento.

Los tribunales mencionados son los primeros que vuelven a la actividad, luego de que las respectivas superintendencias que administran los servicios regionales remitieran a la Corte que se encontraban en posición de retomar la tarea plena sin por ello afectar la salud de empleados, abogados, jueces y personal.

FUENTE LA NACION

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Vidal reapareció y apostó a diferenciarse del ala dura del macrismo

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En un encuentro con dirigentes de la Coalición Cívica, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta le enviaron un mensaje al sector del PRO más alineado con Mauricio Macri, que pretende mayor confrontación con el gobierno nacional. También respondieron a las críticas del oficialismo. El jefe del gobierno porteño dijo que no hay que “sacar ventajas políticas” en medio de la pandemia.

Fue un mensaje a dos bandas. La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, participaron de un encuentro con dirigentes de la Coalición Cívica-ARI y aprovecharon la ocasión para responder tanto al ala dura del PRO como a las críticas desde el oficialismo (y, particularmente, del gobernador Axel Kicillof). “He dedicado todo mi esfuerzo a la unidad en estos seis meses y lo voy a seguir haciendo. En este momento necesitamos grandeza, no podemos entrar en chicanas, ni en debates menores, incluso aunque otros lo hagan”, remarcó Vidal. Larreta coincidió con su aliada: “No es una situación para sacar ventajas políticas. Que otros lo hagan no me va a llevar a mí a tener esa conducta”.

El encuentro fue el primero de una serie que tienen pensado hacer desde la conducción de la Coalición Cívica, con Maximiliano Ferraro a la cabeza. Arrancaron con una invitación a Larreta y Vidal -que se concretó con Ferraro y Maricel Etchecoin Moro presentes y unos cien dirigentes del espacio de Elisa Carrió a través de Zoom-, pero luego seguirán con economistas, dirigentes de la UCR. Los organizadores destacaron que, pese al mensaje hacia adentro, primó un mensaje de unidad de Juntos por el Cambio.

Además de decir lo suyo, Larreta y Vidal contestaron unas diez preguntas de los que se conectaron, entre diputados nacionales, provinciales, concejales, comuneros y autoridades partidarias de cada provincia. El encuentro, en total, duró una hora y media.

“Estos encuentros son para poner en valor la unidad de Juntos por el Cambio. Lo venimos demostrando cada día: es importante esforzamos más por la unidad que por la unanimidad, y nos debemos reconocer desde las diferentes centralidades”, afirmó Ferraro al comienzo del encuentro. Aún desde su retiro, Elisa Carrió viene respaldando a Larreta y Vidal ante las críticas del oficialismo y las más solapadas del sector que conduce el ex presidente Mauricio Macri.

Tanto en el discurso de Vidal como en el de Larreta hubo un claro mensaje a los sectores que piden más confrontación con el peronismo durante la cuarentena, pero también a las críticas hacia la ex gobernadora que el presidente Alberto Fernández y -más recientemente- Kicillof hicieron en torno al estado en que dejó la provincia y a la situación de los hospitales nunca inaugurados.

Larreta, sin entrar a confrontar, ya había respondido en el acto del 25 de mayo que respaldaba lo que fue la gestión de Vidal. La ex gobernadora optó en cada ocasión por no responder. En el encuentro cerrado con dirigentes de la CC-ARI, dejó en claro por qué no contesta: “He dedicado todo mi esfuerzo a la unidad en estos seis meses y lo voy a seguir haciendo. En este momento necesitamos grandeza. No podemos entrar en chicanas, ni en debates menores, incluso aunque otros lo hagan. Tenemos que actuar distinto si es que somos distintos. Tenemos que dejar de lado las mezquindades. Hay mucha gente sufriendo y sin saber cómo llegar a fin de mes, lo último que quieren es ver un debate menor o mezquino”, remarcó Vidal.

La ex gobernadora insistió: “Se puede ser firme y poner límites claros sin descalificar al otro, para eso hay que tener ejemplaridad. En lo que viene es muy importante el temple, la ejemplaridad y sentido común”. Sobre la unidad de Juntos por el Cambio, destacó: “Somos muchos y eso requiere un trabajo entre todos. No pensamos igual, y para nosotros eso es una riqueza y un trabajo: mantener la diversidad”. “Son tiempos muy desafiantes para la política. Sobre todo para quienes nos gobiernan, como Horacio y nuestros gobernadores e intendentes. Mi posición es acompañar a los que están en las trincheras, donde no hay recetas ni caminos, esto obliga todo el tiempo repensar, por eso es fundamental el acompañamiento a los que gobiernan”, indicó. El ala dura del PRO, como se sabe, está integrada principalmente por dirigentes sin responsabilidades actuales de gobierno, como Macri, Patricia Bullrich y Miguel Angel Pichetto.

