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Uruguay presenta una nueva Ley Audiovisual a medida de los dueños

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Se termina la transmisión de partidos de la Selección por TV abierta, desaparece el incentivo a la producción nacional, se eliminan límites a la propiedad de los medios y las medidas de protección a la infancia y los colectivos discriminados. Una ley hecha a la medida de los dueños de los medios masivos de comunicación y de las grandes multinacionales. Y, de paso, un golpe a Antel

Por: Pablo Silva Galván
El gobierno multicolor decidió jugar fuerte con el tema de los medios y la comunicación. En medio de la emergencia declarada para enfrentar la pandemia de coronavirus Covid-19, presentó en el Parlamento su proyecto de ley de medios, el cual, en los hechos, significa la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley SCA o ley de medios, que fuera aprobada durante el gobierno de José Mujica (2010-2015). Si bien los cambios estaban incluidos en la Ley de Urgente Consideración (LUC), fueron extraídos de ese texto para constituir un proyecto independiente. Sus consecuencias serán igualmente negativas para los derechos de los ciudadanos. Borra de un plumazo todo lo avanzado con la norma vigente, que ha sido considerada positiva por diversos organismos internacionales competentes en la materia. Se eliminan aspectos fundamentales como la cesión de derechos del titular de transmisión de eventos deportivos si la Selección llega a una etapa avanzada en competencias internacionales, por lo que ningún partido se transmitirá por televisión abierta; desaparece el porcentaje de contenido nacional, así como la protección a la infancia, a las mujeres, a la población Lgbtiq+ y a la afrodescendiente frente a la discriminación.

La norma mantiene la disposición de que no se podrá poseer un canal de televisión para abonados y una licencia para radio o televisión abierta, pero eso no corre para quienes ya los poseen. Eso significa el cierre al ingreso al mercado de nuevos competidores, garantizando la permanencia de los ya existentes, o sea, cerrado el espectro a nuevas voces.

Además, eleva el tope actual de posesión de señales de la misma banda, que es de dos, para llevarlo a seis. Se favorece de esta manera, al contrario del espíritu de la ley actual, una más alta concentración de medios.

En el anteproyecto original de Ley de Urgente Consideración (LUC), bajo el ambiguo título de Adecuación de Regularidad Constitucional de la Ley de Medios, se establecía en el artículo 457 la derogación de varias disposiciones incluida en la Ley N° 19.307, de 29 de diciembre de 2014, tales como el inciso tercero del artículo 39, referido a las transmisiones de los partidos de las selecciones de básquetbol y fútbol; el artículo 55, sobre el número de suscriptores de los operadores de televisión para abonados; inciso primero del artículo 56 sobre la incompatibilidad de quienes prestan servicios audiovisuales que lo hagan en materia de telefonía e internet; literal C) del artículo 60 referido a los porcentajes de producción nacional en la televisión, entre otros.

En síntesis, se trataba de adecuar la norma para beneficio exclusivo de los dueños de los medios, en particular de los canales de televisión, favoreciendo la concentración, así como de las empresas multinacionales de telecomunicaciones, asestando de paso un duro golpe a Antel en beneficio de estas.

Pero el proyecto actual, del que han trascendido algunos detalles -pero al contrario de la LUC no ha sido volanteado por el gobierno-, constituido por 80 artículos, va más allá, mucho más allá. No solo favorece la concentración y a las multinacionales, sino que promueve en toda su extensión el negocio privado en perjuicio del público. A partir de su aprobación, desaparecen las contraprestaciones que los permisarios de los medios estaban obligados a dar. Todo pasa a ser pagado, nada gratis. Y de paso desaparecen las normas de protección a la infancia y a las minorías, así como la promoción del trabajo nacional.

El proyecto de Ley Audiovisual: “lo redactó uno de los dueños de canal 4, Carlos Walter Romay, lo cual muestra el vínculo de los principales medios de comunicación audiovisual con el nuevo Gobierno. “Los dueños de los medios están buscando recuperar su privilegio, eliminar los pocos límites que había contra la concentración del poder y barrer cualquier competencia”, sentenció.

