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¿YA NO ES LO QUE ERA? LA DECADENCIA DEL TERROR

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Cuando vamos al cine a ver una película de horror, nos encontramos expectantes ante las escenas que van a presentarnos. Todos deseamos sumergirnos en la historia, sus escenarios y esperar esa tensión y susto que nos lleva a dar un salto en nuestro asiento, pero tras dos horas, al salir de la sala, la sensación es decepcionante y deja un sabor amargo.
Es innegable que hacer cine de terror se trata de un reto, sin embargo, en este último tiempo pareciera que nos encontráramos ante una industria agonizante.

¿Estamos ante una crisis creativa?

Hace un tiempo atrás, las películas de terror estaban compuestas de tramas bien armadas, instrumentación estudiada, música con tintes de suspenso, que en conjunto creaban esa sensación de miedo y escalofrío.

Claros ejemplos los encontramos en clásicos como “The Shining”, “Psycho” o “The Exorcist”, filmes que a pesar del paso de los años, son siempre disfrutables y casi “obligatorios” para los amantes del cine.

Fotograma de la película “El resplandor” (“The Shining” 1980)

En la actualidad difícilmente encontraremos estos matices, y pareciera que lo único que podemos hallar son largometrajes que entienden el susto como un aumento dramático del sonido, secuencias cargadas de clichés,
jumpscares, situaciones forzadas, guiones torpes, un constante abuso del erotismo y personajes planos, poco desarrollados, con los cuales no llegamos nunca a empatizar.

Si bien el paso de los años nos ha aportado una gran mejora de efectos especiales y calidad fotográfica, somos testigos de la escasez de ideas, en donde una y otra vez se emplean las mismas fórmulas por el simple hecho
de que funcionan.

Posesiones demoníacas, objetos malditos, slasher, falsos documentales, son algunas de las temáticas que más se utilizan y se han vuelto tan repetitivas al punto de que lo único que nos aportan son tramas simples y
naturalmente previsibles.

Tampoco hay que olvidarnos de la “moda” de estos últimos años: los remakes, el intento forzado de revivir antiguas franquicias y volver a ideas ya utilizadas, las cuales prometen algo “fresco” y “nuevo” y que terminan
por no ofrecer nada.

Fotograma de la película “El muñeco diabólico” (“Child's Play” 2019)

Poco es el material que se aleja de estas fórmulas que se cuelgan de lo básico, y si bien hay veces en las que los resultados son medianamente positivos, la realidad es que mayoritariamente no trasciende y no termina
de romper esquemas.

Este género se ha convertido en algo que intenta “vender por vender”, sin búsquedas de creatividad u originalidad, presentando precuelas y secuelas cuyo único interés es ampliar cada elemento del filme original, para alargar de manera innecesaria su historia.

Fotograma de la película “La maldición de la llorona” (“The Curse of La Llorona” 2019)

Lejos de hacer arte, el cine de terror se prostituye. Carece de ideas nuevas y busca el “susto fácil”.
¿Cuándo comenzaremos a ver una nueva etapa que se aleje de las estructuras básicas e insípidas?

Es hora de que se regenere, que se aleje de esta constante repetición y comience a implementar ideas complejas; un terror psicológico que, bien realizado, es mucho más perturbador que cualquier payaso asesino o casa
embrujada.

Evelin A. Cepeda

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Opinión

Nueva ley de alquileres : Análisis sobre las modificaciones al actual régimen

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La actualización del precio en base a un porcentaje variable, beneficia o perjudica al inquilino?.

El 11 de Junio 2020, se sanciono en el Senado la nueva Ley de Alquileres.

Para los ansiosos, les anticipo que todavía no fue publicada en el boletín oficial y una vez que eso suceda, restará su reglamentación por el Poder Ejecutivo, lo que nos brinda unas semanas para entender cómo será su aplicación y sus efectos sobre el mercado inmobiliario.

Las principales modificaciones al actual régimen,  son las siguientes:

– El plazo mínimo del contrato se amplía de dos a tres años, con las excepciones del artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación.

