“Lamentablemente, no se logró acordar ninguna de las condiciones exigidas. Hemos decidido dejar aquí la negociación. Es un capítulo cerrado”, señaló el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, al describir la situación en que quedó la frustrada negociación con los directivos de Vicentin, en las que se buscaba acordar la formación de un fideicomiso para ponerlo a cargo de la administración de la firma concursada. En tanto, una orden de allanamiento a las oficinas de Vicentin en Avellaneda (Santa Fe) dictada por el juez Julian Ercolini quedó sin ejecutar al ser demorada por un juez federal de Entre Ríos (en cuya jurisdicción está la zona norte de Santa Fe), que recién la llevaría a cabo este viernes.
La segunda reunión de conciliación convocada por el juez Fabian Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores de Vicentin, entre los representantes del gobierno de Santa Fe y los directivos de la firma, terminó en la tarde del jueves, cerrando definitivamente toda posibilidad de acuerdo en torno a la continuidad de la gestión y administración de la empresa.
El gobierno de Santa Fe había solicitado anteriormente la intervención judicial de la firma, entendiendo que los mismos directivos acusados de vaciamiento y mala administración no podían seguir a cargo. Como alternativa, había ofrecido que un fideicomiso se hiciera cargo de la firma hasta tanto se concluyera el proceso de convocatoria de acreedores.
“Las dos condiciones que pretendía el gobierno provincial y que compartía el Estado Nacional para participar del acuerdo, eran que los directores de Vicentin se apartaran inmediatamente de sus cargos, y que las acciones de la empresa fueran transferidas en administración al fideicomiso. Han decidido no hacer ninguna de las dos, por lo cual hemos resuelto dar por concluida la negociación. Ponemos aquí el punto de tolerancia. Es un capítulo cerrado“, sentenció Somaglia al finalizar el encuentro.
La pretensión de los directivos de Vicentin eran las de permanecer con una participación minoritaria tanto en el Directorio de la empresa como en el capital, a través de una porción menor de acciones. Además, trascendió que habían solicitado una suerte de inmunidad penal para evitar que la Justicia pudiera encarcelar a algunos de los responsables de la firma desde 2017 para acá.
La instrucción que recibió Omar Perotti de parte de Alberto Fernández, cuando le llevó la propuesta de fideicomiso como “alternativa” a Olivos, fue que la única posibilidad en la que dicho acuerdo era viable era con el clan Vicentin afuera de la empresa. Sin opciones, este jueves Perotti debió dar por fracasada su gestión.
Desde la Casa Gris, sede del gobierno de Santa Fe, interpretan que hubo una señal fuerte hacia los directivos de Vicentin y hacia el propio juez Lorenzini: son ellos los que deciden su propia suerte. Sin resultados en la convocatoria a conciliación, el magistrado deberá resolver sobre el pedido de intervención judicial que reclamó la Inspección general de justicia. Y si la rechaza, no haría más que dejar todas las irregularidades del proceso concursal a la intemperie. Entre ellos, la falta de balance, para el cual el juez le otorgó 40 días hábiles más a la empresa para cumplir.
Desde el gobierno nacional, en tanto, quedó planteada la encrucijada de cómo seguir con un proceso que definitivamente se trabó por todos lados, pero que dejó a las mismas autoridades nacionales seriamente comprometidas. Propuso una expropiación y debió mar marcha atrás. Dispuso una intervención que no pudo cumplir su tarea porque el juez comercial la desplazó. Se echó sobre los hombros el impacto político del derrumbe de la cerealera y del plan alternativo también falló. Se esperaba una definición oficial este jueves, a última hora, que en definitiva no se tomó o quedó postergada.
En tanto, en la causa penal por el posible fraude contra el Banco Nación por el otorgamiento de créditos de prefinanciación de modo irregular, el fiscal Gerardo Pollicitas pidió el allanamiento de las oficinas de Vicentin en busca de documentación que pudiera explicar el destino de los fondos. Pero este jueves la acción no pudo ejecutarse, según había explicado el juez federal local interviniente, Aldo Alurralde, porque no recibió la aprobación del fiscal local al que se le corrió vista del requerimiento. El allanamiento recién tendría lugar este viernes, 24 horas después que los allanados ya hayan tomado conocimiento del hecho.
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