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Opinión

¿Y si la cortamos con los delincuentes y atendemos a los honestos?

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 Lo ocurrido en las últimas horas con Carolina Píparo vuelve a mostrar la realidad de una Argentina construida para la impunidad de los delincuentes. Basta.

Carolina Piparo, quien durante su embarazo fue asaltada y baleada durante una salidera bancaria ocurrida el 29 de julio de 2010 en La Plata y en la que fue asesinado el hijo que llevaba en el vientre, denunció este domingo que el autor del balazo que la hirió y le provocó la muerte a Isidro, el bebé que esperaba, la amenaza desde la cárcel a partir del permiso que tienen los reclusos de tener teléfono celular por el coronavirus.

En 1994 el asesino de la familia Bagnato se comunicaba telefónicamente con Matías -el único sobreviviente de aquella masacre en la que Fructuoso Álvarez González quemó vivos a sus padres, sus hermanos, Fernando y Alejandro, y a Nicolás Borda, amigo del más chico- y con la abuela del joven, los hostigaba con frases como “uh se quemaron, están todos muertos” y, tantos años después, en 2010, el horror volvió a sonar del otro lado del teléfono. «Me dijo que yo también estaba muerto, como el resto de mi familia. Desde el 2010 hasta ahora se me acabó la vida nuevamente” dijo el joven, que comenzó una doliente periplo por los tribunales para saber cual era el estado de cumplimiento de la condena del criminal. le contestaron que no se le podía informar…para la ley él -que había perdido a todos los suyos y salvado su vida casi de casualidad- no era parte de la causa.

Luego se enteraría que un juez le había ortorgado a Álvarez González la libertad y el permiso para irse a España a «rehacer su vida», algo que para el criminal se circunscribía en disfrutar amedrentando a su víctima mientras preparaba su único objetivo: terminar la macabra tarea que el azar quiso dejar inconclusa la noche del crimen.

Los casos son incontables; algunos públicos por la notoriedad de los hechos y otros que quedan en silencio por tratarse de delitos sin tanta repercusión en la sociedad. Pero el porcentaje de delincuentes reincidentes, la violencia intramuros de las cárceles, la insostenible liviandad del sistema penal argentino y la cada vez más inocultable relación entre el delito y la política hacen que en la Argentina quienes delinquen tengan más derechos y garantías para continuar ejerciendo su profesión delincuencial que los ciudadanos honestos para vivir dentro de márgenes aceptables de seguridad y decoro.

Los presos cobran un salario que supera el haber de un jubilado y a fines de 2018 pasado recibieron un bono del estado de $ 4.000 que le fue negado a la clase pasiva.

Los permisos de salida laboral o familiar y el acortamiento de penas hasta niveles ridículos hacen que todos tengamos la misma sensación: la impunidad es entre nosotros una forma de vida que ha llegado para quedarse y que va a plantear falsas opciones de vida para las generaciones que vienen. ¿De qué vale ser honesto en un país que solo parece despreocuparse por los que violan la ley?.

Probar un delito de corrupción es casi imposible, una violación somete a nuevos vejámenes a la víctima mientras los victimarios suelen beneficiarse de las chicanas legales que han logrado que derecho y justicia no sean lo mismo en nuestra patria. Ni que decir de los femicidios, que tienen en nuestros estrados una norma no escrita que lleva a investigar bajo el siniestro pre concepto del «algo habrá hecho para que él se ponga así».

¿Será por eso que el atajo es hoy la ruta preferida de los argentinos?.

El estado de derecho se ha convertido de a poco -aunque más aceleradamente en las últimas tres décadas- en una verdadera burla al sentido común y a las reglas de convivencia. Y si bien es cierto que las penas deben ser para la reinserción de los reos en la sociedad, no lo es menos que deben ser eso: penas. No meros descansos en la vocación por violar las leyes.

Sea por lo que fuese, una de las tareas que debemos imponernos -e imponer a nuestros gobernantes- en la construcción del tiempo post coronavirus puede sintetizarse así: déjense de joder con los delincuentes y comiencen a prestar atención a los honestos.

Tal vez así podamos construir un país diferente…

Por Adrián Freijo

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Opinión

El básquetbol necesita volver

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La Asociación de Prensa de Básquetbol de Argentina (APREBA) quiere expresar su apoyo al regreso de la actividad de nuestro deporte. Como es de público conocimiento, los torneos oficiales están paralizados desde el mes de marzo, con el consiguiente perjuicio para las instituciones y trabajadores involucrados en ellos (deportistas, entrenadores, árbitros, periodistas, preparadores físicos, kinesiólogos, etc).

Desde nuestra entidad entendimos desde el inicio de la pandemia la necesidad de detener la actividad en función de preservar la salud de todos los involucrados en ella y de la población en general. Entendemos también que con la inminente llegada de la primavera y con los antecedentes de experiencias exitosas en otras partes del mundo, están dadas las condiciones para pensar en el regreso.