– El mes anticipado y el depósito de garantía no pueden ser mayores al equivalente a un mes de alquiler, respectivamente.

– Las expensas ordinarias quedan a cargo del inquilino y las extraordinarias debe pagarlas el propietario.

– En cuanto a la garantía, el inquilino debe proponer al menos dos alternativas entre título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza o garantía personal del locatario (recibo de sueldo, certificado de ingresos).

– En la fijación del valor de los alquileres solo se admiten ajustes anuales, que deben seguir un índice conformado en partes iguales por el IPC (índice de precios al consumidor) y el RIPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables).

– Se impone la obligación de registrar el contrato en AFIP.

Entonces

En una primera aproximación, el aumento del plazo mínimo de locación a 3 años y la limitación en el poder de negociación sobre las actualizaciones anuales del canon locativo, en principio podría entenderse como una interferencia en el derecho de propiedad del locador, en franca violación del art 17º CN.

Más allá de eso, lo cual exigirá un análisis jurídico más extenso que excede a este primer intento, intentare demostrar porqué, a mi juicio, quienes se verán perjudicados con estas modificaciones serán, principalmente, los inquilinos.

-) En primer término, el cálculo de los aumentos anuales, se realiza sobre los indicadores del año anterior (sería imposible calcular sobre el del año en curso toda vez que dichos índices se publican a mes vencido y  el total anual recién se publica en los primeros meses del año próximo).

Entonces, a modo de ejemplo, sabiendo que el IPC 2019 fue de 53,8% y el RIPTE 2019 de 39,6%, (conforme lo informan en las páginas web de dominio público) en coeficiente de actualización para un contrato cuyo segundo año hubiese iniciado a principios del año 2020 sería de un 46,7%.

Sabiendo que es (o era) de práctica que las actualizaciones se pactaban en un 30% anual se entiende claramente que el perjuicio recae en el inquilino.

Para que se entienda, un contrato suscripto en Febrero 2019 con un canon mensual  de $ 10.000 pesos, con la vieja fórmula, se actualizaba en Febrero 2020 a $ 13.000, mientras que con la  nueva ley el aumento será de $ 14. 670.-

Sin perjuicio de que, como todos sabemos, muchos alquilan la misma propiedad a un mismo propietario durante un largo periodo, ya sin contrato y con aumentos irrisorios, pues la mayoría de los dueños privilegian inquilinos cumplidores y cuidadosos, antes que intimaciones y desalojos.

Esta realidad se verá alterada, toda vez que la ley, de orden público, impone un actualización determinada.

En segundo lugar, al ser una ley nacional que se aplica en todo el país, sus presupuestos son de aplicación obligatoria en todas las jurisdicciones.

En lugares donde no era de práctica que el inquilino abone las expensas ordinarias (como por ej en Mar del Plata) ahora se impone que cargue con dichos gastos, que bien sabemos que representan un gasto altísimo y variable (con tendencia siempre a aumentar)

En tercer lugar, al estipularse que los contratos deban ser registrados en AFIP, los gastos que esto genere, serán obviamente absorbidos por los inquilinos en el precio del alquiler.

Como bien sabemos, estas nuevas regulaciones harán que muchos propietarios decidan momentáneamente no alquilar sus inmuebles, lo que, obviamente, producirá una menor oferta y en consiguiente aumento en el precio de los que si se ofrezcan en alquiler.

Por ultimo, tampoco debemos pecar de ingenuos y dejar de considerar que hoy, la medición del IPC y el RIPTE están en manos de quienes, no hace mucho, nos aseguraban que teníamos menos pobres que Alemania.

Claramente esta falta de certeza y la incertidumbre que causa en ambas partes (inquilino-propietario) respecto de un elemento esencial del contrato, como es su precio, generara, a mi juicio, enormes dificultades en el ambiente inmobiliario.

Nuevamente quedara demostrado que, sin perjuicio de las buenas intenciones que tenga, cuando el Estado interviene en un mercado privado, solo genera perjuicios.

 

Ezequiel A. Perazzo

Abogado Tº 15 F 356º

CAMDP

 

foto tapa : minuto fueguino

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Opinión

¿ALGUNA VEZ HABRÁ UN BARACK ARGENTINO?