Análisis crítico
El contenido del proyecto y sus alcances fue analizado por el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), que destacó en su sitio web que la ley proyectada derogaría efectivamente “la mayoría de la norma” vigente, de la que “queda” en principio en pie “un núcleo de aspectos más técnicos” junto a “un capítulo respecto a los medios públicos”.

Por ejemplo, “la televisión para abonados ya no va a tener ningún tipo de límite”, por lo que “alguien con suficiente billetera podría comprarse todos los cables del país”. En cuanto a la televisión abierta y radio, pone mayores límites a la restricción para concentrar licencias y permisos. “Si eso se aprobara, una sola persona o empresa podría llegar a tener todos los medios de un departamento o de una región”, implicando un problema para “la democracia”.

“Claramente es una involución y un apartamiento de las recomendaciones internacionales”, contrarias a una situación que en la jerga “se llama ‘concentración indebida’”, afirmó el director de esta institución, Gustavo Gómez, en declaraciones a la emisora M24.

Asimismo, también “va a poder haber cadenas de repetidoras sin tener límite tampoco”, agregándose la posibilidad de usar y comercializar contenidos mediante internet. “Estamos ante un escenario en que esta herramienta permitiría una concentración nunca antes vista” y se “eliminaría el 60% de producción nacional audiovisual en la televisión”.

Gómez no dejó pasar sus críticas a Andebu, la entidad patronal que desde un primer momento atacó la norma actual y que en forma explícita se opuso a los gobiernos del Frente Amplio (FA). Fue uno de los convocantes a los actos de Un Solo Uruguay. Destacó que “el reclamo” por parte de Andebu y del empresariado mediático “nunca fue por libertad de expresión”, sino por “una cuestión de bolsillo”. Recordó que “no pagaron nunca nada” por el uso y usufructo de ondas y frecuencias y que la situación previa a la LSCA “no tenía límites a la concentración”.

Ese proyecto es “un traje a medida” para las empresas, sentenció el experto, que agregó que los dueños se verán beneficiados adicionalmente porque “las contraprestaciones se las quitan todas”, como “por ejemplo” destinar minutos para difundir “las campañas de bien público”, las cuales “vamos a tener que pagar del bolsillo del Estado, o sea, todos nosotros”.

Adiós a las campañas gratis
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es el referido a las campañas electorales. La ley vigente establece en su artículo 142: “Declárase de interés nacional para el fortalecimiento del sistema democrático republicano el otorgamiento de publicidad gratuita en los servicios de radio y televisión abierta, los servicios de televisión para abonados en sus señales propias y las señales de televisión establecidas en Uruguay que sean difundidas o distribuidas por servicios para abonados con licencia para actuar en nuestro país”. La iniciativa del gobierno elimina esta disposición. Por lo tanto, si se aprueba, no solo se eliminan las campañas gratuitas, sino que se afecta a los partidos políticos, en particular a los chicos. Solo los que puedan utilizar recursos podrán hacer campaña. Esto, a juicio de los expertos, supone una grave afectación de la democracia, ya que priva a los ciudadanos de una vía para conocer la propuesta de los partidos menores. Si se hubiera aplicado en la pasada elección, Unidad Popular, el PERI, e incluso el Partido Independiente, integrante de la actual coalición de gobierno, no hubieran podido acceder a la televisión o lo habrían hecho de manera marginal.

Pero sin duda uno de los temas que más polémica va a levantar desde el punto de vista popular es el referido a la transmisión de los partidos de las selecciones de fútbol y básquetbol. La norma, a través de su artículo 39, establece una limitación a los derechos de transmisión para el caso de que ambas selecciones lleguen a etapas definitorias de algún torneo o en eliminatorias. De esta manera, esos partidos pueden ser transmitidos por los canales de televisión abierta de forma gratuita. Eso se ha hecho con motivo de las eliminatorias para la Copa del Mundo en el caso del fútbol. Esa norma desaparece en el nuevo texto, por lo que aquellos que quieran ver los partidos de las selecciones celestes deberán pagar para ello.