Sabemos que la actual situación sanitaria exige una planificación extraordinaria, y por eso apoyamos la iniciativa de la Confederación Argentina de Básquetbol y la Asociación de Clubes, de reiniciar la competencia con un sistema de burbujas, similar al que permitió el regreso a la actividad del automovilismo, en el que los equipos de diferentes puntos del país se concentren en una sede, evitando viajes, sin contacto con la comunidad en general y cumpliendo con los protocolos correspondientes.

Así como los deportistas olímpicos han regresado hace un tiempo a los entrenamientos, entendemos que el básquetbol debe volver a transitar por ese camino. Nuestro deporte es el actual subcampeón del mundo, va a representar a nuestro país en Tokio 2021 y conforma una actividad económica que no recibe ingresos desde hace seis meses, por lo que muchos de los trabajadores involucrados se encuentran en una situación muy preocupante.

El básquetbol necesita volver. Confiamos en que las autoridades lo entiendan de la misma manera.

Sábado 19 de septiembre de 2020

La Comisión Directiva de APREBA

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Opinión

Gollan y la costumbre de ver la astilla en el ojo ajeno

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Se ha vuelto un clásico del gobierno bonaerense: ante la ineficacia propia escapa hacia adelante tratando de castigar a los ajenos. Eso si, deben ser de otro color político o no vale.

Daniel Gollán, el ministro de Salud bonaerense, volvió a emprenderla -esta vez con nombre y apellido y no con insinuaciones- contra el intendente Guillermo Montenegro y su política de impulsar la reapertura de actividades en el contexto de restricciones por la pandemia.

El funcionario se manifestó en contra de abrir actividades en lugares cerrados y sostuvo que «hay un decreto» que debe cumplirse.
«Hay algunos intendentes que ceden a presiones más rápido, pongo el ejemplo de General Pueyrredón, con Mar del Plata que está complicada», aseguró. Aunque vaticinó irónicamente que si se logra “controlar la circulación ahora, es una buena propaganda para el verano».

Pareciera que Gollán imita a la perfección la estrategia de su jefe desde el inicio de la pandemia: Kicillof se caracterizó por utilizar como único argumento del crecimiento imparable de los contagios en su distrito la comparación constante con lo que ocurría en la vecina CABA. Y cuando esa comparación ya no fue suficiente para evitar el deterioro de su imagen de gestión, que cayó sin freno durante este tiempo, presionó sobre el presidente para entorpecer todos los intentos de apertura de Rodríguez Larreta.

Disimular los propios errores tratando de exagerar los ajenos suele ser una expresión de impotencia. Claro que cuando la estrategia es selectiva -solo se trata de criticar a quienes responden a otro color político- se acerca más a la miserabilidad que a cualquier otra condición humana.

De cualquier forma, y para tranquilidad de los marplatenses y batanenses, el ministro no se ha caracterizado hasta el momento por el acierto de sus predicciones; lo que significa que de seguir su propia lógica estaremos lejos del colapso que hoy vaticina.

Pero más allá de ello, que dependerá en mucho del grado de responsabilidad de cada vecino de General Pueyrredón, tendremos que poner mucha atención en cada palabra y cada dato que llegue desde el gobierno provincial: amantes de ver la paja en el ojo ajeno e ignorar la viga en el propio, sus integrantes siguen creyendo que descalificar al adversario es calificar lo propio.

Y está visto que no es así…

POR ADRIAN FREIJO

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Opinión

El impuesto a la riqueza es confiscatorio, ahuyenta inversiones y se trata de la idea menos oportuna de la historia

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El capital privado es el único vehículo válido para la generación de riqueza; gravarlo de esta manera lesionará esa capacidad cuando más se la necesita

Carlos Heller y Maximo Kirchner, los impulsores del impuesto

El nuevo aporte extraordinario que se está discutiendo en la Cámara de Diputados tiene una serie de preceptos que desde su génesis representan una expresión de deseos profundamente ideologizada que no respeta los principios básicos de la tributación y que atentan contra la hasta ahora pacífica doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de legalidad, confiscatoriedad y capacidad contributiva. Es un atropello al derecho inalienable de la propiedad privada que se da, además, en un contexto de retracción de la inversión privada en el país y de avance del sector público.

Se está creando un impuesto de manera retroactiva, gravando un patrimonio al 31/12/2019, cuando no había ley, por lo tanto, no hay hecho imponible alguno

Propiedad Privada

Resulta importante recordar que el derecho a la propiedad privada está consagrado en nuestra Constitución a lo largo de su articulado. Es la manifestación básica del estado de derecho y, por esa razón, todo el sistema jurídico argentino se asienta sobre este precepto de las democracias modernas. A partir de él se construye la idea de justicia y equidad y se estructuran atributos de la sociedad que no pueden ser desconocidos bajo ningún punto de vista, ni bajo ninguna excusa. Y mucho menos desde el propio Estado.