A su turno, Larreta coincidió en sostener la unidad de Juntos por el Cambio: “La defensa de la unidad es la condición necesaria pero no suficiente para tener un proyecto competitivo, precisamos construir y reconstruir un mensaje de esperanza así como entender los roles diferentes que tenemos”. “Debemos construir una alternativa para el mediano plazo y para eso tenemos que estar juntos. Hay que hacerlo a diario y no debemos perder de vista el objetivo primordial que es la unidad”, remarcó el jefe de gobierno, quien elogió la tarea del jefe de bloque legislativo, Cristian Ritondo: “Estamos funcionando muy bien en el Congreso, es un buen ejemplo de cómo podemos funcionar sin dejar de lado las diferencias que podamos tener”.

Larreta fue claro en su posición sobre la confrontación con el gobierno nacional, que parte de una lectura de cuál es el clima general de la sociedad: “No es una situación para sacar ventajas políticas. Que otros lo hagan no me va a llevar a mí a tener esa conducta”, disparó.

La posición de Larreta y Vidal viene teniendo el apoyo también de los intendentes del PRO, como el de Lanús, Néstor Grindetti; el de Vicente López, Jorge Macri, o el de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. Este último dijo en el mismo día: “Siempre digo que el virus no distingue de grietas; hemos trabajado todos de manera mancomunada, el municipio, la provincia y la Nación. La grieta quedará para otro momento”.

FUENTE : PAGINA 12

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Miriam Lewin fue designada para conducir la Defensoría del Público

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En la bicameral de Comunicación Audiovisual, Juntos por el Cambio se abstuvo en la elección de la periodista por estar en desacuerdo con el procedimiento realizado. Polémica por el reparto de cargos en la comisión y aval a las propuestas para el ENaCom y RTA

En una nueva reunión virtual marcada por la discusión entre el oficialismo y la oposición, la Bicameral Permanente de Seguimiento y Promoción de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización avanzó con la designación de la periodista Miriam Lewin para conducir la Defensoría del Público.

La presidenta de la comisión, la diputada oficialista Gabriela Cerruti, destacó que en los 50 días que estuvo abierto el período de adhesiones y oposiciones, el respaldo a su candidatura alcanzó una “fuerza y fortaleza” que fue “contundente” y solo hubo dos rechazos que “no tenían que ver con el fondo de las condiciones” de la postulante.

A continuación intervino la radical Karina Banfi, quien si bien remarcó que desde Juntos por el Cambio no había oposición a Lewin, sí había que “revisar algunas cuestiones del procedimiento y esto no es menor”. La diputada se quejó del incumplimiento de plazos y falta de acceso a la información y pidió: “Hagamos las cosas bien, no a las apuradas”.

Cerruti salió al cruce al decir que la candidatura había sido correspondiente publicada en el Boletín Oficial, en dos diarios de circulación nacional y en las páginas web de ambas cámaras, además de haberse prolongado la etapa de adhesiones y oposiciones a raíz de la cuarentena. “Usted es miembro desde ayer en la comisión”, le enrostró la kirchnerista por el reclamo sobre la información.

Gabriela Cerruti

@gabicerru

Felicitamos a Miriam Lewin, designada por la Comisión Bicameral a cargo de la @DefdelPublico. Reconocida comunicadora, periodista, escritora, docente, militante feminista y por los DD.HH. Vamos a acompañar la gestión para que la comunicación vuelva a ser un derecho humano. 💚💜

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“No dudamos que se publicó”, expresó el diputado macrista Waldo Wolff, que reiteró: “Lo que nosotros estamos cuestionando es el procedimiento, no a la señora Lewin”. “Nos parece que para elegir un cargo lo que corresponde es tener sobre la mesa toda la información y analizarla”, señaló.

Se metió en la discusión el senador oficialista Guillermo Snopek, que apuntó al interbloque de Juntos por el Cambio por “tener esta forma” desde “las últimas reuniones” de “no hacer sus planteos, sino un show mediático”.

Luego retomó la palabra Banfi para solicitar que la definición sobre un “cargo tan importante” sea la semana que viene. “Pido tomarnos el tiempo suficiente para hacer las cosas bien y que no queden suciedades en términos de procedimientos, porque lo que realmente queremos ser es ser transparentes”, insistió.

Para cerrar, el diputado oficialista Pablo Carro sentenció: “Después de dos años del señor (Emilio) Alonso a cargo de la Defensoría y sin que el oficialismo se haya ocupado de designar, ni siquiera de proponer un defensor permanente, lo que pido es que pasemos a votar”.

Fue entonces que el aval a la candidata se confirmó con nueve votos afirmativos, todos correspondientes al Frente de Todos, y seis abstenciones, de los miembros de Juntos por el Cambio. En tanto, el senador Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) estuvo ausente. “Muy bien, se eleva a la Presidencia de ambas cámaras”, finalizó Cerruti.

Impugnación
Miriam Lewin es coautora, junto a Olga Wornat, del libro “Putas y Guerrilleras”, en el que se relatan los abusos sexuales y vejaciones cometidos en los centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar.