Otro elemento polémico del proyecto es la extensión de los plazos de licencia para las empresas concesionarias. Estos plazos se extenderían de la siguiente manera: las radios pasarían de 10 a 15 años, más otros 15 años de prórroga (antes eran 10). Igual sucederá con la televisión. Pero además será una renovación automática gratuita, ya que el nuevo plazo correrá desde el momento mismo de la aprobación de la ley.

Entre los aspectos más polémicos del proyecto se encuentran los referidos a la protección de niños y colectivos vulnerables, en particular en televisión. “Todo eso vuela” con la nueva norma, sentenció Gómez.
Fuente: Caras y Caretas

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Rechazo rotundo de ex combatientes a las declaraciones de Diana Mondino sobre Malvinas: “Quieren entregar la Argentina”

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El Secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes CECIM La Plata, Ernesto Alonso, manifestó su rechazo ante las declaraciones de Diana Mondino, dirigente de La Libertad Avanza, respecto de las Islas Malvinas y consideró que quieren “entregar la Argentina”

“Deberían leer la Constitución Nacional y la historia. Parece que no entienden que en Malvinas hay un enclave neocolonial militar y la población actual fue insertada en la usurpación de 1833”, sostuvo Alonso. Y sumó: “repiten el libreto del Foreign Office, quieren entregar la Argentina”. 

En la misma línea, el abogado del CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola, dijo que “los asesores de Milei andan diciendo a medios británicos que renunciarían a algo que, constitucionalmente, es irrenunciable: la reivindicación de la soberanía sobre las Malvinas, Antártida e islas del Atlántico Sur”.

En ese sentido, el letrado consideró que “al fascismo se añade la entrega de nuestro territorio”.

A las voces de los veteranos se sumaron además las declaraciones del jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente Agustín Rossi, quien opinó que “los dichos de Mondino le pegan una bofetada a los ex combatientes” para luego agregar que hablar de “la entrega de las Islas Malvinas” al Reino Unido.

Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Guillermo Carmona, consideró que la postura de La Libertad Avanza “amenaza la soberanía nacional” e implica una “total ignorancia del régimen constitucional argentino”.

“Rechazamos categóricamente esa posición”, subrayó el funcionario, quien expresó que se trata de “un alineamiento ideológico con el agresor imperialista”.

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Sergio Massa reunió al equipo económico para definir las medidas que anunciaría la semana próxima

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Viernes a las 16.30. Un importante funcionario sale del Ministerio de Economía. “Yo creo que lo peor ya pasó, pero es la Argentina…”, comenta, visiblemente cansado. Hoy, a las 8, Sergio Massa volvió a convocar a ese y otros miembros de su equipo al Palacio de Hacienda. Vestidos de jogging, cerca del ministro quisieron transmitir que ya está en marcha el paquete paliativo por la devaluación. El candidato presidencial de Unión por la Patria hizo en televisión una “preventa” de las medidas: suma fija para los trabajadores registrados y mejoras en las jubilaciones y en las asignaciones familiares. La letra chica, sin embargo, aún no está elaborada.

El Gobierno termina así una semana fatídica, con un revés en las PASO al que sobrevino la devaluación, la disparada del dólar blue y el anuncio de nuevos aumentos en las tarifas: la crónica anunciada de una disparada en la inflación.

Massa optó por apurar la devaluación tras los comicios y luego se dedicó a cerrar acuerdos de precios. Anunció que el martes próximo viajará a Washington para cerrar con el FMI el desembolso de US$7500 y anticipó que, a partir del jueves, anunciaría un paquete de medidas de “compensación por la devaluación”  dirigidas a los bolsillos.

“La idea es dar todas las malas noticias juntas hasta el miércoles y a partir de ahí empezar con las buenas”, dijo a LA NACION un colaborador de Massa que estuvo en contacto con el ministro.