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El ex presidente y su esposa, como la mayoría de sus antecesores, multiplicaron su fortuna con la venta de sus libros y sus conferencias. El prestigio que multiplica los panes frente al dinero mal habido que se quedan los abogados.

Según una estimación de GoBankingRates, Barack Obama tiene hoy un patrimonio de U$S 40 millones, muy lejos de los 1,3 millones que declaró cuando alcanzó la presidencia. La mitad de esa fortuna la hizo durante los ocho años que ocupó el cargo de presidente, con ayuda de su esposa Michelle, y el resto lo han conseguido ya fuera del cargo y gracias a la habilidad que tiene el matrimonio para gustar y conquistar. Y por el prestigio adquirido en los tiempos en los que era el hombre más poderosos de la tierra y sus decisiones afectaban a todo el planeta.

Obama cobra una pensión como ex presidente de 210.000 dólares anuales, pero este ingreso es el menor de sus ingresos si se tiene en cuenta que por cada una de sus intervenciones como conferenciante recibe alrededor de U$S 400.000.

Como escritor también percibe regalías propias de un best seller. Según Forbes, de 2005 a 2016 recibió 15,6 millones de dólares en anticipos y derechos de autor por La audacia de la esperanza A ti te canto: una carta a mis hijas, y también por Sueños de mi padre, su primer libro de memorias.

Su esposa Michelle ha conseguido generar también ingresos millonarios. «Mi historia», autobiografía que lanzó en noviembre de 2018, se ha convertido en el libro de memorias más vendido de la historia. ¿La razón?…la misma, el prestigio logrado durante su estadía en la Casa Blanca, su don de gentes y su respeto por los demás.

Algo similar ocurrió con el ex presidente James Carter y con el propio Bill Clinton quien, pese a los escándalos de faldas que rodearon su último período en el gobierno, se retiró con una dosis de prestigio y apoyo de sus conciudadanos que lo convirtieron en figura central de las elecciones que ganó justamente Obama.

Mientras Carter ocupó los últimos años de su vida como enviado en misiones de paz de su país a los lugares más lejanos de la tierra, Clinton cobra hoy un cachet de U$S 250.000 por cada conferencia que da dentro o fuera de los EEUU.

Pero no son los únicos casos. Felipe González, ex presidente de gobierno de España, es hoy un activo consultor político en toda América Latina y Europa así como Michelle Bachelet recorre el mundo bregando por las libertades públicas desde su cargo de Alto Comisionado de la ONU.

Y hay más, muchos más, de todas las nacionalidades…menos argentinos.

Mientras muchos de estos hombres y mujeres ven multiplicarse los panes cuando dejan el poder y ello ocurre por el respeto que sus nombres despiertan, los ex presidentes argentinos -con alguna honrosa excepción- deben utilizar mucho de sus fortunas para pagar abogados que eviten que vayan a parar con sus huesos a la cárcel. Aunque rara vez logran que el desprestigio caiga sobre sus espaldas para todo el resto de sus vidas.

¿Corrupción o salvajismo político?, ¿repudio popular o venganza?…vaya uno a saber. Pero lo que es cierto es que este debe ser el único país del mundo en el que sus dirigentes se consuelan diciendo aquello de que «el que se mete en política sabe que echa su honra a los perros». Un disparate conceptual que no por repetido deja de sonar a pretexto.

Tenemos derecho los argentinos a soñar con que algún día nuestros ex presidentes sean reconocidos por el mundo y por nosotros mismos como personas prestigiosas, dignas de ser escuchadas y siempre dispuestos a poner su experiencia al servicio del estado y de la patria.

Y vaya si nos alegraremos si esos valores les son útiles para vivir con dignidad, ganar dinero bien habido y ser merecedores del honor -raro aquí y común en otros lados- de que sus compatriotas quieran escucharlos o leerlos con verdadero interés.