Su participación en ese libro fue la causa de una de las impugnaciones que recibió Lewin. Presentado por la Colectiva de Mujeres Expresas Políticas de la Dictadura Militar 1976/83, las firmantes objetaron la idoneidad de la candidata para “dar cabal cumplimiento” a las funciones de la Defensoría.

“La banalización del mal y la falta de rigurosidad en la investigación que se manifiesta en sus publicaciones, la tergiversación de testimonios brindados de buena fe, en particular en su libro Putas y Guerrilleras, han agravado el padecimiento de muchas compañeras que sufrieron vejaciones y violaciones en los centros clandestinos de detención”, sostiene la impugnación.

Polémica por el reparto de cargos
La reunión virtual de este martes se inició caldeada por la elección de las autoridades. En el encuentro previo a la declaración del aislamiento obligatorio, realizada en marzo, los cargos de vicepresidente y secretario habían quedado pendientes.

El senador del Frente de Todos Mariano Recalde comenzó proponiendo como vice a su compañero de bloque Alfredo Luenzo. “Bueno, estamos todos de acuerdo”, afirmó Cerruti y lo dio por sentado, cuando el diputado radical Miguel Bazze pidió la palabra para reclamar: “Nosotros pensamos que la vicepresidencia de la comisión debía estar en manos de la oposición, de Juntos por el Cambio; más del respeto, consideración y estima que tengo por el senador Luenzo”.

“Entendimos que era el acuerdo que había anoche”, contestó Cerruti. Pero el diputado Waldo Wolff se preguntó “cuál es el argumento”. “Desde sus inicios esta comisión tuvo diferentes conjugaciones en su presidencia y vicepresidencia. No hay un parámetro en la historia de esta comisión”, sostuvo la titular que, a pedido de Wolff, accedió a una votación nominal.

Con mayoría, el oficialismo impuso a Luenzo como vicepresidente, con nueve votos a favor, cuatro en contra y una abstención -de la macrista María Carla Piccolomini-.

“Empezar así una comisión, siendo además usted una mujer comprometida con la democracia…en mis cuatro años de diputado no recuerdo votar a una autoridad por mayoría, porque en todo caso no se respeta el equilibrio de poder”, lanzó Wolff, que remarcó que la “costumbre” es elegir a las autoridades “por acuerdo y si no hay acuerdo se respeta la tradición”.

Y continuó: “Me parece vergonzoso. También lamento lo de meter por la ventana a un hombre que no merece entrar por la ventana. Esto es una mancha para esta comisión”.

“No voy a alargar esto, solamente le digo diputado que deberían hablar más entre ustedes. Nosotros noche teníamos una decisión de ustedes, y esta mañana otra. En ningún momento nos trasladaron a nosotros que el problema era la vicepresidencia”, finalizó la oficialista.

En tanto, Juntos por el Cambio sí se quedó con la secretaría, que será ocupada por la radical Karina Banfi.

Silvana Giudici vuelve al ENaCom y RTA y el reclamo de Camaño
Además, en el encuentro virtual se votaron -por unanimidad- las propuestas de miembros para el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y de Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA).

En el caso del ENaCom, fueron avalados Alejandro Gigena, por iniciativa del Frente de Todos; y Silvana Giudici, elegida por el bloque Pro. El radicalismo anticipó que, cuando culmine en julio el mandato de Miguel Ángel Giubergia, propondrán un nombre propio, lo que despertó la molestia de Graciela Camaño.

Para RTA, recibieron aprobación Cynthia Ottaviano, propuesta por el Frente de Todos; y Emilio Laferriere, designado por el interbloque Juntos por el Cambio.

Además de reclamar que el Interbloque Federal forme parte de la bicameral, la diputada Camaño (Consenso Federal) cuestionó que “las dos primeras minorías parecen ser las únicas fuerzas políticas del país”.

En alusión al cargo de Giubergia en el ENaCom, la legisladora señaló que con él “ya hay un representante de la segunda minoría”. Pero el radical Miguel Bazze dijo que como la UCR es el segundo bloque con más miembros en la Cámara de Diputados, ellos tendrán su propuesta propia y que Giudici es la candidata del Pro.

Tras la votación, Camaño resaltó: “En este momento y hasta el mes de agosto, la Cámara de Diputados de la Nación en la primera y segunda minoría no está respetando a las terceras minorías”.

“Somos democráticos, defendemos la representatividad de todos cuando tocan nuestros intereses. Ahora, cuando se trata en serio de que vivamos en un sistema armónico, compartiendo el poder de la manera que corresponde, ahí sí nos convertimos en antidemocráticos y no nos importa nada”, manifestó, para completar: “El frente Cambiemos aparece en la actual composición que propone al ENaCom como la primera fuerza, por la simple y sencilla razón de que va a tener hasta el mes de agosto dos representantes”.
Fotos: Juan Carlos Cárdenas, Comunicación Senado
Fuentes: Parlamentario, Señales

FOTO TAPA : PAGINA 12

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