Massa reunió hoy en el ministerio a la titular de la AnsesFernanda Ravertaa la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos; al vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos y a la titular del Banco NaciónSilvina Batakis. “Se empezaron a conversar las medidas que se anunciarán a partir del jueves para todos los sectores sociales. Es una compensación por la devaluación que se debió hacer de forma obligada por el FMI”, dijeron cerca de Massa.

Muy cerca del ministro se negaban a dar detalles de las medidas. Sin embargo, en TN el miércoles Massa dijo: “Está el tema de la suma fija para discutir en el marco de las paritarias… lo estoy charlando con Kelly, con la CGT… Va a haber suma fija, va a haber un esfuerzo adicional con el tema de las asignaciones familiares, vamos a reforzar AUH, vamos a mirar el impacto en la canasta de jubilados”.

La medida que más controversia genera dentro del Gobierno es la de la suma fija. Se trata de un viejo reclamo del kirchnerismo -el primero en pedirlo fue Máximo Kirchner- que nunca tuvo la aceptación de Alberto Fernández, por su costo fiscal y porque incide en las negociaciones paritarias. Más de una vez el Presidente y los ministros que ocuparon la cartera de Trabajo (Claudio Moroni primero, Olmos después) se mostraron contrarios a la idea.

Sin embargo, ahora Massa retomó esa bandera del kirchnerismo. Se descuenta que la cumbre de la cúpula de Unión por la Patria que tuvo lugar el miércoles en el despacho de Cristina Kirchner en el Senado, a la que asistieron, además del ministro, el gobernador Axel Kicillof y el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro, versó fundamentalmente sobre la cuestión de los ingresos. “Fue más económica que electoral”, aventuró el estrecho colaborador de uno de los presentes. Y agregó: “Le tenemos que poner plata en el bolsillo a la gente”.

Los detalles de la implementación de la suma fija, el monto y el alcance aún no están definidos. Ni la CGT ni cámaras empresarias como la UIA habían sido convocadas hasta este sábado. En ambas terminales la medida genera resistencia. “Todo el mundo está discutiendo paritarias permanentemente, es algo que tiene una dinámica muy grande y la suma fija altera las paritarias porque es un esquema de recomposición diferente. No es un porcentaje, sino un monto”, dijo a un hombre fuerte de la central obrera.

En la CGT, según pudo saber este medio, sí estarían de acuerdo con “un umbral de ingresos” básicos. Podemos fijar que nadie pueda ganar menos de determinado monto”, apuntaron. Distinta es la opinión que tienen en Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), alineada al kirchnerismo. Su titular, Hugo Yasky reclamó “una suma fija urgente de $75.000″.

Daniel Funes de Riojapresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), dijo a la nacion: “Para el sector privado que negocia paritarias, ese es el camino. La suma fija distorsiona las escalas”.

El otro escollo que encuentra la medida está en el sector público. En el Gobierno algunos aseguran que muchos intendentes no están en situación de caja para afrontar el pago de una suma fija, con sueldos de municipales que suelen ser muy bajos. “Que ponga la plata Nación, a ver si creen que los municipios son un barril sin fondo”, se quejó un jefe comunal peronista de la tercera sección electoral.

Cerca de Massa advirtieron que la medida “se está conversando” y subrayaron: “Va a haber un paquete de medidas con eje en lo productivo, lo social, lo laboral, con el objetivo de recuperar el ingreso por el impacto del devaluación que obligó a hacer el FMI”.

Con los anuncios, en tanto, Massa termina de aplacar el ruido en torno a su continuidad. El ministro aseguró que no dejará el cargo para dedicarse a la campaña. Fue el diputado Eduardo Valdés el que puso el tema en agenda (“Tiene que dejar el ministerio en manos de otro”, dijo). Es cierto que semanas antes de las PASO se había barajado la posibilidad de que Massa se tomara una licencia una vez cerrado el acuerdo con el Fondo. Pero la coyuntura económica terminó de hacer inviable cualquier cambio. Así, deberá seguir adelante con el corset de su puesto.