Y no leer sus nombres en las páginas policiales…

LIBRE EXPRESION

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Carlos Rívolo: “La decisión de reformar la Justicia fue política e inconsulta”

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El presidente de la Asociación de Fiscales nacionales lamentó que Alberto Fernández no haya elaborado el proyecto en base a “un gran acuerdo nacional” que incluya a todos los sectores

El fiscal Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales nacionales, aseguró que el país no atraviesa “el mejor momento” para implementar una reforma de la Justicia como la que impulsa el gobierno nacional y también lamentó que el oficialismo no haya aprovechado la oportunidad para avanzar en base a “un gran acuerdo” con todos los sectores.

Si bien Rívolo reconoció que la Justicia necesita algunas reformas, explicó “la creación de 94 juzgados en el interior del país, de 84 fiscalías federales, más otras 23 en el interior, más los defensores oficiales, más el tema edilicio” representan un importante gasto que el gobierno actual no está en condiciones de hacer en el marco del grave déficit fiscal -empeorado aún más por la pandemia- y de la renegociación de la deuda externa.

“A todas esas personas por lo menos hay que instalarles una computadora e ingresarlos en el sistema general que hoy por hoy ya tiene falencias. No pareciera ser lo mejor”, reflexionó durante una entrevista con el programa de Carlos Eguía, por Radio Cultura.

Según Rívolo, la decisión de Alberto Fernández fue “política” e “inconsulta”. En ese sentido, lamentó que el Presidente no haya aprovechado la oportunidad para hacer “un gran acuerdo nacional” con todo los sectores políticos y también escuchando a quienes están “detrás de los escritorios” del Poder Judicial.

“Salvo el doctor Raúl Alfonsín, cada uno de los gobiernos llegó con su plan de reforma de la Justicia bajo el brazo”, dijo.

Sobre ese tema, opinó que la principal falencia de todo el sistema, principalmente en el fuero federal, es la politización de los jueces y consideró que puede solucionarse a través de la reforma de algunas instituciones clave, como por ejemplo el Consejo de la Magistratura.

Por otro lado, consideró que la reforma más importante es la implementación plena del sistema acusatorio -funciona desde hace un año en Salta y Jujuy- que permitirá a los fiscales conducir la investigación y encargarse de la recolección de pruebas, mientras que los jueces sólo deberán concentrarse en garantizar el debido proceso y en juzgar en base a las evidencias. “Es el sistema ideal, es el más transparente”, dijo Rivolo.

A su vez, criticó la intención de flexibilizar la posibilidad del recurso extraordinario ante la Corte Suprema no solo por sus implicancias políticas actuales sino por los problemas que traería aparejado para el funcionamiento del máximo tribunal.

“Si se elastiza el recurso extraordinario, obviamente las peticiones que ha hecho la presidenta Cristina Kirchner tendrían una acogida positiva en cuanto a su aceptación. Pero eso también abre la posibilidad a muchos otros reclamos. Entonces la Corte se transforma en un almacén de ramos generales”, sintetizó.

(Nicolás Aboaf)(Nicolás Aboaf)

Además, señaló que actualmente el Poder Ejecutivo es quien más apelaciones presenta ante la Corte en relación a los casos de ajustes jubilatorios.

En cuanto a la Comisión de Asesores que se pronunciará sobre la ampliación del máximo tribunal, Rívolo aseguró que el abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, “no debería estar”.

Una de las principales novedades del proyecto que impulsa el gobierno nacional es la creación de un nuevo fuero federal para la ciudad de Buenos Aires. Se trata de los tribunales que investigan las causas de corrupción del poder político y económico y de los funcionarios públicos. Pero también el crimen organizado como los casos de narcotráfico, secuestros, trata de personas. Ese fuero –los tribunales de Comodoro Py– tiene 12 juzgados de primera instancia. El proyecto los unifica con los 11 juzgados del fuero penal económico, que también es federal y se encarga de las causas por contrabando y delitos tributarios y aduaneros.

Con esa fusión los juzgados son 23 pero se transformarán en 46 porque cada uno tiene dos secretarías que pasarán a ser juzgados. El objetivo es licuar el poder de los históricos 12 jueces federales que en muchos casos se manejan políticamente.

INFOBAE

 

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