Principio de legalidad

El principio de legalidad es el que permite no tener impuestos sin ley. Es tan básico que lleva siglos poniendo límites al Estado para que ningún “monarca” pueda excederse en su pretensión en desmedro su pueblo.

Se trata de una expresión de deseos profundamente ideologizada que no respeta los principios básicos de la tributación

Esta definición tan simple no parece haber sido tenida en cuenta en la discusión del llamado impuesto a la riqueza. Se está creando un impuesto de manera retroactiva y gravando un patrimonio al 31/12/2019, cuando no había ley. O sea, no hay hecho imponible.

Esto ya ha sido recogido por la doctrina que ha ratificado un principio básico de la Carta de Juan sin Tierra del año 1215. Sí, del año 1215. Han existido grandes tragedias en la historia desde aquel momento como para que esta pandemia nos haga desconocer nuestro sistema de derechos. Hacerlo parece una perspectiva utópica, desubicada, simplista y poco inteligente.

No confiscatoriedad

El pretendido impuesto a la riqueza recae sobre el mismo sujeto, en el mismo lugar y al mismo momento que el Impuesto sobre los Bienes Personales. Por eso, podrán ponerle el nombre más creativo e inspirado que quieran nuestros diputados, pero lamentablemente se trata del mismo tributo. Claro, potenciado y en contra de los propios contribuyentes.

Bajo esa definición se puede aplicar la defensa de la no confiscatoriedad como un límite totalmente objetivo y determinable. Sin esos límites al Estado se está violando el derecho sustancial a la propiedad, llevándonos sin escalas a pensar en el reino del revés de Maria Elena Walsh. Sin eufemismos, literal.

Este proyecto que se está debatiendo, y que se va a aprobar, es un atropello a las garantías constitucionales, está profundamente ideologizado y cuyas consecuencias serán la judicialización, y un repelente de la inversión privada

En varios fallos –como “Harilaos de Olmos, Adelia”, 31/10/45–, la Corte consideró configurada la confiscatoriedad (en el caso de impuestos patrimoniales) cuando absorbe una parte sustancial de las utilidades producidas por el bien gravado (inmueble en el caso), así como aquellas que constituyen al rendimiento normal medio de una correcta explotación del mismo.

Capacidad Contributiva

La capacidad contributiva es aquella manifestación legal que determina que “si no existe no hay impuesto”.

Partir de la capacidad contributiva es lo que permite que se pueda magnificar la capacidad de pago de los ciudadanos. El Estado puede pretender un impuesto del 100% sobre un determinado bien, pero si ese bien no existe, lo recaudado será cero.

Esta definición ha sido consagrada en nuestro país a partir de la doctrina. No surge de la literalidad de un artículo específico de la Carta Magna, pero sí de su hermenéutica. Es un pilar básico del Estado de Derecho.

La falta de un discurso consistente hacia el futuro económico del país hace que sea prácticamente imposible saber cómo se va a afectar la recaudación directa de este impuesto en desmedro de la recaudación futura

En este proyecto de impuesto a la riqueza se pretende alcanzar una capacidad contributiva que ya no existe, dado que la fotografía que se le sacará al patrimonio de los contribuyentes es al 31 de diciembre del año pasado. En la causa “Navarro Viola” (19/12/1989) la Corte así lo entendió. Ese caso trata del impuesto a los activos financieros sancionado en junio de 1982, que gravaba los activos financieros de propiedad de personas físicas al 31/12/1981. La demandante había donado los activos en abril de 1982. La Corte consideró que no tenía la capacidad contributiva requerida por el impuesto.

Este proyecto que se está debatiendo, y que se va a aprobar, es un atropello a las garantías constitucionales, está profundamente ideologizado. Sus consecuencias serán la judicialización y un repelente de la inversión privada.

Por su parte, incorporar sujetos no residentes que poseen inversiones en el país, como se pretende, lesiona la capacidad de inversión de esos recursos en el flujo de los negocios, pues de ninguna manera se descontarán de la fortuna del accionista. El impuesto saldrá de la caja de un negocio que debería invertir en lo que hace, no en el Estado.

Asimismo, la falta de un discurso consistente hacia el futuro económico del país hace que sea prácticamente imposible saber cómo se va a afectar la recaudación directa de este impuesto en desmedro de la recaudación futura. El capital privado es el único vehículo válido para la generación de riqueza; gravarlo con un impuesto de estas características lesionará esa capacidad en el momento en el que más la necesitamos.

Por último, vale aclarar que toda la dirigencia política, incluso la oposición, presentó un proyecto para gravar a estos patrimonios sin proponer ninguna alternativa que realmente facilite la creación de empleo y aliviane el peso del Estado en esta raquítica y agonizante economía.

Estoy en contra de este impuesto. Y no por defender a los ricos, si no porque pienso todos los demás argentinos.

El autor es fundador de Sasovsky & Asociados

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