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Carrió renunció a su candidatura al Parlasur

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Elisa “Lilita” Carrió anunció que renuncia a su candidatura al Parlasur. La líder de la Coalición Cívica, que había quedado en segundo lugar detrás de Luis Brandoni luego de perder las internas en las PASO, comunicó formalmente que no integrará la lista que competirá el 22 de octubre bajo el lema de Juntos por el Cambio.

Mediante un comunicado en el que hace referencia a su estado de salud, Carrió hizo pública la decisión y aclaró que “acompaña y apoya” la candidatura presidencial de Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio (JxC).

Desde su entorno explicaron que la renuncia también incluye la no participación en la campaña “por las mismas razones que renuncia – salud-” pero que de todas formas “apoya a Bullrich”.

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Las cuestiones de salud que aquejan a la dirigente ya la habían alejado del último tramo de la campaña en la previa a las PASO pero, más allá de eso, Carrió no se sentía cómoda con el discurso que enarbola el sector que se impuso en las internas de Juntos por el Cambio -ella iba en la lista de Horacio Rodríguez Larreta– y esto se profundizó desde que se conocieron los resultados y el acercamiento aún mayor de Mauricio Macri con el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Carrió ya había advertido que no estaba de acuerdo con el modelo que se planteaba desde las filas de Bullrich, hasta llegó a señalar que el ajuste tal como lo estaban planteando iba a terminar con la gente en la calle y con sangre como consecuencia de la represión. Así fue que las cuestiones de salud, las palabras de apoyo de Macri a los libertarios y el acercamiento continuo, empujaron la decisión de la ex diputada.

La renuncia de Carrió llega en un momento en el que las relaciones entre Bullrich y Rodríguez Larreta buscan encaminarse. El sector que acompaña al actual Jefe de Gobierno de la Ciudad se muestra todavía golpeado por el resultado de las elecciones y las heridas de la campaña aún no cierran, por lo que la salidad de la líder de la CC-Ari no hace más que poner sal a algo que no cicatriza.

Es conocido que la ex diputada criticó públicamente a Macri por su relación con Milei. Advirtiendo sobre una posible alianza entre el ex presidente con el libertario para llevar adelante un ajuste económico “brutal” para el que sería necesario una fuerte represión en las calles que podría llevar a “matar si es necesario por lo cual el gobierno terminaría “con un juzgamiento por delitos de lesa humanidad”.

Aunque desde las filas de la Coalición Cívica insisten que el motivo de la renuncia a participar de la contienda electoral es la salud, la decisión de Carrió de no ocupar el segundo lugar en la lista de parlamentarios del Mercado Común del Sur por Juntos por el Cambio, sucede en ese escenario.

Ese acercamiento que tan poco le gusta a Carrió se va profundizando desde el domingo pasado. Por un lado Macri elogia los planes de Milei pero marca la diferencia señalando que JxC tiene la capacidad de poder llevarlos adelante. En paralelo, Milei señala en una entrevista radial que, de ganar la presidencia, le ofrecerá a Macri que sea un representante de la Argentina en el mundo, una especie de canciller económico del gobierno libertario. Un ex funcionario y estrecho colaborador de Macri, Fernando Andreis, aseguró que éste no aceptará ningún cargo en el gobierno del libertario, pero sus gestos de simpatía hacia el economista dan cierta verosimilitud a esa posibilidad.

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En el PRO, en donde las críticas de Carrió a Macri no caen bien, señalan que la líder de la CC-Ari “no para de tirar piedras, parece que buscara romper Juntos por el Cambio a pesar de que repite que apuesta a la unidad; dice que va a apoyar a Patricia pero no va a participar de la campaña y repite que el plan económico es un ajuste brutal”.

Carrió reaparecerá públicamente esta semana cuando brinde una charla en el instituto de Formación Política y Culural Hannah Arendt sobre “La Argentina que viene”.

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